Salvador Rodríguez López

La propuesta que presentó el senador aguascalentense José de Jesús Santana García para que las empresas de servicio de transporte privado Uber, Cabify, Laudrive, Easy, Urban, Bussi, Yasi y City Drive y las demás que ofrezcan una atención análoga, sean corresponsables de los daños o reclamos de los usuarios, ha encontrado una férrea negativa de las compañías, por considerar que es un sistema de intermediarios entre los conductores y los pasajeros.
Se pretende modificar la Ley Federal del Protección al Consumidor para que también exista incumbencia legal de las firmas en los problemas que tengan que ver con el servicio que aportan los choferes, además la obligación de hacer público sus padrones y datos de socios conductores.
Santana García expuso la iniciativa ante el pleno del Senado el 24 de octubre de 2017 y cuyo dictamen ya fue aprobado en la Cámara de Diputados el 15 de marzo, por lo que sólo falta que los senadores también den su aval para que se haga la promulgación respectiva. Se encamina para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tenga atribuciones que permita garantizar que el servicio de las plataformas digitales sea con seguridad, calidad, comodidad y protección de los usuarios.
Lo anterior surgió luego de los cuatro asesinatos de usuarias, violación sexual, así como el robo de recursos a través de tarjetas de crédito de un pasajero, delitos que se cometieron en diversas ciudades del país, de lo que según cita el promoverte en la exposición de motivos, “las empresas operadoras de las plataformas incluso obstruyeron la defensa de las víctimas y sus representantes ante la ley”.
Por lo anterior planteó crear el artículo 76 de la Ley Federal del Consumidor, para que el servicio de estas plataformas se brinde bajo la responsabilidad de las empresas, las cuales deberán registrar sus contratos al público, y el prestador del servicio deberá ser evaluado, aprobado y registrado, con lo que “la seguridad de los usuarios, conductores, y de la comunidad en general, será prioridad en la prestación de este servicio, salvaguardando así derechos relacionados con la vida, integridad y patrimonio de las personas”.
Para cumplir con lo descrito, el senador Santana explica en el escrito que la Profeco debe integrar un registro de las empresas con los datos del acta constitutiva, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico del representante legal, Registro Federal de Causantes, así como información relacionada con el funcionamiento de la plataforma, al mismo tiempo que los prestadores del servicio deberán actualizar sus datos ante la Profeco cada bimestre, con la información del nombre completo, dirección, comprobante de domicilio, número telefónico y correo electrónico de contacto, copia de identificación oficial, así como cartas de no antecedentes penales federal y local.
Por su parte las empresas se oponen a la iniciativa de Santana, al establecer que su sistema de servicio es de intermediarios entre los conductores y los pasajeros, y su responsabilidad es únicamente en la parte tecnológica, no en responder junto con el conductor, por reclamos o daños a los usuarios.
Solicitaron a la Comisión de Estudios Legislativos del Senado que los tome en cuenta para que exista un debate sobre el diseño de políticas públicas para regular este tipo de aplicaciones y que en lugar de que se les considere como responsables solidarios de todo acto que tenga lugar dentro del auto, proponen crear una “lista negra” de conductores que fueron dados de baja de una plataforma por mala conducta o quejas del público.
En el comunicado sostienen que están en contra de que se les exija un registro de vehículos y conductores, al argumentar que no es posible tener un registro al 100% actualizado, en virtud que los choferes no son sus empleados y no están obligados a estar con una plataforma en particular, razón por la cual se les complica tener un listado.
La iniciativa de José de Jesús Santana busca regular ese servicio, mientras que las empresas pretenden que se les deje fuera de toda responsabilidad, por lo que habrá que ver en qué termina este asunto, que en varias partes de la República tiene enfrentados a los taxistas tradicionales con dichas plataformas.

AMASIJO ELECTORAL
Fue tal el celo que pusieron los versados en materia comicial para homologar las elecciones federales y locales, que poco faltó para que se les achicharrara el potaje. Una parte de las campañas están en marcha y de manera paralela se prohibió a las que empiezan después que los nombrados se ostenten como candidatos sino hasta el día fijado, por lo que sólo tienen un período sumamente corto para convencer a los ciudadanos de sus propuestas.
Para alcanzar los fines que se propusieron, se determinó que en la misma fecha de las elecciones federales fuera también de las locales, llegándose a acortar el período gubernamental hasta por cuatro años, es el caso de Veracruz y Puebla, donde los actuales mandatarios sólo estarán dos años y los diputados estatales de Aguascalientes dos años en lugar de tres, aunque en este caso tienen la opción de ir por la reelección.
La cuestión está en el revoltijo de fechas que hay actualmente, ya que mientras los aspirantes presidenciales y a legisladores federales ya concluyeron su primer mes de proselitismo, la de diputados locales arranca hasta el 14 de este mes.
Lo anterior crea confusión entre los ciudadanos, que no entienden porqué no se hace de manera simultánea, además, los que van por una diputación local no pueden mostrarse en esa condición, sino que toda su actividad deben limitarla a ser uno más de la “bola”, toda vez que hay un marcaje muy estricto de unos contra otros para sorprenderlos en un movimiento “ilegal” que les permita exigir la cancelación de su registro
El presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, blandió la espada de Damocles al citar: “La ley es clara y los tiempos marcados en el calendario electoral para las campañas locales que no pueden alterarse bajo ninguna circunstancia, so pena de ser sancionados, incluso con el retiro del respectivo registro”.
En estas condiciones, casi 300 interesados de mayoría relativa y representación proporcional, tanto propietarios como suplentes, de partidos e independientes, deben evitar “caer en la tentación de aprovechar espacios, eventos o encuentros varios para dirigirse a la población en pos de obtener adeptos para su causa”.
Landeros sostuvo que las campañas locales comienzan el 14 de mayo, “ni un día antes”, por lo que deben abstenerse de activar mensajes o disfrazar llamados al voto en lo personal, con lo que según el funcionario, evitará que “se enrarezca el ambiente electoral en que está inmersa la entidad”.
A partir de que fueron elegidos por sus partidos, y los independientes hicieron pública su inclinación para ser pretendientes, públicamente son aceptados como candidatos, pero por cuestiones legalistas tienen que callarlo. Innegablemente que los hacedores de las leyes electorales quisieron ser más papistas que el Papa y lo único que consiguieron fue crear una utopía.

IMPUNIDAD
En forma reiterada se quiere hacer creer que las autoridades actuaron con “sensatez” ante el ataque a las oficinas de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), por lo que luego de los destrozos que se registraron no hubo detenidos y por el contrario se escoltó con patrullas los vehículos en que abandonaron el estado. Esa misma “mesura” no se aplica con los porristas de los equipos de futbol de primera división, que en cuanto arman camorra de inmediato son sometidos y trasladados ante el juez de barandilla. Hubo una serie de violaciones al mandato y por lo mismo no se justifica que en lugar de ponerlos a disposición sirvan de camareros, o que se alegue que todo se suscitó por un “conflicto intergremial”. Ya se vio que hay blandura, por lo que es posible que repitan el numerito.