Salvador Rodríguez López

Saber aprovechar las circunstancias y utilizar leyes o puntos de vista laxos, y sobre todo actuar con desparpajo, es una picardía que se adquiere con el tiempo, por lo que quien procede de esa manera obtiene dividendos que a muy pocos mortales les está concedido.
De los que han logrado entrar a ese círculo son los diputados y diputadas locales que se preparan para dar el salto sin saltar. En efecto, mientras que en el Congreso de la Unión diputados y senadores buscan pasar de una cámara a la otra, en Aguascalientes no sólo pretenden ser reelectos sino que pueden ser candidatos y hacer campaña, sin necesidad de solicitar licencia.
Naturalmente que no es una actitud nueva, ya que en el pasado se han dado casos de quienes van por otro puesto de elección popular y al mismo tiempo conservan el que tienen, por lo que en términos reales no debería echarles en cara que pretenden hacer lo mismo, sólo que entonces como ahora la censura que reciben es que por asepsia política convendría dejar el cargo que ocupan, ya que no es posible que cobren por algo que no van a desempeñar correctamente.
Aunque las actividades son análogas, en la práctica es mucho el tiempo que ocupan las tareas de proselitismo, por lo que el aspirante a la reelección va a arrinconar sus obligaciones parlamentarias o las cumplirá de manera parcial o apresuradamente, y habrá momentos en que el empalme de horarios lo obligará a faltar a las sesiones.
Son situaciones que ya se han vivido, por lo que ninguno de los que están en esa tesitura podrá comprometerse a que no sucederá. Durante varios meses se observará esa dicotomía de intereses y aún cuando mediante un juicio lo logren, lo más conveniente es que el suplente entrara en funciones, al fin que de cualquier manera, sin importar el resultado electoral, recuperaría la curul en el mes de julio.
Aunque el Código Electoral del Estado establece que quienes pretendan ir por la reelección deben dejar la curul para ser aspirante, los diputados Sergio Augusto López Ramírez y Silvia Alanis, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Alejandro Mendoza Villalobos, de Morena, recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Sala Regional Monterrey, en demanda de la protección de los derechos políticos del ciudadano, que resolvió a su favor, por lo que pueden ejercer ambas facultades.
En el juicio también se revocó la agenda electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE) y se dio marcha atrás a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado, lo que marca una proporción distinta a lo expresado por las leyes locales y a los puntos de vista de los magistrados del TEE.
Según el TEPJF los servidores públicos que buscan la reelección no tienen la obligación de separarse del cargo en el plazo establecido de 90 días previos a la jornada electoral, por lo que el fallo incluyó la orden al Instituto Electoral para que formule un nuevo acuerdo en la que precise que la fecha límite para separarse del cargo no aplica a quienes tienen intenciones de reelegirse, en este caso para diputados y diputadas de Aguascalientes.
De igual manera se revocó la sentencia del Tribunal local, al considerarse que existe un interés legítimo de los actores para impugnar el acuerdo del IEE, lo que entre paréntesis es el primer revés que recibe el recién estrenado Tribunal.
En lo que se refiere a Armando Quezada Chávez, se le ordenó al IEE determinar si en su calidad de profesor de educación normal pública tiene la calidad de servidor público o no, que de ser así tendrá que separarse de su puesto 90 días antes de las elecciones, en caso contrario podrá continuar dando clases y al mismo tiempo ser candidato a un cargo de elección popular.
Los dictámenes del TEPJF dan pauta para que diputados y diputadas que no promovieron el juicio y que también van por la revalidación sigan en su lugar sin necesidad de ir a un juicio, por lo que será importante saber cómo van a dividir su tiempo y ante todo si cumplirán con eficiencia las tareas parlamentarias, que a final de cuentas es lo que más interesa, puesto que sus dietas (salario) y otras percepciones que reciben se pagan de los impuestos que aportan los aguascalentenses.

PASO OBLIGADO
Ha sido lenta la respuesta del Consejo Consultivo del Transporte del Estado de Aguascalientes, pero finalmente empezó a liberar las concesiones de taxi que extendió la pasada administración, y si no lo hizo antes fue bajo el supuesto de que era necesario analizar caso por caso y comprobar que todo esté en orden.
Una costumbre que data de varios sexenios es que este tipo de autorizaciones son analizadas “con lupa”, al conjeturarse que es un medio para beneficiar a personas allegadas al gobernante en turno o para el pago de favores, lo que lleva a que el aval se retrase por meses.
La realidad es que extender las concesiones es una facultad que otorga la ley al mandatario y aún cuando lo haga en el último minuto de su gestión es un acto legal, por lo que aplazar la anuencia tiene como único fin fastidiar a quienes han sido favorecidos, teniendo en cuenta que al ex gobernador no le afecta lo que suceda después de que entregó el poder.
De los más de 400 títulos resueltos a finales de la administración pasada, se han liberado alrededor de 48, porque a decir del secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Armando Roque, hay choferes que recibieron esta oportunidad, pero su desempeño laboral no ha sido constante ya que dejaron un lapso sin trabajar en la misma actividad, por lo que se ha tenido que considerar estos y otros factores, no obstante, son evaluaciones unilaterales toda vez que la ley – en este caso el Código Urbano – no señala que los nuevos concesionarios tienen que ser taxistas y quienes sí lo son que deban estar atrás del volante durante toda su vida laboral para acceder a ese privilegio.
La legitimidad de la concesión está en la firma del gobernador que la confirió, así, sin lucubraciones ni vaguedades es como tendría que resolverse una cuestión de esta naturaleza, pero por razones políticas se alarga la autorización para empezar a usufructuar el servicio.
Esa meticulosidad con que se actúa no es la misma en el caso de los Uber, los cuales trabajan sin problema alguno y de la atención por aplicación han pasado al ruleteo. La autoridad desconoce cuántos automóviles están bajo esas siglas y al no estar regulado no hay control sobre su operación.
Mientras que a los taxistas les exigen una serie de requisitos para poder trabajar y por cualquier motivo los multan, los de Uber no son molestados, pese a la violación manifiesta a la ley, puesto que dar el servicio de taxi sólo lo pueden hacer quienes se ajustan al Código Urbano y a la Ley de Vialidad del Estado. Hay trabajadores del volante que tienen 20, 25, 30 o más años en espera de ser favorecidos con una concesión, en cambio a los de Uber les bastó con afiliarse a la empresa estadounidense – propietaria de la franquicia – para estar en las calles y ni quien se meta con ellos o con sus choferes.
Sin duda en el Consejo Consultivo del Trasporte Público tienen dos varas para medir.

ENA DA EL EJEMPLO
La Escuela Normal de Aguascalientes (ENA) hace gestiones para que dentro de sus instalaciones se tenga un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), lo cual permitirá que las alumnas con niños puedan continuar sus estudios. La directora Teresa de Jesús Ramírez Gómez dio a conocer que el trámite lo inició la anterior titular de la Normal, Georgina Sandoval Romo, por lo que ella ha seguido en pláticas con el DIF Estatal en espera que dentro de su presupuesto contemple este servicio. Actualmente hay cerca de 20 jóvenes que están en esa situación, por lo que es posible que se acepte la solicitud. Es sin lugar a dudas un ejemplo a seguir en otras instituciones educativas, en donde persiste la costumbre de que la alumna que resulte embarazada deje de estudiar, cuando debería de buscarse opciones que le permitan seguir su preparación académica.

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