Porque también las notas buenas nos deben de interesar, le cuento que con el propósito de invitar a la reflexión nacional, recientemente el CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, el cual es un ejercicio académico que comprende la evolución de estas políticas públicas en nuestro país de 2007 a 2014 y pone de manifiesto nuestras realidades, nuestros avances y nuestras metas en este rubro tan sensible para el México desigual.

Investigadores de las instituciones académicas del mayor prestigio nacional como el COLMEX, la IBERO, el CIDE y la Universidad Metropolitana, evaluaron un total de 1504 acciones, programas y políticas de desarrollo social realizadas durante los últimos 8 años por los diversos órdenes de gobierno y el resultado fue por demás interesante.

En cuanto a los avances, que han sido muchos aunque usted no me crea, el informe destaca cinco de ellos.

El primero es el cambio de paradigma respecto a la visión de esta política pública al pasar, de acciones para el desarrollo social, a acciones para garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todos los habitantes. Lo anterior no es un simple trabalenguas terminológico, sino que representa una evolución conceptual fundamental; construir políticas que determinen con puntualidad cuáles son los derechos sociales que buscarán satisfacer y entender que es obligación del gobierno garantizar para todos el ejercicio pleno de los mismos, es una base que sin ella no podíamos avanzar y que todavía en 2008, según el informe, no se tenía.

El segundo es la mejor coordinación institucional. Dentro del confuso y esquizofrénico mundo institucional mexicano plagado de dependencias y órganos que atienden por partes al desarrollo social y de los cuales para colmo los encontramos a cada uno en su modalidad municipal, local o federal, este avance resulta trascendental; ejemplo claro de esto, además de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, lo constituye el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del ramo presupuestal 33, que puede ser aplicado por los distintos órdenes de gobierno y por las distintas secretarías o institutos, siempre y cuando sus acciones se direccionen a las zonas prioritarias y se apliquen en obras asociadas con los indicadores multidimensionales de la pobreza.

En este rubro tan importante, el organizar el aparato institucional en razón del derecho que tutela y no por la actividad que realiza, apuntan los académicos que sería el óptimo ideal.

El tercer avance es la adecuación de programas para mejorar la productividad de los hogares. Al respecto cabe señalar que una política pública asistencialista por sí misma no es mala, sin embargo, sí es insuficiente para una estrategia eficaz de desarrollo social, por ello, el CONEVAL en su informe destaca que la mayoría de los programas han cambiado su planteamiento y han fijado como nuevos objetivos de sus acciones para la disminución de la pobreza, el estimular la generación de ingresos a partir del incremento de la productividad. En este aspecto, destaca el “Programa para Democratizar la Productividad” expedido en 2013 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que contiene una agenda multifactorial que propone cinco medidas para aumentar el ingreso.

El cuarto avance, concluyen los académicos, son las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, mismas que nuestra memoria de corto plazo a veces quiere eliminar, pero que verdaderamente modificaron de forma sustancial cuando menos 11 temas elementales para nuestro país. Si bien es imposible de evaluar sus resultados puesto que recién se están instrumentando, el propio sentido de las mismas representa logros considerables en materia de desarrollo social.

El quinto y último avance que consideró el CONEVAL en este informe se refiere a la institucionalidad y avances de la evaluación y monitoreo en México, es decir, a los avances en la cultura de la evaluación de políticas públicas adoptada por la mayoría de los gobiernos en estos últimos años. En cuanto a nosotros, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, en su última evaluación a sus programas sociales, avanzó de 2010 a 2013, 4 posiciones y actualmente se encuentra por encima de la media nacional en el lugar número 12.

A estas alturas es muy probable que por su mente emerja el siguiente planteamiento: Si hemos tenido tantos avances en políticas de desarrollo social como alega este fulano, ¿Por qué la pobreza no se reduce y por qué tenemos un sentimiento de que nada ha mejorado?

La respuesta no está necesariamente en las políticas de desarrollo social. Aun cuando éstas han incrementado su cobertura y mejorado su implementación, el bajo nivel de ingresos que tenemos en el país es un problema mayor que todos los avances expuestos, de ahí la necesidad de comprender la situación nacional desde una mirada compleja que analice de forma multifactorial nuestra realidad. Ninguna política de desarrollo social por sí misma es capaz de mitigar una problemática generada por algunos factores ajenos a su campo de acción.

De 1993 a 2013 el crecimiento promedio per cápita anual ha sido de 1.2%; desde 2007, sufrimos una volatilidad de los precios de los alimentos que lastima a la economía familiar; la crisis financiera de 2008 golpeó severamente las oportunidades y el empleo de millones de personas; y en 2013, según la OCDE, México fue el país con menor productividad. Para encontrar soluciones eficaces, primero debemos entender adecuadamente los factores del problema.

Las políticas de desarrollo social obedecen a los regímenes de bienestar y son las ambulancias de los heridos que deja el juego del estado liberal, el problema en México es que las ambulancias, aunque se han mejorado, son insuficientes en razón de la cancha tan dispareja del partido.

@licpepemacias

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