Por: Octavio Díaz García de León

En días pasados el candidato a la presidencia, López Obrador (AMLO), arremetió contra ciertos empresarios quienes, según él, son una minoría que “tienen confiscadas a las instituciones, tienen secuestrado al gobierno” porque han hecho negocios ilícitos gracias a sus influencias con funcionarios públicos.

Más allá de la posible paranoia del candidato que ve conspiraciones de la “mafia del poder” por todas partes, de que no ha entendido que la democracia es debate de ideas y de su discurso populista, hay que reconocer que tiene razón en parte.

La corrupción es un fenómeno donde intervienen dos actores (que se pueden organizar en redes): un funcionario que se corrompe y un particular, generalmente empresario, que ofrece dinero a cambio de favores. Si bien, no considero que tengan secuestrado al gobierno, lo cierto es que sí hay y siempre ha habido, inclusive en la gestión de AMLO como jefe de gobierno de la CDMX, empresarios que hacen sus negocios a la sombra del poder.

Ejemplos hay muchos. Entre ellos,  el caso que cita AMLO de la compra inexplicable que hizo PEMEX durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, de una planta de fertilizantes en condiciones de chatarra,  la cual costó el doble de los 500 millones de dólares originalmente contemplados y que benefició a sus dueños,  Alonso Ancira (Ya anteriormente perseguido penalmente por la Secretaría de Hacienda por fraude fiscal (https://expansion.mx/negocios/2008/09/17/la-caida-y-el-ascenso-de-alonso-ancira) y Xavier Autrey.

Incluso la Auditoría Superior de la Federación ya pidió que se castigue a los funcionarios de PEMEX que autorizaron esta compra (https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/22/asf-pide-sancion-a-funcionarios-de-pemex-por-comprar-planta-llena-de-chatarra-que-costo-el-doble_a_23368698/).

Otro caso es el de la adquisición de medidores de electricidad por parte de la CFE al Grupo IUSA, del empresario Carlos Peralta, asunto que está siendo investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica. Estas adquisiciones han ocurrido por décadas otorgando a IUSA de manera exclusiva contratos de miles de millones de pesos.

Los casos más frecuentes son los de las constructoras que han sido beneficiadas por contratos del gobierno gracias a sus contactos con funcionarios públicos, a nivel federal, estatal y municipal y donde existe mucha corrupción. (Recordemos el caso de los “moches”).

Existe una larga historia de empresarios que han hecho sus negocios al amparo del poder, seguramente a cambio de favores. AMLO tiene razón cuando dice que hay que acabar con estos malos empresarios que se dedican a saquear al país, junto con sus cómplices los funcionarios públicos.

Pero no solo hay que señalarlos con dedo flamígero, sino realizar investigaciones que permitan comprobar, de haberlos realizado, sus actos ilícitos. Se trata de aplicar investigaciones anticorrupción en un marco de estado de derecho y luego, poner candados eficaces en las contrataciones públicas que eviten la simulación y la adjudicación ilegal de contratos y concesiones en el futuro.

La inmensa mayoría de los cinco millones de empresarios con los que cuenta el país son honestos y luchan a diario por sacar adelante sus sueños. En ese proceso generan riqueza para ellos, para sus proveedores, para sus clientes, para sus trabajadores y para el gobierno a través de los impuestos que pagan. Los empresarios son quienes mueven la economía, no el gobierno. Es peligroso satanizarlos y poner a todos en un mismo saco.

Fue preocupanteque AMLO insultara a AlejandroRamírez, presidente de Cinépolis, solo por no compartir sus ideas. Cinépolis es unade las empresas más grandes del mundo en su ramo y prosperó a base de mucho trabajo desde sus modestos inicios en Morelia con un par de cines. Los seguidores de AMLO, que no alcanzan a distinguir entre empresarios corruptos y empresarios legítimos, pueden pensar que todos los empresarios son malos.

Lo responsable es perseguir a los empresarios corruptores con la Ley en la mano y no con acusaciones públicas que solo alimentan el enojo de la sociedad. Lo que ya no queda claro es si AMLO intentará ir más allá de sus acusaciones, porque también ha dicho que no mirará para atrás. Que se pueden quedar impunes las fechorías que se cometieron.

Si esta retórica anti empresarial, sin distingos, continúa, puede ser una justificación para imponer políticas queimpidan el desarrollo de la libre empresa, con medidas estatistas que nos regresen al pasado. Esto podría provocar una crisis inmensa en el país. El espectro de Venezuela no será una pesadilla en un mal sueño sino una realidad. Esperemos que predomine la cordura y no se regrese a un pasado que ya probó no funcionarle al país.

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