Jorge Ricardo
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Salud del Senado avaló un dictamen para que todas personas que no hayan manifestado expresamente su negativa sean consideradas donantes de órganos.
El dictamen plantea reformas a los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, principalmente para eliminar el requisito del consentimiento de los familiares sobre los órganos de una persona fallecida.
“La redacción existente en la ley del ramo ha dado como resultado una cantidad muy reducida de trasplantes, ya que consentimiento de los familiares se obtiene en muy pocas ocasiones”, se indica en la iniciativa, propuesta originalmente por la senadora Lorena Cuéllar, del PRD, en septiembre de 2017.
Con la reforma, la donación se definirá como el consentimiento ‘presunto’ o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.
En el documento se exponen la necesidad de conseguir más órganos, pues hasta marzo del año pasado, según el Centro Nacional de Trasplantes, había más de 20 mil personas esperando algún órgano, como riñones (13 mil 87), córneas (7 mil 799), hígados (399), y hasta entonces sólo se habían realizado 4 mil 312 trasplantes. Según la iniciativa, la lista de espera de órganos aumenta 35 por ciento al año.
La reforma plantea modificar el artículo 321 de la Ley de Salud para indicar que toda persona podrá donar parcial o totalmente su cuerpo “a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo”.
En el artículo 324 se prevé eliminar el requisito del consentimiento de los familiares de alguna persona fallecida que no hubiera rechazado ser donante de órganos. Más breve, la redacción quedaría así: “Habrá consentimiento ‘presunto’ del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo componentes ser utilizados para trasplantes”.
En dictamen que deberá ser avalado en el Pleno de senadores se ordena la confidencialidad entre el receptor y la familia del donante, y viceversa. Además, se prevé un registro público de personas no donantes.