Una de las mayores preocupaciones de la administración pública, es encontrar los elementos apropiados para que las familias que no tienen acceso a créditos por parte del Infonavit y el Fovissste puedan incorporarse a los programas de vivienda, y lo hagan de acuerdo a sus posibilidades de pago.

Aunque el gobierno del estado tiene un organismo dedicado para ese fin se requiere reforzarlo para que sus beneficios lleguen a más personas y a ello se comprometió el titular del Poder Ejecutivo Martín Orozco Sandoval, al pronunciarse por la creación de esquemas crediticios para los trabajadores no asalariados y la recuperación de casas abandonadas

Al presidir la toma de protesta del nuevo consejo directivo 2018 de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), capítulo Aguascalientes, el mandatario estatal subrayó la importancia de este sector, que representa una derrama anual de 5 mil 500 millones de pesos y promueve 40 ramas económicas, además es de las fuentes más importantes de empleo con 40 mil al año y la construcción de 10 mil casas.

La labor que desempeñan los integrantes de la Canadevi es vital para el desarrollo de la entidad, apuntó Orozco Sandoval, por lo que los gobiernos “tenemos la obligación de generar infraestructura”, para que a su vez los constructores “nos ayuden a hacer viviendas”, función en la que tomen en cuenta los aspectos sociales, de sostenibilidad y económicos en los proyectos de  nuevos fraccionamientos.

Como parte de su labor los exhortó a participar en la planeación de esquemas crediticios, dirigidos a trabajadores no asalariados o que no tengan acceso al Fovissste e Infonavit, que encuentren apoyos que vayan de acuerdo a su ingreso, además de seguir trabajando con las instancias correspondientes para recuperar las casas abandonadas que una vez reparadas puedan adjudicarse a quienes las requieran.

En tanto, el nuevo presidente de la Cámara, Antonio Rodríguez Mireles, planteó ante el gobernador del estado la necesidad de crear una ventanilla multi-trámites (más conocida como ventanilla única), que por muchos años ha solicitado el sector empresarial para que en un mismo lugar se puedan cumplir todas las obligaciones que exigen los tres niveles de gobierno.

También propuso establecer un censo estatal de vivienda, que permita conocer cuántas casas están sin uso y que por lo mismo son atacadas por vándalos, mismas que deben rescatarse para que sean entregadas a trabajadores que no tienen relación con corporaciones  públicas.

Por ser un sector muy cercano a la vida individual y colectiva, es importante seguir de cerca los resultados que tenga la nueva directiva de la Canadevi, que de cumplirse lo delineado por Rodríguez Mireles se avizoran mayores oportunidades de bienestar para un número significativo de aguascalentenses.

EN EL AIRE

Por más que se esfuerzan en las esferas oficiales y en el Congreso del Estado de señalar que no habrá marcha atrás con la Ley de Movilidad, hay elementos para considerar que no está dicha la última palabra, tan es así que los concesionarios del transporte urbano alistan una serie de amparos para echar para atrás los artículos que, aseguran, lesionan sus intereses.

Desde que se planteó ese mandato, se mencionó que antes de aprobarlo tenía que estar debidamente sustentado y consensuado, ya que de no ser así vendrían los problemas. En respuesta, quienes fabricaron la ley y los que la certificaron dijeron que todas las partes estuvieron de acuerdo, no obstante, antes, durante y después de la sesión del parlamento en que se confirmó, hubo protestas y amagos de recurrir a la protección de la justicia federal para evitar su aplicación.

La primera en recurrir a esa figura jurídica será la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), al adelantar su vocero Manuel de la Cruz Ricalde que están en total descuerdo en que los incrusten en una empresa, ya que ellos siempre se han manejado de manera independiente y con sus propios recursos, además, como empresarios están en su derecho de decidir lo que mejor les acomoda y por ahora no los convence depender de un organismo.

