En Aguascalientes, al igual que en el resto del país y en casi todo el mundo, se escuchan fuertes recriminaciones en contra de las prácticas xenófobas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el trato que le da a los indocumentados en general, andanadas que se ha ganado a pulso y que sin embargo poco efecto tienen en la aplicación de sus decretos.

Mientras que allende el Río Bravo hay una lucha incesante por el respeto a los derechos de los migrantes, aquí no ocurre lo mismo con los aguascalentenses que reclaman justicia laboral y económica, tal es el caso de casi 300 profesores de inglés que desde enero pasado no reciben su salario, debido a que el Instituto de Educación considera que los nombramientos no se apegaron a la norma, aun cuando durante más de un año se les pagó bajo esas condiciones, cuestión que por cierto no impide que continúen impartiendo la cátedra.

Se ha buscado someterlos a criterios unilaterales para que renuncien al reclamo, sea que acepten sólo el pago de los salarios caídos o que los den de alta en una empresa outsourcing, que de ninguna manera les da la seguridad en el empleo y además quedan fuera de las prerrogativas que goza el magisterio en general.

Desde un principio, la autoridad adujo que su contratación fue irregular y que no contaba con el financiamiento necesario para incluirlos en la nómina, sin embargo hace unos días anunció que enviará al extranjero a un grupo de profesores para un curso de capacitación en inglés, pese que a quienes tiene marginados han demostrado competencia en esta función.

Por su parte, el delegado especial de la Sección Uno del SNTE, José Luis Briones Briseño, hace como que hace pero sin dar un paso a favor de sus compañeros de profesión, al concretarse a señalar que su compromiso es actuar como mediador ante el Instituto, valiéndose de “la voluntad manifiesta del IEA para resolver, siempre acorde al mandato legal de regularización de este proceso”, afirmó, en tanto el asunto sigue su marcha en el Tribunal Laboral al entrar a la etapa para de presentación de pruebas y alegatos.

Mientras que en los hogares de los reclamantes tienen más de seis meses con problemas económicos, el dirigente sindical en funciones considera que varios de ellos, que han participado en las protestas públicas, “hace pensar que asumen algunas actitudes para aprovechar coyunturas político-electorales, al enviar mensajes no claros”, actitud que, él supone, “confunde a sus propios compañeros de inglés”, cuando la mejor vía de solución “se encuentra en el tribunal laboral y en la interlocución del SNTE con el IEA y el gobierno estatal”.

La cuestión radica en que no existe confianza en el Sindicato, debido a que cuando se suscitó el problema se mantuvo ajeno o lo hizo tibiamente, por lo que los quejosos se vieron obligados a ventilarlo ante los medios de comunicación, que fue cuando el secretario general, Mario Armando Valdez Herrera aseguró que haría lo que estuviera a su alcance para encontrarle una solución.

Pasó el tiempo y luego vino la licencia temporal para ser candidato a diputado y que en su lugar se nombrara a José Luis Briones, que termina la comisión el mes próximo una vez que se concluye el permiso del titular, quien a su regreso encontrará que el conflicto está igual que como lo dejó.

Para infortunio de los querellantes, el período estatutario de Valdez Herrera acaba en octubre próximo, por lo que si mantiene el mismo ritmo de trabajo de estos casi cuatro años difícilmente interpondrá algún recurso político, por lo que sólo les queda esperar a que el tribunal les dé una respuesta favorable.

Evidentemente, la actitud de Trump eleva la carga emocional a su máxima potencia al considerarse que es un insensible sin paralelo, pero no es necesario cruzar el Río Grande para encontrar, como aquí, actitudes igualmente rígidas e inclementes.

SITIOS ILEGALES

Cuando se menciona que hay 217 asentamientos espurios en todo el estado, lo primero que viene a la retentiva son fraccionamientos y pequeños poblados sin servicios públicos, que nacieron “de la nada” y que hoy se encuentran habitados por miles de familias.

Lo cierto es que en su mayoría son asentamientos dentro de las reglas urbanísticas, al contar con casas terminadas, vialidades, alumbrado público y red de agua potable y alcantarillado, pero que por una u otra causa no han sido dados de alta ante la autoridad, por lo que en teoría son “irregulares”.

Es un asunto de vieja data en la administración pública y la única forma de acabar con este círculo es que el Congreso del Estado cree las reformas necesarias a las leyes, que permitan incluir la prohibición de vender las viviendas si el fraccionamiento no está regularizado.

Con esto se terminará la costumbre de algunas empresas constructoras de desligarse de todo requisito legal una vez que han cerrado la venta de los inmuebles, con lo que dejan un cúmulo de dificultades a los compradores, que al no estar legalizado su fraccionamiento no saben a quién recurrir cuando resienten la carencia de agua entubada, servicio de limpia, vigilancia o que falla el alumbrado público.

Son múltiples los casos que hay en ese sentido, en que los perjudicados no encuentran respuesta en función de que la constructora cambió de razón social o era foránea, por lo que al no haber a quien exigirle quedan entrampados, lo que llevaría a que por su cuenta lleven a cabo el trámite, con los costos y el papeleo que esto significa.

Dentro de los mismos cambios a la ley debe incluirse una vigilancia especial de la autoridad competente, para que conozca si el vendedor de las viviendas cumple con todo lo que ofrece, ya que es común que mencionen escuelas, mercado, templo, jardines públicos, zonas arboladas y hasta hubo uno que prometió un lago artificial, lo que naturalmente no cumplió. Cuando las familias toman posesión de su nuevo hogar se encuentran con la desagradable sorpresa que parte de lo que aparecía en los promocionales era ficticio. El camino a seguir sería presentar una demanda, pero son litigios tardados y caros, por lo que pocos son los que se animan a dar ese paso.

Por ahora hay un avance muy importante en la legalización de los 217 asentamientos fuera de la ley, al anunciar el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Armando Roque Cruz, que ya dos se encuentran en etapa de regularización, lo que demuestra “el compromiso de la actual administración estatal de trabajar”, apuntó.

VOTO MAGISTERIAL

Los profesores deben sentirse muy halagados por los guiños que les hacen distintas fuerzas políticas para que el domingo próximo voten por sus candidatos, sin embargo hasta ahora ningún partido puede decir que tiene la preferencia de este sector, que sin duda es un manjar muy apetecible ya que son más de 18 mil los que están llamados a ir a las urnas y que junto con sus familiares representan alrededor de 80 mil ciudadanos votantes. Por ahora tienen el tiempo suficiente para analizar las propuestas de cada quien y determinar cuáles de ellas son viables, de manera que llegado el momento tengan la seguridad de por quién van a cruzar las boletas. Lo importante para ellos es que ninguno está sujetado a unos colores al ya no existir el corporativismo, por lo que con toda libertad pueden escoger al que les parezca el más idóneo.