La diputada Elsa Landín Olivares presentó iniciativa para garantizar que las personas mayores de 60 años, madres y padres solteros, así como madres con algún hijo con discapacidad, puedan tener una pensión del Estado de cuando menos un salario mínimo, lo que es posible si se reduce el gasto superfluo de los gobiernos Estatal y Municipal.
Expuso que en el estado hay 50 mil personas con discapacidad y el 40% de ellos se encuentran en edad productiva. El 62% de este grupo de personas habita en el municipio capital y el 57% son personas mayores de 50 años de edad con una discapacidad motora, las principales causas son las enfermedades crónico-degenerativas.
“Por eso, ha llegado la hora de que el Estado de Aguascalientes intervenga para atender este problema”.
En cuanto a las personas adultas mayores, ya suman 119 mil 691 los habitantes con 60 años de edad o más; representan el 9% de la población, para el segundo semestre del 2017.
Entre los de 60 años y más, se encuentran pensionados tres de cada diez en la entidad, contra uno de cada cuatro en el país. La proporción entre jubilados y jubiladas es de tres a uno, a favor de los varones.
Asimismo, para el caso de quienes se están dedicando a las labores en el hogar, las mujeres adultas mayores se aplican a estos menesteres 35 veces más que los hombres.
La iniciativa busca establecer tres tipos de pensiones que sin duda bonificarán a tres sectores poblacionales vulnerables:
En primer lugar, las personas con discapacidad, ya sean menores o mayores de edad, que por cualquier motivo no puedan recibir una fuente de financiamiento que soporte los gastos básicos para su supervivencia. En segundo término, los adultos mayores de 60 años que no cuenten con alguna otra fuente de ingresos o alguna pensión laboral. Por último, las madres o padres de familia solteros que sean jefes de familia.
En el entendido de que la carencia económica es el precedente perfecto para aumentar los índices de delincuencia, lo que debe ser atendido urgentemente por parte de este Congreso del Estado para facilitar el acceso al bienestar general de nuestras familias.
Para lograr lo anterior, se propone que el Poder Ejecutivo del Estado asigne una cantidad en específico dentro del Presupuesto de Egresos del Estado, generando la reglamentación correspondiente para regular el acceso y las causas de suspensión o restricción.