Víctor Fuentes y Liliana Navarro
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 23-Jun.- La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a la Universidad de Guadalajara para recibir contratos públicos con recursos federales.
Además de la inhabilitación –la primera sanción de este tipo que se impone a una universidad pública– el Órgano Interno de Control en el IMSS aplicó a la UdeG una multa de 373 mil 980 pesos.
El castigo fue impuesto “porque la UdeG proporcionó información falsa en la celebración del contrato 2-12030001-5-42427”, de acuerdo con el reporte de la SFP.
“Dicha inhabilitación subsistirá hasta el día en que la institución educativa infractora realice el pago de la multa, aun y cuando el plazo de inhabilitación haya concluido”, señaló el titular del Área de Responsabilidades del OIC del IMSS, Jorge Peralta.
El contrato fue adjudicado directamente y firmado el 27 de noviembre de 2012 por la entonces coordinadora general Administrativa, Laura Puebla, y el coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, Reynaldo Guerrero.
La UdeG se comprometió a desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10-Consultorio Sustentable en la colonia Las Palmas, en Cabo San Lucas, para lo cual cobraría 5.5 millones de pesos con IVA, debiendo entregar el proyecto al IMSS el 23 de marzo de 2013.
Al respecto, la UdeG sostuvo que el proyecto ejecutivo se realizó y lo entregó satisfactoriamente sin existir daño patrimonial, por lo que solicitará la revisión del caso.
Aunque el rector Tonatiuh Bravo Padilla reconoció que la Inmobiliaria Universitaria Uniterra incurrió en una falta administrativa, al manifestar que tenía la capacidad para llevar a cabo el proyecto, pero al final hubo una subcontratación.