El diputado Sergio Reynoso Talamantes presentó iniciativa de reforma al Código Penal en el sentido de que se sancione de uno a cuatro años de prisión, y multa de 50 mil a 300 mil pesos, a quien lleve a cabo la cobranza extrajudicial ilegal. Y si además utiliza documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumenten la mitad. Dicha iniciativa se adiciona el artículo 136 Bis.
Se entiende por cobranza extrajudicial el uso de la violencia, el hostigamiento y la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda lícita.
Expuso que el Artículo 17 Constitucional, establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales.
De acuerdo al Artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente.
Este artículo también dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.
El legislador advirtió que diversas instituciones han decidido llevar a cabo tales prácticas, a través de representantes o despachos especializados, mismos que aducen a los avales o bases de datos que generaron las propias instituciones a través de contactos de referencias.
Para gestionar los cobros o los adeudos hacen uso de medios ilícitos e ilegítimos e inclusive se recurre al engaño, la violencia, la intimidación, con actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la utilización de documentación falsa.
Únicamente a través de debido proceso legal es que el Estado puede exigir el pago de una deuda a favor del acreedor.
Por tanto, se pronunció por poner un alto a los medios de coacción y de violencia psicológica que utilizan estos despachos de cobranza.

REGISTROS DE NACIMIENTO
Por su parte, la diputada Elsa Landín Olivares, presentó iniciativa de reformas al Código Civil, para que los registros extemporáneos sean sin costo. Destacó que toda persona desde su nacimiento, tiene derecho a contar con nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscrito en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se le expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada de su acta de nacimiento.
Tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos dentro de los 90 días de ocurrido el mismo, y a falta de éstos, pueden ser los ascendientes en línea recta, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que ocurrió.
La expedición de la constancia de inexistencia de registro de nacimiento para el caso de los registros extemporáneos realizados fuera de los términos previstos en Artículo anterior, también será gratuita.
Ayer en sesión de la Diputación Permanente, se dio entrada a las dos propuestas, y fueron remitidas a las comisiones respectivas para su análisis y dictaminación; luego vendrá el aval del Pleno, en su caso.