El Congreso del Estado pretende irrumpir la Universidad Autónoma de Aguascalientes y reformar su estructura orgánica para colocar en su interior un órgano de control erigido por los diputados, para el conteo estricto de los recursos públicos.
Esto, a través de una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la institución que, justificada en la política anticorrupción del país y el Estado, propone que el patrimonio de la UAA ya no sea administrado libremente, sino “de conformidad con las normas relativas al manejo de los recursos públicos”.
Igualmente, la iniciativa plantea sacudir la estructura de la Junta de Gobierno -conformada por 9 integrantes-, para que sólo 3 de ellos sean maestros en activo de la Universidad, con un mínimo de 10 años de antigüedad, por lo que de aprobarse, este órgano sería desmembrado en un plazo de 30 días.
Además quitaría a este órgano de gobierno la autoridad sobre la actual Contraloría Universitaria y en su lugar prevé un Órgano Interno de Control, denominado Contraloría Universitaria, cuyo titular será electo y removido por el propio Congreso del Estado.
Lo anterior, mediante el voto de la mayoría de los diputados presentes en la asamblea parlamentaria correspondiente; la duración del encargo será de cuatro años.
Para el nombramiento de los nuevos miembros de la JG, la iniciativa contempla que tengan suficientes méritos académicos, como la ley vigente, pero en su caso, abre la puerta a quienes tengan méritos profesionales o empresariales reconocidos, e interés evidente por la institución, además de no contar con puestos en la función pública.
Asimismo, plantea que a las unidades orgánicas de apoyo de primer nivel que auxiliarán al rector de la UAA lleguen quienes cumplan los requisitos, aunque no pertenezcan a la UAA.
El procedimiento de responsabilidad administrativo por incumplimiento o violación de las obligaciones podrá iniciarse de manera indistinta ante la autoridad universitaria inmediata superior o por el Órgano Interno de Control a través de sus unidades correspondientes y atendiendo lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativos del Estado.
Este órgano sería, en su caso, el que lleve el registro de la situación patrimonial de los sujetos señalados en la ley orgánica universitaria.
La iniciativa, radicada ayer en Palacio Legislativo es suscrita por el diputado del PAN, Juan Guillermo Alaniz de León; de aprobarse entraría en vigor al día siguiente de su publicación.