Al respecto hay diversas opiniones, una de ellas la del líder de los operadores, Roberto Mora Márquez, quien tiene tiempo de exigir que se cree una empresa administradora del transporte urbano, con lo que se acabarían las complicaciones que enfrentan al tener cada chofer como patrón al dueño de la unidad, principalmente en materia económica y de prestaciones, en cambio, de ser una sola entidad la que se encargue de las relaciones obrero-patronales tendrían todas las garantías que señala la contratación y la propia Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, el gobierno del estado reitera que la modernización se alcanzará sólo si el conjunto de concesionarios están bajo una sola firma, con la que contraigan obligaciones y responsabilidades de llevar a buen puerto este programa, que por cierto es de los compromisos que asumió el mandatario estatal desde su campaña.

Desde que se bosquejó la Ley de Movilidad, en ATUSA expresaron su oposición a la mayoría de los artículos que tenían relación con su actividad, no obstante, se mantuvo la ruta legislativa hasta llegar a la aprobación, pero que podría frenarse si un juez federal considera que no está debidamente sustentada, o que lesiona la organización interna, sus inversiones y el provecho de los demandantes.

Al mismo tiempo que exigen que la administración del negocio continúe siendo por ellos mismos, Manuel de la Cruz expresó que los camiones ecológicos no son rentables en las actuales condiciones económicas, ya que su costo es cercano a los tres millones de pesos, en tanto que el modelo tradicional está en un millón 600 mil pesos, por lo que el compromiso de ATUSA es adquirir entre 15 y 20% de nuevos carros, esto es alrededor de 140, con lo que se cumpliría en su totalidad la renovación ya que los demás están dentro de la norma.

Lo único que resta es saber cómo procesará el gobierno esta exigencia, porque una vez que se radique en  un juzgado saldrá de la esfera declarativa para entrar a un forcejeo legal, lo que pudo – y puede evitarse – con diálogo y tolerancia de los involucrados en aceptar las razones – apegadas a derecho – de la contraparte.

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FIRMEZA SOCIAL

Aspirantes al Senado de la República se comprometen a impulsar programas de apoyo y defensa de los hombres y mujeres que dentro y fuera del país luchan por superarse, lo que será posible en la medida que se hagan las reformas legislativas correspondientes y se tenga una protección férrea de los acuerdos que interna y externamente les beneficia.

La priista Lorena Martínez Rodríguez dijo que defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es darles seguridad a más de 180 mil aguascalentenses que dependen de la industria automotriz. Dijo que los próximos integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados podrían ser los encargados de aprobar los acuerdos entre México, Canadá y Estados Unidos, por lo que desde ahora asumen la responsabilidad de vigilar que exista equidad entre los tres países.

Por su parte la panista Martha Márquez, anunció que si el voto la favorece pugnará por la creación de la ley general para el desarrollo de los jóvenes emprendedores, que los impulse y contemple exenciones de impuestos y estímulos fiscales y tengan opciones de créditos y microcréditos.

De manera similar subrayó el también abanderado del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, al citar que impulsará a las micro, pequeñas y medianas empresas, con la creación de centros de atención que funcionen en todos los municipios, lo cual mejorará la economía de cada lugar.

Gustavo Adolfo Granados Corzo, del PRI, consideró que debe haber un trabajo intenso para reducir los niveles de inseguridad que se registran en el país y con un fuerte incremento en Aguascalientes, por lo que debe haber cambios en la ley y en los propios mandos de las corporaciones.

SOLIDEZ INSTITUCIONAL

Desde el ámbito de responsabilidad, los gobernantes deben contribuir a la construcción de acuerdos y al fortalecimiento de la unidad nacional, señaló el presidente Enrique Peña Nieto ante los gobernadores del país, exhortándolos a sumar más allá del contexto electoral.

Durante la clausura de la 54 reunión plenaria de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), dijo que sin importar en qué entidad federativa se encuentren, los mexicanos debe saber que las instituciones están ahí para proteger sus derechos y hacer valer la ley.

