Que se sigan amparando, recomendó el Colegio de Abogados de Aguascalientes, a los propietarios de predios que se sientan inconformes con el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
El ex presidente del organismo, Javier González Gutiérrez, indicó que acceder a pagar lo que llaman la nueva modalidad, consistente en cubrir 57 pesos mensuales, es consentir un acto que está fuera de norma por establecerse al margen de la Constitución.
Consideró que en tanto el Derecho de Alumbrado Público no se determine a partir de una decisión del Congreso Federal, único facultado para ello, y no sea proporcional al servicio que se recibe, los usuarios de luz eléctrica pueden seguir ganando los juicios de amparo.
“Es un derecho que tienen y que están en toda libertad de demandar, porque de otra manera está cubriendo un servicio que no están recibiendo en la misma proporción, como lo marca la norma”.
Y no solo eso, sino que a veces ni siquiera lo reciben porque el sistema de alumbrado público en Aguascalientes tiene muchas deficiencias, es común que registre fallas y mantenga en penumbras a fraccionamientos, vialidades primarias y parques industriales.
Reiteró que aquellos que han sido convencidos de cubrir tal concepto con una cuota de 57 pesos mensuales, están consintiendo un acto del cual más adelante no podrán librarse, aun cuando les incrementen la tarifa.
González Gutiérrez indicó que evidentemente este tipo de tarifas fijadas por la autoridad estatal, incluso a través de fórmulas poco claras, son combatibles, prueba de ello es que cada vez son más las empresas que recurren el acto por ser éste un cobro infundado.
Lamentó sin embargo que los particulares se vean obligados a continuar pagando el DAP en la forma en que la autoridad lo establece, pues definitivamente pagar un juicio de amparo es más caro que el 10% de su recibo de luz cada dos meses.
“Eso, sin embargo, no los excluye de la posibilidad que hasta ahora nada más aprovechan las empresas que tienen departamentos jurídicos en su estructura o bien los presupuestos suficientes para cubrir los servicios jurídicos de manera permanente”.