Zedryk Raziel Cruz Merino 
Agencia Reforma

CDMX.- El Senado aprobó una nueva ley que protege las expresiones culturales de pueblos indígenas contra el lucro privado de empresas.

A propuesta de la senadora oaxaqueña Susana Harp, el Pleno avaló la creación de la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, que consta de 102 artículos, y cuyo dictamen pasó a la Cámara de Diputados.

Luego de la polémica que envolvió a la marca de moda Carolina Herrera por el presunto plagio de diseños indígenas, la nueva legislación prevé el establecimiento de contratos para que las comunidades puedan ser retribuidas por la explotación de sus tradiciones.

La ley acota que, de manera inalienable e imprescriptible, los pueblos conservan los derechos colectivos de propiedad de dichas expresiones culturales.

«La propuesta legislativa diseñada por los senadores propone bases para evitar la apropiación indebida, así como el uso, aprovechamiento o explotación comercial no autorizado de los conocimientos, cultura e identidad y demás manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. También, propone regular el uso y aprovechamiento a cargo de terceros y procurar una retribución justa de los beneficios que deriven de la explotación de dichos bienes», indica la legislación aprobada.

«El uso comercial estaría restringido de no contar con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad titular de los conocimientos tradicionales o las expresiones derivadas de ellas, el cual estaría sujeto a los usos y costumbres de los mismos. La autorización estaría plasmada en un contrato, en el cual quedaría establecida la remuneración y el esquema de distribución de beneficios. Los contratos tendrían una vigencia de cinco años y serían prorrogables en caso de que ambas partes así lo acuerden».

La nueva normatividad tipifica como delito la apropiación indebida, así como el uso y toda forma de reproducción no autorizados, lo que se penaliza con prisión de dos a seis años y una multa de 100 a mil días de multa.

«Asimismo, en calidad de reparación de daño, se recibirá hasta el 40 por ciento del valor de venta al público de los bienes, servicios, artículos, productos o subproductos que se hayan generado», establece.