En este sentido, el mandatario apuntó que cada uno debe contribuir a la construcción de acuerdos y al fortalecimiento de la unidad nacional, por lo que, respecto a su propio encargo, en estos cinco años y medio, independientemente de sus “legítimas diferencias” políticas, el gobierno federal y los de los estados han sabido coordinar y sumar esfuerzos a favor de los mexicanos, por ello “la invitación es que sigamos por este camino, sumando y multiplicando, más allá del contexto electoral. El proceso electoral será una nueva oportunidad para demostrar la solidez de nuestras instituciones y la madurez de nuestra democracia”.

Peña Nieto sostuvo que “desde el gobierno de la República seguiremos actuando con estricto apego a nuestro régimen legal, porque es tarea de todos fortalecer la legalidad como pilar de la convivencia pacífica, la democracia y el desarrollo”.

Resaltó que hace más de cinco años, durante su primera participación en la Conago, asumió el compromiso de trabajar con cada gobernador para promover una profunda transformación nacional, por lo que, sin la participación de los poderes estatales y del Congreso, las reformas no hubieran sido posibles.

Ante los mandatarios – con excepción de los de Chihuahua, Jalisco y Sinaloa -, EPN comprometió el apoyo de las fuerzas federales donde se necesite, aunque consideró indispensable que dentro de las atribuciones que corresponden a los gobiernos se fijen los alcances, límites y plazos para sus labores.

Por otra parte, en la ceremonia de Día del Politécnico que se desarrolló en el Salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto hizo una firme defensa de los avances logrados en su administración, y aunque aún falta mucho por hacer, demandó no poner todo en la canasta de que todo está mal y reconocer lo alcanzado.

Hizo mención que cuando dicen “qué mal estamos” o “qué mal está nuestro país”, “ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido”, pues francamente es no querer ver o reconocer “lo que sí hemos logrado” y los adelantos que se registran y la mejor muestra son los indicadores en crecimiento, empleo, inflación e inversión extranjera directa.

“Déjenme defender, y creo que es legítimo hacerlo, lo que se ha logrado avanzar en estos poco más de cinco años que va de esta administración”, reiteró ante las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de los galardonados y de todos los que integran un organismo que tanto le ha dado a este país.

Manifestó que en México habrá quienes no aprecien los cambios estructurales que ha logrado el país, pero que el mundo los reconoce y por eso deciden invertir en territorio nacional, es el caso de los sectores energético, donde hay una inversión comprometida de 200 mil millones de dólares, y en telecomunicaciones, en que se han logrado reducir costos de telefonía e internet.

El titular del Poder Ejecutivo federal ironizó al citar: “Qué tan mal estamos que hemos logrado generar el mayor número de empleos en la historia de nuestro país, en ninguna otra administración de ningún otro tiempo se había logrado 3.6 millones de empleos, auténticamente los empleos sumados generados en las dos pasadas administraciones (…) si eso es estar mal pues de no reconocer este avance”.

Posteriormente, Peña Nieto reconoció la confianza de la empresa química estadounidense DowDuPont, que tiene presencia en México desde hace casi un siglo y que da empleo a casi mil 500 mexicanos. Recibió en privado, en Los Pinos, al director general de DowDuPont, Andrew N. Liveris, quien anunció al gobernante que dejará el cargo al interior de la empresa en el mes de julio, por lo que recibió una felicitación “por su exitosa gestión y confío que la sucesión del liderazgo será una oportunidad para la compañía de continuar impulsando la innovación y el desarrollo en el sector”, indicó el comunicado de la Presidencia.

TRABAS EN EL TLCAN

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido difícil, debido a las exigencias de la parte estadounidense que pretende imponer condiciones, que para México pueden resultar lesivas, lo cual ha llevado a que se tenga que trabajar intensamente para que Estados Unidos y Canadá reconozcan que junto con México debe de haber total respeto entre sí, igualdad de derechos, de oportunidades y de pleno respeto a la soberanía de cada una de las partes.

El tema laboral es uno de los principales asuntos que dificulta llegar a un acuerdo, en función que los legisladores de EU impulsan integrar a la discusión cambios que incidan en las leyes y normas de trabajo mexicanas.

Esto tiene que ver con la posibilidad de que integren al convenio textos para permitir que un país pueda pedir el establecimiento de un panel de controversias cuando encuentre violaciones laborales en algunos de sus socios, no obstante que no existan alteraciones al libre comercio.

