La fe y la confianza se ganan con hechos que definen con claridad que existe respeto a sí mismo y hacia los demás, algo que difícilmente se encuentra en la función pública. Pocos funcionarios son congruentes entre el decir y actuar, por lo que el ciudadano mira con recelo al que, presuntamente, está a su servicio.

La mejor muestra se encuentra en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), que se “columpia” a la hora de definir si son legales o no las cuotas escolares. Por una parte asegura que la inscripción en las escuelas es gratuita, por lo que no se debe ni se puede exigir una cooperación económica, pero por otra deja al libre albedrío de las sociedades de padres de familia pedir esa aportación, que por regla general va de 300 pesos por alumno hasta 1,000 pesos por padre de familia.

Es evidente que a algunos funcionarios les pasa lo que al Tío Lolo, porque la tristemente célebre cuota nunca ha sido voluntaria y mucho menos aceptada, sólo que ante la falta de unidad para defender el derecho que le asiste a los hijos de recibir la enseñanza sin costo alguno es lo que propicia que los progenitores mantengan esta carga.

En un juego de palabras el director general del IEA, Raúl Silva Perezchica, señala que dicha contribución “se ha convertido en una obligación moral, no legal”, pero más adelante refiere que no se han eliminado las cuotas voluntarias “porque éstas se encuentran autorizadas por la ley y nadie puede prohibirlas”, aseveración que es inexacta ya que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo sexto, no hace mención sobre ese particular, sólo reitera que “es deber jurídico del Estado y sus Municipios impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de conformidad con los principios de universalidad, gratuidad y laicidad”.

En tanto la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes establece, en el artículo noveno, que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, sin embargo en el artículo duodécimo cita: “Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a la educación impartidas por el Estado, en ningún caso se entenderá como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas del Estado, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias”.

En esta acrobacia de expresiones, se instituye en la Constitución que la educación es gratuita y por otra, en la Ley de Educación, no sólo menciona las “donaciones” sino que la misma autoridad educativa es vigilante y rectora del destino que tenga ese dinero, que es a lo que se acoge Silva Perezchica, aunque se equivoca cuando cita que la entrega no es legal, cuando lo autoriza el artículo onceavo de la Ley de Educación.

Asimismo, la misma legislación ordena que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones (exámenes), la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos al pago de contraprestación alguna (tercer párrafo del artículo onceavo), lo que en el terreno de los hechos los niños o niñas cuyos papás no entregaron la cuota son marginados o de diferente manera son señalados por esa falta de “solidaridad” con su escuela, cuando la razón puede ser que no tengan dinero o que, de plano, se nieguen hacerle el caldo gordo a quienes actúan como la Chimoltrufia.

Además de las participaciones “voluntarias”, el gobierno del estado entrega 50 millones de pesos en apoyo a las escuelas, suma que debería de ser más que suficiente para atender las necesidades que tenga cada plantel.

Está claro que en lo único que sí deben cooperar los papás es para casos específicos, como son los festejos del Día del Niño, las fechas dedicadas a la madre y el padre, el Día del Maestro y los festejos de Navidad y fin de año, pero que de ninguna manera tiene que ser gravoso para la economía familiar.

JUSTICIA LABORAL

Lo que deberían de ser acciones paralelas en la práctica son distantes, por lo que, pese a que hay una fecha para que se inicie el nuevo Sistema de Justicia Laboral en Aguascalientes, permanece el rezago en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), lo que obligará a que por un tiempo funcionen ambas modalidades al mismo tiempo.

Desde hace más de dos años que se viene hablando de la infraestructura para albergar los juzgados del nuevo Sistema, que deben ser de cuatro a seis, a la par de concursarse las plazas de jueces, secretarios y demás personal especializado, en tanto seguirá trabajando la JLCA para darle salida a los miles de expedientes.

Se tiene previsto que en 2021 el nuevo esquema reciba los casos que se presenten en esta materia y se haga efectivo el traslado de asuntos que dejará de recibir la Junta Local, con lo que se asegura habrá mayor agilidad en beneficio de las partes en litigio.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, informó que Aguascalientes está comprendido en el segundo paquete de cambios, como parte de la reforma, por lo que de inicio será necesario de cuatro a seis juzgados laborales, de ahí que desde ahora tiene que planearse la infraestructura y el personal correspondiente.

A nivel nacional se iniciará el procedimiento en octubre del presente año en diez entidades y el segundo bloque será un año después en otras 11 entidades, en donde está integrado Aguascalientes, lo que exige estar preparados, ya que como se ha informado la justicia laboral pasa a la jurisdicción del Poder Judicial, tanto federal como estatal que se encargarán de atender el ámbito correspondiente.

El programa general lo encabeza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que se espera que el gobierno federal provea de lo que requiera cada entidad para acometer esta nueva responsabilidad, que aún cuando será diferente a las tareas que tienen encomendadas, se ha ido preparando en la parte académica y operacional.

Por su parte, los sectores patronal y obrero tienen plena seguridad que este cambio será benéfico, ya que habrá mayor agilidad en la atención de los expedientes y por ende en menor tiempo se tendrá los fallos.

De manera muy precisa lo detalla el especialista Javier Molina Martínez: “La reforma al Artículo 123, apartado A de la Constitución, de febrero de 2017, abrió un espacio para la reconfiguración del sistema de justicia laboral. No se trató únicamente de la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCyA) y la consecuente creación de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas; más bien deben concebirse como el momento preciso para establecer un sistema de juicios que haga efectivo el acceso a la justicia, basados en los principios de inmediación, concentración, publicidad, celeridad y gratuidad, a través de la técnica oral”.

LE HIZO EL FEO

A más de un año que se anunció que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tendría su sede en Aguascalientes, la directora general Ana Gabriela Guevara Espinoza no se ha dignado ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo de cumplir el compromiso del presidente Manuel Andrés López Obrador. Tal vez se le hizo poca cosa el estado, al estar acostumbrada a la capital del país, que al mismo tiempo le permite estar muy cerca de donde se toman las decisiones políticas, al mencionarse como una de las aspirantes a gobernar su natal Sonora.

EL ALANIZ COLIMENSE

Indudablemente que está presente el caso del diputado panista Guillermo Alaniz de León, que soñó con pasar a los anales por  haber sido el primero en horadar la autonomía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), pues ya le salió un imitador en Colima con el legislador de Morena, Vladimir Parra,  al proponer una reforma a la ley orgánica de la Universidad de Colima, presuntamente para evitar cotos de poder y hacer más transparente la gestión de los recursos, intromisión que de inmediato fue rechazada por la comunidad universitaria al considerar una amenaza a la autonomía. Ante esa repulsión, Parra no se da por vencido y pretende un diálogo abierto con el rector, José Eduardo Hernández “para discutir la propuesta”, lo cual se antoja difícil que se de, ya que no hay nada que argumentar y la autoridad universitaria no puede bajarse al nivel de un “grillo”. Es factible que al igual que sucedió con Guillermo Alaniz, a Vladimir Parra le pase lo que al perro de la tía Cleta.