Al igual que lo hacen algunos políticos al inicio de su administración, de ir a misa para pedir que les vaya bien en su travesía y prometer que honrarán el cargo, es una tradición que los presidentes mexicanos juren por ésta, que una de sus prioridades será el rescate del sector agropecuario, pero en uno y otro caso pronto se les olvida, y cuando lo mencionan en los discursos, es como si fuera el eco de su conciencia.

Esta vez no podía ser la excepción –aunque todavía quedan poco más de tres años y medio para hacerlo realidad–, lo que lamentan pequeños propietarios y ejidatarios que miran cómo pasan los sexenios y las condiciones para hacer producir esta actividad se vuelve más difícil, que los tiene en clara desventaja ante colegas de otros países que reciben el apoyo necesario para que su labor sea rentable.

Lo que se hace es entregar ayudas, que aun cuando son sumas millonarias, no hay un programa rector nacional, por lo que todo se reduce a simples atenuantes, que por lo mismo, dejan en la misma postración a esta función, que debería de ser fundamental para el desarrollo del país.

Esta vez el presidente Enrique Peña Nieto incluyó en el paquete de reformas constitucionales la referente al campo, sin embargo, el Congreso de la Unión se encargó de echarle abajo ese interés, al relegar la iniciativa en algún escritorio, a la espera de que la próxima Legislatura la rescate.

El líder de la Unión Ganadera Regional Hidrocálica (UGRH), José de Jesús Guzmán de Alba, consideró que los diputados federales del sector campesino quedan a deber, al haber permitido que la agenda política se impusiera sobre la defensa del sector rural.

A pesar de que en la Cámara Baja tiene 40 diputados del medio campesino, ninguno fue capaz de exigir que se incluyera el tema, a lo más que llegaron fue a aceptar que después de las elecciones del próximo 7 de junio se podría retomar, lo que tácitamente fue la renuncia a cumplir con sus deberes. Guzmán de Alba juzgó que se ciñeron a las órdenes de sus coordinadores de bancada y de sus partidos: “No los dejan actuar, les dicen espérate, espérate, para nosotros como gobierno no es importante el campo, la importancia es la reforma electoral, la energética, la fiscal, la educativa, yo necesito ganar las elecciones, el resto me vale…”.

La queja no les importa a los legisladores, puesto que van de salida, mientras que los que llegarán el uno de septiembre dirán que le den un tiempo para analizar lo que les dejaron, por lo tanto, si es que hay algún cambio será hasta el año 2016, siempre y cuando no se atraviese otro asunto político.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), Abraham Cepeda, afirmó que la reforma al campo no se logró porque hubiera sido inaceptable que se utilizara como moneda de cambio, o una negociación que creara una ley a la ligera o improvisada, ni tampoco que pudiera involucrarse en la negociación de presupuestos; sin embargo, es controvertible esa postura, porque ninguna reforma o ley de cierta importancia es con aprobación limpia, sino que todas pasan por el tamiz de la política legislativa, de manera que habría sido preferible una reforma en esas condiciones y no dejarla una vez más en algún cajón.

Lo anterior sin olvidar que 2016 se vislumbra igual de problemático que el presente año, al grado que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adelantó que será mínimo el crecimiento y seguirán las restricciones presupuestales, por lo tanto, no podrán destinarse los recursos necesarios para la reactivación del medio rural.

La única defensa que tienen los hombres y mujeres del campo es acogerse a las opciones que están a su alcance, como la que plantea el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Teodoro Ulises Olivares Ventura, de ingresar a la agricultura por contrato, mediante lo cual sólo se firma un convenio de protección entre el productor y el industrial, fijándose de común acuerdo el precio, previo a la cosecha de los frutos o granos.

En estas condiciones los agricultores no quedarían al vaivén de los precios, sea por circunstancias nacionales o internacionales, ya que tendrían un protocolo que obliga a las dos partes, caso contrario, cuando esperan recoger la cosecha y luego ofrecerla, se las compran a un precio inferior alegando diversos motivos, como la caída del peso frente al dólar o el exceso de producción.

Aunque desde el Consejo Estatal Agropecuario se difunde esta figura, es indispensable que las dependencias gubernamentales la promuevan y que incluso la misma autoridad funja como revisora de los contratos, para dar mayor confianza a los cultivadores.

Pues ahí tienen a su alcance una parte de la solución, que puede ser mínima para las necesidades que tienen, pero pueden utilizarla en tanto se acuerda el gobierno federal y en la Cámara de Diputados, que un pueblo que no produce los alimentos necesarios es sojuzgado por otros.

QUE LOS ESCUCHEN

Mientras imploran el voto ofrecen a los ciudadanos que sus oficinas serán de puertas abiertas para escuchar sus proyectos, quejas y denuncias, y que nada harán sin su consentimiento, pero una vez en la silla son los dueños de la verdad y deben aceptar lo que dispongan.

La mejor muestra de que se hace lo que ellos deciden son las obras que se llevan a cabo, que aun cuando tengan un fin positivo no se toma en cuenta el daño que causan en la etapa de construcción y de lo cual nadie responde, como ocurre con los pequeños negocios que quiebran ante la supresión de las ventas.

Dos casos están en estos momentos, uno en la capital del estado, donde tiene más de un año la remodelación de la calle Galeana, de López Mateos hacia el sur y que no obstante que el tránsito vehicular y peatonal es normal, se mantienen en distintos puntos de la zona el aviso de que no hay paso, por lo que los potenciales clientes optan por otra ruta.

A su vez, en la ciudad de Pabellón de Arteaga siguen los reclamos en contra del presidente municipal, Sergio Moreno Serna, debido a la tardanza en concluir la regeneración de las principales calles, que ha significado una pérdida cercana a los 25 millones de pesos. Cabe recordar que este programa se puso en marcha días antes de las fiestas anuales del 20 de noviembre y a lo que se opusieron dueños y empleados de los negocios, ya que se les privaba de la mejor etapa anual de ventas, pero como siempre ocurre cuando hay esta situación, los trabajos se iniciaron de un día para otro, dejando incluso sin posibilidad de salir a los vehículos que estaban en las cocheras y en los mismos negocios.

Las pérdidas son muy superiores a los 11 millones que se invierten, porque el desplome de las ventas ya provocó el cierre de 29 negocios y la pérdida de decenas de empleos, lo que incluye las demandas laborales por despido y cuya liquidación ha sido difícil de cubrir para los patrones.

Es un asunto que puede solucionarse desde el proyecto de la obra, si se incluye en el costo una especie de indemnización a los propietarios de los negocios, calculada por el tiempo de construcción, con lo que puedan afrontar el problema en otras condiciones. De ninguna manera es una ocurrencia, sino que es un proceso que, aun cuando no se ha implantado en esas circunstancias, sí ha dado respuesta a las exigencias de los afectados, como ha sido con los propietarios de estacionamientos que quedan bloqueados. Si se quiere gobernar para el pueblo hay tantos medios para hacerlo, como sea la voluntad de escuchar la voz de la razón.