Conforme se acerca el final del año se incrementan precios y tarifas de los productos y servicios, lo que inevitablemente pega al bolsillo de la población en general, pero lo resienten más quienes tienen menores recursos al pagar más caro todo con un ingreso exiguo.

Es un problema que no tiene para cuándo terminar, el cual detalló el ex líder nacional de la Cámara del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, al citar que las esperanzas de que hubiera un cambio con el nuevo gobierno se derrumbaron tras la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de que se mantendrá inalterable el incremento al precio de los combustibles.

A lo anterior se agregan las disposiciones que emitió la Secretaría de Hacienda, de que por primera vez en 2018 canceló el estímulo fiscal a la gasolina Premium durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, por lo que al quitar ese apoyo a la gasolina roja significa que el estímulo fiscal es de 0 por ciento por espacio de siete días, por consiguiente los consumidores pagan la cuota completa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que es de 3.88 pesos por litro vigente en el año, con lo que Hacienda deja de absorber el impuesto federal y son los automovilistas los que pagan completo el gravamen.

Contrario a lo anterior, se considera que existen condiciones propicias para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) lleve a cabo una reducción a las tarifas eléctricas, lo que sería de gran ayuda para las empresas en general, que debido a las alzas que se registran varios comercios han reducido sus operaciones y otros cerraron definitivamente al no tener capacidad de pago. Los dirigentes nacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han logrado importantes avances en las más de 20 reuniones que han sostenido con los representantes de la CRE y la Secretaría de Hacienda, por lo que de alcanzarse una respuesta positiva dejaría de impactar a los negocios, principalmente los de pequeña y mediana inversión.

Díaz Ruiz, actual presidente de la Canacar en Aguascalientes, señaló que en el curso del año el diésel se ha incrementado más del 20% no obstante que fue año electoral, por lo que se esperaba que no habría subida alguna, sin embargo, apuntó, “el alza no ha cesado y cada día del año en curso el precio del combustible se mueve de uno a tres centavos diarios, lo que acumulado significa un nuevo golpe que lamentablemente no podrá detenerse, según lo reconoció el propio presidente electo”.

En el caso particular de la Canacar, afirmó que el diésel representa entre el 30% y el 40% de los ingresos totales de una flota, lo que se ven obligados a absorber ya que no puede repercutir en los precios de los servicios que proporcionan, en función que en enero fue el último incremento que aplicaron y a estas alturas “es sumamente difícil pretender un reajuste cuando los clientes ya lo tienen presupuestado de una forma, ya que les movería la dinámica y eso en conjunto afecta la economía que de por sí ha estado desacelerada este año”, por lo que será hasta principios de 2019 cuando podría haber unas reamortización, una vez que se conozcan los planes de la próxima administración.

 

TODO SIGUE IGUAL

Sí, para María Canica nada cambia. Todo está igual. Antes y ahora la situación es la misma en los Ceresos, y tampoco varían las respuestas de las autoridades cuando se denuncian las anomalías, por lo tanto los internos tienen que seguir lidiando con los problemas que a diario sufren y que no denuncian por temor a las represalias.

Doña María aún recuerda cuando el primer defensor de los derechos humanos, en tiempos del gobernador Miguel Ángel Barberena Vega, hizo público que estaría tres días dentro del Cereso a la salida a Calvillo, con la finalidad de comprobar las condiciones en que se desarrollaba la vida de los procesados, principalmente si había respeto a sus derechos, cómo eran los programas de rehabilitación y si eran los adecuados, qué les daban de comer, cuál era el trato que recibían de los custodios, si había grupos de control entre los penados y cómo eran las visitas familiares, entre otras cuestiones que quería saber mediante la relación directa con ellos.

Al salir dijo que los trabajos de reinserción social eran positivos y que los alimentos que recibían –que había sido lo más denunciado–, eran satisfactorios, por lo que desde su punto de vista las quejas no tenían sustento.

A casi 40 años de aquel “encierro” del ombudsman, personal de la actual Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) encontró que las penitenciarías estatales registran una serie de deficiencias, hacinamiento y tratos indignos. El pasado mes de septiembre tuvo lugar la investigación de campo y se comprobó que hay carencia de medicamentos, falta agua para consumo y aseo personal, que los esposan de pies y manos para trasladarlos a diligencias extramuros, celdas con 14 o más personas, cuando el estándar internacional es de 5 personas, uniformes en mal estado, goteras en dormitorios y falta de mantenimiento en las instalaciones.

En función de lo anterior se viola la Constitución General de la República, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que es necesario que los responsables directos y operativos se ciñan a esos principios.

El presidente de la CEDH, José Asunción Gutiérrez Padilla declaró que las recomendaciones “no pretenden desacreditar a las instituciones, ni es una afrenta o agravio a las mismas, sino por el contrario, debe ser entendida como un instrumento para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y funcionarios ante la sociedad”.

La respuesta no se hizo esperar por parte del secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien negó “categóricamente” que el Cereso para Varones Aguascalientes registre anomalías en la magnitud que señaló la CEDH y rechazó que exista hacinamiento, falta de medicamentos y de agua, y menos trato inadecuado a sus familiares.

No existe exceso de internos por celda “en ninguno de los centros penitenciarios”, explicó mediante un boletín el funcionario, “y no lo hay porque el número de personas privadas de su libertad apenas si llega al 80% de su capacidad instalada, por lo que cada persona que se encuentra internada, cuenta con un lugar específico en las estancias, habilitadas para 5 personas, y que en promedio están ocupadas por cuatro”.

En cuanto al trato que reciben los internos y sus familiares, “los custodios aplican los protocolos de seguridad obligatoria para el acceso a este tipo de instalaciones, con la única finalidad de prevenir el ingreso de objetos que están prohibidos”.

Total, que los presos no tienen de qué quejarse puesto que reciben una atención digna, sin embargo el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos redactó en su informe lo que observó y que debería de servir para que el propio titular de Seguridad Pública investigue hasta dónde hay verdad, porque es lógico que los directores de cada Cereso no van a admitir las irregularidades.

A LA ZAGA

Como dijera el inmortal cómico “Manolín” (Manuel Palacio Sierra): “fíjate qué suave”, con el que respondía a su compañero de andanzas Estanislao Shilinsky, han estado y están las autoridades de Aguascalientes, que se concretan ver el trabajo que debieron hacer y que tan buenos dividendos les deja a otros. La capital del país demostró que para organizar grandes eventos no hay parangón alguno, fue el caso del Mango Desfile del Día de Muertos que tuvo lugar el pasado fin de semana, al que asistió más de un millón de personas y en el cual hubo una representación local con una catrina gigante. En esta ciudad habrá el Desfile de Calaveras el jueves próximo, que está lejos de acercarse al que llevaron a cabo los antiguos defeños, pese a que aquí fue cuna de J. Guadalupe Posada.