Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia estableció, por primera vez, que el Estado puede autorizar tratamiento médico urgente a un menor gravemente enfermo, aunque sus padres lo rechacen por sus creencias religiosas.
La Primera Sala de la Corte avaló hoy la intervención de autoridades de Chihuahua para ordenar transfusiones de sangre a una niña con leucemia, cuyos padres son Testigos de Jehová.
«El Estado puede interferir válidamente en la autonomía parental para tomar decisiones por los padres cuando la decisión de los progenitores ponga en riesgo la vida o la salud de sus hijos», afirmó la Sala, al aprobar por cuatro votos contra uno un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar.
En primera instancia, el entonces Juez Mauricio Fernández de la Mora reprobó la actuación de las autoridades de Chihuahua y las acusó de discriminar a los padres de la niña, que son indígenas rarámuris, pero la Corte revocó esta sentencia.
Fernández de la Mora, ahora magistrado, es el autor de la sentencia de un tribunal colegiado de Reynosa que desconoció la investigación de PGR en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia.
En abril de 2017, la niña de seis años, de nombre Saraí, fue internada en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, pero una vez revisada por los médicos, los padres pidieron un tratamiento sin transfusiones.
La trabajadora social del hospital consideró que, por su grave estado de salud, Saraí debía quedar a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua.
Esta inició un procedimiento de protección de menores, por el que asumió la toma de decisiones por encima de los padres, y autorizó la transfusiones, que fueron aplicadas quince días.
El diagnóstico eventual fue de leucemia linfoblástica aguda, que requería quimioterapia urgente y transfusiones adicionales. Los padres nuevamente rechazaron la propuesta y pidieron una segunda opinión, por lo que la Subprocuraduría autorizó la quimioterapia.
Fue entonces cuando la madre, María Ignacia Chávez, presentó un amparo en el que alegó que «los médicos y la Subprocuraduría la han hecho sentir que al ser indígena es ignorante y no puede tomar las decisiones adecuadas respecto a los tratamientos de su hija».
En mayo de 2017, el Juez Fernández concedió una suspensión que impidió a la Subprocuraduría seguir tomando decisiones, y posteriormente concedió un amparo en el que acusó a la Subprocuraduría de «prácticas discriminatorias» contra los padres.
Esta es la sentencia que la Corte revocó. «Resulta evidente que la actuación del personal hospitalario y de la Subprocuraduría no se basó en prejuicios religiosos o étnicos, sino en la necesidad de salvaguardar la vida de la menor», dice el fallo.
Agrega que el procedimiento de protección a Saraí debe seguir, únicamente para autorizar las transfusiones necesarias, otorgando trato digno, incluyente y respetuoso a los padres.