Las precampañas políticas que se iniciarán la semana próxima (día 14) serán estrechamente vigiladas por las autoridades electorales para que los participantes se ciñan a lo que establece la ley, por lo tanto deben tener cuidado en los actos que organicen o a los que sean invitados, ya que llegado el momento todo puede considerarse como gastos de campaña.

En el arranque habrá un “empalme” con las fiestas prenavideñas en las que son comunes las “reuniones entre amigos”, como se disfraza los actos de proselitismo, donde predominan los platillos de temporada y naturalmente brindis para la o el invitado de honor, sólo que los órganos electorales tienen otra forma de ver las cosas y ahí es cuando asoman los problemas, ya que a la hora de hacer el corte se incluye lo aplicado en cada reunión.

De acuerdo con el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, y estos actos de precampaña son “las reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

De igual manera se entiende por propaganda de precampaña, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el período establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos con el propósito de difundir sus propuestas.

Será motivo de sanción la realización de actos anticipados de precampaña; solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por la ley; omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, destinados a la precampaña; no presentar informe de los gastos de precampaña; y exceder los gastos establecidos.

La norma federal establece penas a los precandidatos que violen la ley, que pueden ir desde una amonestación pública, una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México; la pérdida del derecho a ser precandidato, o si ya está registrado se le cancelaría, inclusive si resultó electo en el proceso interno el partido no podrá registrarlo como candidato.

Son cuestiones que deben tomar en cuenta los aspirantes para no verse sorprendidos si los dejan fuera de la jugada o los pillan haciéndole al embozado. Habrá demasiados ojos, oídos y celulares vigilando cada movimiento que hagan, por lo que es preferible que no supongan que nadie se dará cuenta de lo que tiene lugar, porque inclusive en su mismo equipo de apoyo puede haber soplones que se encargarán de sacarlos a balcón, por consiguiente desde un principio deben actuar con honestidad y si todo sale como lo han planeado serán candidatos.

BOMBA DE TIEMPO

El despido de casi un centenar de profesores y personal administrativo del Cecytea puede convertirse en un boquete financiero para el Gobierno del Estado, en caso de ganar las demandas laborales que se han presentado, lo que se suma a las denuncias de represión y correctivos que sufre el personal.

El Instituto de Educación (IEA) se ha desatendido del problema al argumentar que el Cecytea se maneja aparte y la Sección Uno del SNTE se mantiene ajena a la solución, lo que tiene en un grave problema económico y emocional a los cesados.

Con diferentes actos, tanto en la vía pública como en conferencias de prensa y reuniones informativas, los afectados señalan la situación dictatorial que impera en la institución, ya que sin motivo alguno se les ha dado de baja, llegando al grado que pese a estar en plena clase les ordenaron presentarse de inmediato al departamento jurídico para notificarles que por instrucciones del director de la institución, José Roberto Rincón Arellano, quedan sin trabajo.

De los destituidos unos tenían casi 20 años de servicios, otros 15, 10 años o menos, y prácticamente todos presentan una hoja laboral limpia y con resultados en el trabajo que demuestran su formalidad, por lo que no existe una justificación para que se haya procedido de esa manera.

Consideran que entre las razones que hubo fue el reclamo general para que les pagaran completo un bono mensual de 500 pesos y del que sólo se entregan 250 pesos y que a varios de ellos les hayan comentado que quedaron fuera por ser de un partido distinto al que está en el Gobierno, lo que de ser cierto sería una intromisión en la vida privada.

Para quien esto escribe le resulta difícil entender la actitud del profesor José Roberto Rincón, luego del episodio que vivió por casi año y medio al ser despedido injustamente de su cargo, el 22 de mayo de 2014, como director de la Secundaria Técnica Número Uno. Aunque al final ganó la demanda y le fueron pagados los salarios caídos, en lugar de restituirlo en su puesto lo jubilaron, a lo cual tenía derecho tras 40 años de servicios.

En su momento, alumnos y padres de familia obligaron a la suspensión de clases, en apoyo de su director, al que no se cansaron de catalogar como un hombre íntegro, respetuoso y siempre apegado a las normas, lo que suscitó el apoyo social al establecer que había una actitud despótica del entonces titular del IEA, Francisco Javier Chávez.

Todo parece indicar que la experiencia vivida la olvidó demasiado pronto el profesor Rincón, en virtud que bajo las mismas condiciones que estuvo él tiene ahora a los profesores cesados, que confían en que las autoridades laborales determinen la injusticia que les hicieron.

De obtener el laudo a su favor obligarán al Gobierno del Estado a pagar los salarios caídos y las prestaciones correspondientes, que sin duda le dejará un sabor amargo a la administración que ha sido tan exigente en que no se gaste de más, monto que crecerá conforme se tarden en dictar sentencia. Bajo el supuesto que sea contraria a sus intereses, los perjudicados recurrirán a otras instancias seguros de que tienen las pruebas suficientes para sustentar lo absurdo de su despido y políticamente no es conveniente que el asunto persista en pleno año político.

AUMENTO GRADUAL

El aumento al salario mínimo está muy lejos de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual sólo beneficia a quienes están en esa posición, por lo que millones de mexicanos seguirán ganando lo mismo y sólo a la espera de que en enero venga una mejoría, que no pasará de 3 o 4%, que es el porcentaje calculado de inflación para el año próximo. Mientras se llega ese día, desde finales del mes pasado empezaron los incrementos en los precios de la canasta básica, con lo que una vez más se aplica el juego del embudo. De nada sirve recibir unos pesos extras si éstos se destinan en comprar comestibles y otros productos para el hogar a costos mayores, al agregarle 50 centavos, un peso y hasta dos pesos por artículo. Mientras persista la actitud alcista todo lo que se haga por mejorar el ingreso de la familia obrera será inútil, no obstante, sirve para que los políticos se regodeen al señalar que hacen “un gran esfuerzo” por elevar la calidad de vida de los que menos ganan. Aunque son odiosas las comparaciones, en Estados Unidos se pagan 8 dólares la hora, mientras que en México esa misma cantidad es por 8 horas, que es una de las razones por las que tantos compatriotas prefieren correr toda clase de riesgos con tal de cruzar el Río Bravo.

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