Noé García Gómez

Dicen en la ciencia política que “no diseñar un andamiaje estatal y gubernamental que tu peor adversario pueda utilizar cuando gobierne”, una premisa que busca cuidar los contrapesos de las democracias. La realidad es que en México los partidos que alternaron el poder, no se imaginaron que un liderazgo anti-establishment o antisistema como López Obrador llegaría; tuvieron la oportunidad de utilizar su mayoría en la anterior legislatura ya sabiendo el resultado electoral y siguieron desgastándose en batallas pírricas, en lugar de proponer importantes cambios.
A lo largo de 18 años y tres sexenios se dedicaron a establecer un andamiaje para pasar de un híperpresidencialismo (antes del 2000) a una híper elite política nacional todo poderosa (después del 2000), se dedicaron a repartir tanto los recursos como los poderes, teniendo su clímax en el “Pacto por México” una concertacesión para dar gobernabilidad, donde se pusieron en la mesa, cargos, presupuestos, instituciones, leyes y recursos que compartían entre PRI y PAN e incluyeron en 2012 al PRD ya sin Andrés Manuel.
Ante ese escenario, y el ánimo de construcción del Estado y establecer un cambio radical en el sistema político, también se crearon contrapesos que cumplen la función de nivelar las acciones y decisiones. En ese andamiaje están los órganos constitucionales autónomos; Ugalde Calderón establece un principio fundamental “En virtud de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder, puesto que generaron desconfianza social disminuyendo la credibilidad gubernamental, se dio lugar a la creación de órganos constitucionales autónomos, encargados ya sea de fiscalizar o controlar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad.”
Manuel Carrillo puntualiza “También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional” por lo que tiene dos premisas, la primera órganos des partidizados (mas no despolitizados) y con un espíritu técnico en su área.
También han cumplido la función de conciliar posturas entre los poderes tradicionales y grupos económicos y sociales, por la misma la autonomía de la institución, pero las designaciones de los funcionarios están en manos de uno o más de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
¿Cuáles pueden ser considerados? Instituto Nacional Electoral (INE), Banco de México (Banxico), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), las Universidades Autónomas, y Fiscalía General de la República.
La realidad es que cada sexenio hay embates contra los órganos autónomos, y este sexenio no podría ser la excepción; el nuevo gobierno bajo pretexto de excesivos salarios (que sí los tienen) y opacidad en el ejercicio del gasto (que también hay cierta razón) sus dos primeras víctimas que están en la mira son; el INEE a través de la reforma educativa enviada al Congreso lo pretende desaparecer y establecerlo como un organismo dependiente de la misma SEP; y la Fiscalía General de la Nación donde ante su Ley Orgánica y el nombramiento casi en automático pasara como un subordinado del titular del ejecutivo.
El debilitar los órganos autónomos, mermará sus capacidades como contrapesos frente al Poder Ejecutivo y eso no es deseable en ningún estado constitucional. Pero digámoslo, no es exclusivo de este gobierno la tentación de controlar a los órganos autónomos, ni tampoco que se a la inversa: que los órganos autónomos quieran enfrentar al ejecutivo con posiciones políticas y con efectos electorales.
Lo preocupante es que la oposición institucional (partidista) sigue sin leer las señales y establecer estrategias efectivas, pongo dos ejemplos; a) cuando se anunció la iniciativa educativa, la oposición se lanzó a justificar la supuesta vulneración de la autonomía universitaria, perdiendo de vista la desaparición del órgano encargado de evaluar la política educativa, el INEE, el equivalente seria que el INEGI dependiera de SEGOB, al día de hoy, no hay partido que ponga en su agenda el tema educativo y menos la autonomía del órgano que evaluará las políticas en este ramo del gobierno; b) cuando se anunció las medidas de austeridad y recortes presupuestales a órganos autónomos la defensa de la oposición se entendió en justificar los salarios y gastos, en lugar de tomar la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y planes de trabajo.
Finalmente, la circunstancia de que los organismos autónomos guarden autonomía e independencia, no significa que no formen parte del Estado, pero su principal característica es que su función no tiene que estar sujeta a los vaivenes políticos o electorales, sino lo técnico e imparcial; con ello poder servir como un sano contrapeso en la actual coyuntura nacional.
La actual oposición y actual gobierno tendría que tener presente las palabras deTimothy Snyder “no rompan las reglas que mantienen a la república unida porque un día necesitarán el orden; y no destruyan a los oponentes que respetan esas reglas porque un día les echarán de menos”.