Abel Barajas
Agencia Reforma

CDMX.- Un juez federal canceló esta noche el proceso contra Alejandro Gutiérrez por el presunto desvío de 250 mdp al PRI durante la campaña electoral de 2016 en Chihuahua, al concluir que la PGR no tenía la mínima pretensión de llevarlo a juicio.
Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, señaló que, ante la petición del sobreseimiento o desechamiento de la imputación por parte de la PGR, él no tenía facultades legales para obligarla a investigar estos delitos originalmente denunciados por el Gobierno de Chihuahua.
“La Fiscalía está plasmando en esta audiencia que no tiene la pretensión ni el interés para sostener una acusación y sustentarla en el juicio. Además, en esta audiencia no hay debate porque la defensa no se opone a la Fiscalía.
“En ese caso, considero que procede este sobreseinmiento ‘desechamiento’, pues si la Fiscalía no tiene la intención de continuar con la investigación, yo no tengo las facultades para obligarla a que la lleve a cabo”, señaló el impartidor de justicia.
De acuerdo con el juzgador, si en 10 días la propia PGR, la SHCP o la defensa de Gutiérrez no apelan la resolución dictada anoche, ésta tendrá los efectos de una sentencia absolutoria.
Fuerte Tapia mencionó que, durante la audiencia, no estuvo presente ningún representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene la calidad de víctima en este asunto, al tratarse de recursos federales los que presuntamente fueron desviados. Ante la ausencia, consideró, que dicha dependencia consentía el desistimiento de la Procuraduría.
Agregó que, como lo refirieron las cinco fiscales de la PGR presentes en la audiencia, la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo el pasado 19 de enero esta investigación en su vertiente electoral, por lo cual se dejaron a salvo los derechos para ejercer acción penal por este tipo de ilícitos.
Durante la audiencia, las fiscales de la PGR, encabezadas por Griselda Navarro González y Diana Esteban Salinas se dedicaron a cuestionar todas actuaciones que llevó a cabo la Fiscalía de Chihuahua para acreditar los desvíos al PRI.
Señalaron, por ejemplo, que había tres testigos diversos que manifestaban declaraciones contrarias a las de Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda estatal, y Ricardo Yañez Herrera, ex Secretario de Educación Pública estatal, ambos considerados como los principales testigos de cargo en contra de Gutiérrez y el propio César Duarte.
Uno de los ejemplos fue que Herrera Corral dijo en uno de sus testimonios que, el domingo 18 de diciembre de 2015, Gutiérrez lo llamó para organizar la logística del desvío del dinero al PRI; en un testimonio posterior, Herrera Corral dijo que en realidad había sido llamado el día 20 del mismo mes, lo que a consideración de la PGR es una inconsistencia en su testimonio.
Otra “inconsistencia” referida por las funcionarias de la PGR es que Herrera Corral, testigo protegido de la Fiscalía de Chihuahua, dijo que el desvío de recursos inició con una solicitud que hizo por escrito el 13 de enero de 2016 a la SHCP y que la misma fue recibida hasta el día 16, denunciando que en forma irregular el convenio con el cual le proporcionaron a Chihuahua los recursos fue suscrito el 15 de enero del mismo mes.
Una de las fiscales de la PGR aseguró que la propia SHCP le entregó un oficio para acreditar que el mismo 13 de enero y no el 16 fue recibida la solicitud de recursos de Herrera Corral, con lo cual sería falsa su imputación.
Sin embargo, el oficio que se entregó a la PGR afirmando esto último está suscrito por Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, que también es señalado como sospechoso de participar en los desvíos de recursos.
La PGR también manifestó que Gutiérrez no firmó ninguno de los cinco contratos que fueron simulados para desviar el dinero al PRI y que, en todo caso, es su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez, quien suscribió uno de los convenios por 4 millones de pesos como representante de la empresa Jet Combustibles SA de CV.
Al término de la audiencia, Jorge Alberto Espinoza Cortés, consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, anunció que va a presentar una denuncia penal y otra administrativa contra las cinco fiscales de la PGR que anoche se desistieron de la imputación, por delitos contra la administración de la justicia y ejercicio abusivo de función.
De acuerdo con el representante legal, la PGR tenía la opción de solicitar la ampliación del término para continuar investigando los desvíos; sin embargo, señaló que era claro el desinterés para llegar a fondo en este caso, debido a que durante los últimos dos meses -periodo en el que la PGR se hizo cargo de la investigación- nunca hizo una diligencia en Chihuahua.
“Únicamente solicitó unos oficios”, dijo el consejero jurídico.
Espinosa precisó que Gutiérrez no quedará en libertad de inmediato en el proceso del fuero común por un peculado de 1.7 millones de pesos porque, pese a que el jueves un tribunal colegiado de Chihuahua ordenó cambiarle la prisión preventiva por otra medida cautelar, esta sentencia todavía deberá ser transcrita en un engrose que tardará varios días.
“Nosotros vamos a pedir el arraigo para que no se sustraiga de la acción de la justicia”, adelantó en relación con la medida cautelar que solicitará el Gobierno de Chihuahua cuando se lleve a cabo la audiencia ante un juez de control.