La sociedad empieza a trasmutar el desaliento en ultimátum: se tiene una respuesta contundente en las investigaciones de los desaparecidos, o se tomarán medidas radicales que trastocarían la tranquilidad que ha prevalecido por años.

Hay cansancio en los familiares y amigos de las personas “ilocalizables”, como las califica la autoridad, en virtud que cuantas veces acuden para saber si hay algún resultado reciben el clásico “sin novedad”, habiendo un desinterés en acelerar las indagatorias, por lo que sólo queda indagar por cuenta propia en espera de encontrar alguna pista, aunque es una labor ardua y costosa, por lo que aquellos que no tienen recursos económicos deben conformarse con lo que hagan los agentes.

El problema de fondo es que el personal que se encarga de las indagaciones no es independiente en su actuación, al estar sujeto a lo que dispongan la Fiscalía General y la Dirección General de la policía ministerial. Es un grupo que analiza y busca pistas para dar con el paradero de los extraviados, pero por la magnitud del problema requiere de un organismo autónomo, con mando y presupuesto propio, integrado por varios equipos de trabajo y dedicados exclusivamente a esa labor.

Aguascalientes puede ser punta de lanza en ese sentido, ya que ninguna entidad tiene un cuerpo de investigadores de esas características, ni siquiera la Fiscalía General de la República (FGR, ex PGR).

Con sobrada razón los demandantes de justicia muestran signos de desesperación, al no percibir un mínimo avance en las pesquisas, lo que se traduce en ademanes de enfado y reclamaciones fuertes a los policías que no les quedan de otra que sólo escuchar.

En mayo pasado, el  instructor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Agustín Valencia López, manifestó en esta ciudad que ante el escenario “de terror” que vive el país, el gobierno federal creó la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que no ha sido una medida contundente.

La situación es tan grave que ya es una crisis nacional la desaparición de 40 mil personas, pese a lo cual “México no cuenta con políticas públicas, infraestructura, capacitación ni personal suficiente para resolver la tragedia que transita y la inmunidad que la cobija”, apuntó.

En lo que se refiere a la desaparición forzada la citada Comisión de Búsqueda cuenta únicamente con 43 personas que coordinan todas las acciones de las fiscalías y procuradurías estatales y de la General de la República, por lo que difícilmente puede lograr resultados satisfactorios.

Valencia López consideró que la desaparición forzada ha sido un instrumento de poder, control y terror de parte de los grupos delictivos, y de manera general la desaparición de personas “se ha utilizado como medio de extorsión, de presión política y social, de lucha antisubversiva, así como de obtención de información para intereses de grupo”.

Es incuestionable que a nivel nacional queda mucho por hacer, por lo que habrá que ceñirse a lo que demanda y requiere Aguascalientes, empezando por crear un organismo destinado únicamente a esa función, para ello habría que dedicar una partida en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, con la que se cree un cuerpo de élite que tenga condiciones para su desempeño y con metas específicas, informando periódicamente de los resultados alcanzados en reuniones con los familiares.

En varios países de Europa se trabaja en esa dirección, por lo que podría solicitarse su apoyo para acelerar la creación de una institución que trabaje hacia dicho fin y no esperar a que explote la ira ciudadana ante la falta de conclusiones, como recién acaba de ocurrir en la capital del país con el caso de los ataques a mujeres y los feminicidios en general.

ACOSAR LA VIDA

Es materialmente imposible frenar la erosión del suelo cuando se autoriza el derribo de los pocos árboles con que cuenta la ciudad de Aguascalientes, por lo que seguirá ampliándose los ciclos erráticos pluviales y un clima más ardiente.

La construcción de fraccionamientos, tiendas comerciales, fábricas, puentes automovilísticos y de pasos peatonales son los motivos para permitir la desaparición de las especies arbóreas y en algunos casos se dice que serán “trasplantados” y en otros que se colocarán arbolitos en otros lugares para “pagar” el daño que se hizo, compromiso que nadie supervisa y que permita conocer si se cumplieron los acuerdos asumidos.

Para la construcción del paso a desnivel vehicular en segundo anillo de circunvalación y la avenida Dr. Salvador Quezada Limón, se retiraron 72 árboles y fueron talados 87, por lo que el gobierno del estado pagó 172 mil pesos, además la empresa contratista deberá entregar al vivero municipal 1,200 árboles en especie “para compensar la deforestación en esa zona”, señaló el secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Municipal, Omar Plesent Sánchez.

De esos 159 árboles que fueron derribados o cercenado, varios ya no serán trasplantados porque, según informó el funcionario, son eucaliptos que estaban secos, lo que resulta un tanto extraño que hasta ahora se den cuenta que eran parte de la naturaleza muerta, lo que denota que no hay una supervisión constante sobre todos los que existen en la ciudad, o también que se toma como justificación ante un hecho consumado.

Se dice que no se puede detener el crecimiento urbano y que esto conlleva atender las necesidades prioritarias de los habitantes, como tener espacios exclusivos para el paso de los vehículos, por lo que si los árboles “estorban” habrá que eliminarlos sin considerar el grave daño que se causa al medio ambiente.

Por una parte se festeja el logro ciudadano de conservar en su estado natural el Parque La Pona y el Bosque de Cobos, de los muy pocos pulmones verdes con que cuenta esta capital, y por otra sigue dándose permisos para que desaparezca lo que hay sembrado en calles y avenidas.

Difícilmente se recobra lo que se destruyó; si se entiende que un árbol llega a su plenitud a los 40 o 50 años, por lo que habrá que esperar ese tiempo para que la especie que – presuntamente – es plantada llegue a esa adultez. Se prescinde de su presencia, de una fuente de oxígeno y atracción de lluvia para poner en su lugar capas de cemento que sólo provoca aridez y calor, pero es el precio que se debe pagar por la “modernidad”, afirman “resignados” los promotores y sostenedores de las obras.

IRÓNICO

A raíz de la reforma a la Constitución de Baja California que permite ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, la Coparmex ha participado en las protestas ciudadanas para echar abajo ese acuerdo de la pasada legislatura, lo que habla de su vocación de servicio con  las causas ciudadanas, sólo que esa misma vara no la aplica a su interior, tan es así que su presidente nacional, Gustavo de Hoyos, concluye su gestión el 31 de diciembre, luego de que cubrió su cuarto año al frente del sindicato patronal y de acuerdo a los estatutos ya no podría seguir más tiempo, pero la semana pasada la Asamblea Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana votó para modificar los preceptos, por lo que el dirigente podrá quedarse otro año más, lo cual deberá ser validado en la votación de fin de año. En rutas paralelas la Ley Bonilla en BC y la Ley de Hoyos en Coparmex, lo único que las distingue es que en el estado fronterizo es un asunto político que pretenden rebote en Palacio Nacional, mientras que entre los hombres de empresa todo queda entre cuates.

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