Conforme a los informes que se han recabado, se pretende “debilitar” el estándar actual para determinar la existencia de una violación a los derechos laborales aún cuando no esté ligada al comercio.

Sobre al particular, el secretario de Comercio y líder del equipo negociador mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que “el movimiento laboral norteamericano quiere meter un lenguaje más fuerte donde prácticamente cualquier violación sistemática permanente tenga o no relación con el comercio internacional sea parte del mecanismo de solución de disputas”.

El asunto radica en que un conflicto laboral municipal puede denunciarse aún cuando no tenga que ver con el comercio exterior, por ejemplo, explicó el funcionario, que si un sindicato de limpia de un municipio no defiende los derechos laborales de manera permanente que afectan la recolección, aún y cuando no tenga impacto comercial, puede denunciarse.

“Los demócratas siempre con asociaciones muy cercanas a los sindicatos, querían seguir empujando un capítulo laboral más fuerte para incidir en los temas de la legislación mexicana”, reiteró Ildefonso Guajardo.

El subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, reconoció que Estados Unidos no ha presentado una propuesta como tal, pero “hay una serie de ideas” al respecto, de actores políticos que han pedido introducirlo, aunque cabe recordar que el TLCAN no incluyó el capítulo laboral, es parte de una carta paralela que se insertó luego de su firma, por lo que ahora se intenta que sea un capítulo, con lo que se integraría al documento del Tratado.

Baker precisó que México no tiene problemas en que las disposiciones laborales se incorporen como un capítulo del TLCAN, puesto que hay muchos aspectos que ya se discutieron en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), en lo que está en desacuerdo es que se permita iniciar controversias comerciales al encontrarse violaciones laborales, aún y cuando no tengan relación con el comercio.

DESPLOME DEL CAMPO

Una tercera parte de la actividad productiva del campo de México se encuentra bajo la extorsión del crimen organizado, al tener que pagar 120 pesos por hectárea de cultivo al mes, 100 pesos por tonelada de grano embodegada, y 1,000 pesos  por hectárea de maíz cosechada.

Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), denunció el abandono del campo por parte del gobierno federal en los últimos 30 años, hecho que abrió la puerta al crimen organizado en el sector.

Refirió que “hoy en el campo gobierna el crimen organizado. Hablando de superficie agrícola, ganadera, pecuaria, el crimen, muy conservadoramente, está afectando entre el 25 y 30 por ciento de las actividades del sector agropecuario en el país”.

Es un quebranto, que dijo, asciende a más de 2 mil 220 millones de pesos anuales, debido a lo que se paga de cuotas, manipulación de la comercialización de productos, lo mismo que el robo de granos, maquinaria, equipos, fertilizantes y camiones, entre otras causas.

Es un escenario que se repite en varias entidades, explicó el dirigente, “en todas las regiones de cultivo de diversos productos, al grado que comunidades enteras se están desbaratando, por su parte el Congreso de la Unión estableció que “es una realidad que está afectando quizá todavía más que los desastres naturales en términos de impacto de largo plazo”.

Los datos que hicieron llegar al Congreso establecen que los dueños de la tierra llegan a pagar al crimen 120 pesos por hectárea de cultivo al mes, 100 pesos por tonelada de grano embodegada, y mil pesos por hectárea de maíz cosechada, lo cual “viene a agravar todavía más la situación del campo porque, aparte de pagar los impuestos y encontrarse en falta de inversión y abandono, las pocas actividades económicas que quedan tienen que tributarle al crimen”, juzgó Francisco Chef, líder del Movimiento Social por la Tierra.

El mejor ejemplo de la situación que priva se registró en el Municipio de Padilla, del estado de Tamaulipas, en donde el crimen perjudicó la producción de maíz, sorgo y naranja, lo que llevó a la parálisis a la zona citrícola que provocó perdidas por 200 millones de pesos en 2017.

