Por Octavio Díaz García de León

La idea: El gobierno federal entrante ha determinado una serie de medidas de austeridad. Entre ellas, el quitar la prestación del pago de seguro de gastos médicos mayores a la alta burocracia. Como medida de austeridad, el ahorro no es significativo, pero pone al descubierto dos problemas de fondo: la mala calidad de los servicios públicos de salud y el crecimiento desmedido de los precios en los hospitales privados.

Esta propuesta del próximo gobierno se encuentra entre las 50 medidas para “combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. La lógica aparente es que el gobierno y el trabajador ya pagan por servicios médicos del ISSSTE o del IMSS y que por lo tanto no se justifica tener, además, un seguro de gastos médicos mayores.

La realidad es que, como su nombre lo indica, este seguro es sólo para cubrir emergencias o enfermedades mayores que requieren hospitalización o tratamientos complejos. Para enfermedades menores, las personas acuden al ISSSTE, al IMSS, a las farmacias que ofrecen servicios de consulta médica muy barata, o a médicos privados.

¿Porqué si los trabajadores pagan una cuota por servicios de salud bastante elevada al mes, prefieren acudir a otra instancia antes que al ISSSTE o al IMSS, especialmente cuando son enfermedades o casos clínicos mayores? Porque los servicios de estas instituciones están rebasados y no tienen capacidad para atender a sus derechohabientes. No sólo los consultorios están saturados en las clínicas, sino que, tratándose de enfermedades más graves, los tiempos de espera por un quirófano o tratamientos especiales, pueden condenar a muerte a los pacientes.

Desafortunadamente, por décadas, los gobiernos en turno han aumentado el número de beneficiarios sin acompañarlos de crecimiento en ingresos, infraestructura, médicos y enfermeras. Por ejemplo, recientemente se les dio el derecho a los estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y de postgrado de tener servicios del IMSS en forma gratuita.

Además, inciden en el mal servicio los malos manejos, la corrupción, un contrato colectivo de trabajo oneroso y un gran pasivo laboral, con lo cual estas instituciones tienen enormes carencias financieras.

Por ello, las personas que pueden hacerlo están dispuestas a pagar por servicios privados antes de usar al IMSS o al ISSSTE. El seguro de gastos médicos mayores da la posibilidad de recurrir a servicios privados de mejor calidad.

En este escenario, ¿tiene sentido otorgar a los trabajadores un seguro de gastos médicos mayores? Por supuesto que sí. Es una manera de darles opciones de acceso a servicios de salud de buena calidad en lugar de estar sujetas a un servicio de calidad incierta y sobresaturado.

Recientemente se ha dado el fenómeno de que las primas de estos seguros se han venido encareciendo a ritmos muy superiores a la inflación debido a la poca oferta de hospitales privados; unas pocas cadenas de hospitales tienen un oligopolio que les permite fijar precios muy elevados, además de que algunas suelen hacer cargos abusivos. La Comisión Federal de Competencia Económica haría bien en revisar al sector de hospitales privados para ver si existen prácticas monopólicas.

Al quitar esta prestación a la burocracia, no se les está dando alternativas adecuadas a los trabajadores. O bien se verán forzados a usar los servicios del IMSS o ISSSTE con las deficiencias que ya comentamos o se les obligará a pagar por su cuenta las primas del seguro de gastos médicos mayores incrementando fuertemente sus gastos.

Existen posibles alternativas para ayudar a los trabajadores que pierdan este beneficio:

  • Que el trabajador pueda optar, entre pagar su cuota del IMSS o del ISSSTE, o pagar un seguro de gastos médicos.
  • Mejorar los servicios del IMSS e ISSSTE para ponerlos en igualdad de condiciones con lo que ofrecen los hospitales privados.
  • Que el gobierno siga contratando la póliza del seguro por cuenta de los trabajadores para conseguir descuento por volumen y que cada trabajador la pague.

Si además del impacto que tendrá entre los trabajadores del gobierno la pérdida de esta prestación, se suma, entre otras medidas, la disminución de salarios a menos de la mitad, el desaparecer el seguro de separación individualizado y el trasladarse a vivir a otra ciudad con los gastos que eso implica, el panorama pinta negro para la gran mayoría de los 1.6 millones de trabajadores del gobierno federal y sus familias.

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos se debe contemplar desde un punto de vista de administración de recursos humanos. Lo malo es que las medidas de austeridad anunciadas, más que medidas de ahorro, se perciben como medidas de castigo.

Habrá que ver cómo espera la próxima administración dar resultados teniendo un aparato de gobierno ya sea desmantelado, sumamente desmotivado o con personal de nuevo ingreso muy poco capacitado. Aún faltan cinco meses y medio para que el nuevo gobierno inicie, por lo que hay que esperar.

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