Por si lo anterior fuera poco, la importación de granos les ha pegado duro a los cosecheros mexicanos. Los grandes mayoristas importaron 60 mil toneladas de frijol, en el preciso momento que se comercializaba el producto nacional, lo que colapsó el precio, ya que el que llega del país vecino es a un costo menor y por su volumen puede abarcar la mayor parte del mercado.

ARCA POLÍTICA

Después del segundo debate la campaña presidencial entró en un compás de espera, al reciclar los candidatos sus promesas y mantener vigente los dichos y cuchufletas, lo que en algún momento atrajo el interés, pero ahora es poca la atención que se le da, ya que el electorado quiere escuchar cuáles son planes de gobierno y principalmente que tengan un sustento real.

De lo registrado en los últimos días no hay mayores comentarios, por lo que habrá que remitirse a lo expresado por cada uno de ellos el pasado 20 de mayo, en la ciudad de Tijuana.

Juan Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, se comprometió a proteger a México de embates del extranjero, a defender la apertura comercial ante el mundo, ya que hacer lo contrario implicaría perder empleos; a no permitir ningún acuerdo, en  ningún tema, que no esté basado en el respeto; a diversificar el comercio con distintas regiones del mundo, a no descansar hasta que los migrantes mexicanos y sus familias estén tranquilos y trabajar en su defensa en coordinación con autoridades de Estados Unidos para que obtengan licencia de manejo, servicios de salud, educación y contratación de abogados para ellos y sus familias. También garantizar que los migrantes mexicanos, que a su regreso encuentren empleo, educación, servicios de salud, acceso a créditos, y trabajar con las comunidades de origen para apuntalar la educación de los niños y jóvenes, llevar más inversión al sur-sureste y cambiar el rostro de la frontera.

Andrés Manuel López Obrador, abanderado de Morena, propondrá a Estados Unidos, en la renegociación del TLCAN, la firma de algo parecido a la Alianza por el Progreso que incluya a EU. Canadá, México y Centroamérica; incluir la mejora de los salarios en la renegociación del TLCAN; aumentar al doble el salario mínimo, teniendo en cuenta que hay trabajadores de EU que ganan 10 veces más; construir una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el tramo de Tehuantepec, para el traslado de contenedores de carga y comercialización de productos; convertir los consulados de México en EU en una especie de procuradurías para la defensa del migrante; nombrar como embajadora de México en la ONU a Alicia Bárcenas; trabajar dentro de México para que la gente no tenga necesidad de migrar, y alentar la producción para que crezca el empleo y que se termine el problema de la corrupción.

Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, plantea aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros cuatro años de gobierno duplicarlo; que todo el que gane menos de 10 mil pesos no pague el Impuesto Sobre la Renta (ISR); bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad, implementar el plan nacional de infraestructura para hacer más competitivo a todo el país; una nueva estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado, a la corrupción con policías limpias, promover el deporte y la cultura y exigirle a EU que haga su parte para detener el tráfico de armas. Asimismo, abrir el debate para revisar la propuesta de legalización de la marihuana, diversificar y replantear la relación con EU y con este país poner todos los temas sobre la mesa y no revisarlos por separado, además de buscar un plan con 135 acciones con puertos, aeropuertos y carreteras.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente, propone “destetarnos de los gringos” y ponerlos en su lugar, recuperar Banamex, comprar en otra parte, usar dinero de programas sociales para potenciar el salario, con lo que se evitará que “miles de mexicanos vivan de la dádiva”, bajar el ISR de 35% a 30%, el IVA de 16% a 10% y quitar impuestos a gasolinas; “mocharles las manos” a los corruptos que hay en las aduanas; ser presidente itinerante; levantar un inventario de consumidores de droga para saber la gravedad exacta y cómo actuar; convertir el estado de Chiapas en California, usar dinero de programas sociales en inversión en la frontera sur; dedicar 5% de las remesas para defender a los migrantes; establecer relaciones comerciales con las regiones asiática y sudamericana, cobrar a Donald Trump lo que se ha invertido en migrantes; aumentar el patrimonio en el país para reinsertar a los deportados y potenciar ciudades de la frontera norte.

 

 

 

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