Estimado lector, el pasado lunes, el Presidente de la República, en cumplimiento al compromiso que había adquirido la semana anterior al anunciar el plan denominado “Por un México en Paz”, envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional mediante la cual se pretenden modificar diversas disposiciones de nuestra Carta Magna para la creación de las policías únicas estatales, suprimiendo la participación del orden municipal en las tareas de seguridad pública, así como la readecuación de la competencia federal en materia penal y la intervención de la Federación en la desaparición de Ayuntamientos.

Dicha iniciativa ha sido merecedora de todo tipo de comentarios e interpretaciones. Por un lado, unas voces hablan de centralización de la fuerza pública y de atentado a la autonomía municipal, mientras que otras, de eficacia policial y de restablecimiento del orden público. Lo que es un hecho es que el planteamiento está en la mesa, en pleno estudio y discusión por parte de los Senadores, con un involucramiento importante de la opinión pública en este tema.

Por lo anterior, considero que resulta conveniente hacer un análisis de la iniciativa presidencial, comenzado por los artículos constitucionales que se buscan adecuar:

Artículo 21.- Determina que la función de la seguridad pública será una facultad concurrente y coordinada entre la Federación y las entidades federativas, excluyendo a los Municipios de este quehacer gubernamental, limitándolos al diseño y ejecución de políticas públicas de prevención “no policial” de los delitos. Asimismo, se renuevan algunas bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacándose que ahora los fondos de ayuda federal sólo serán asignados a los Estados, a cambio de imponerle la obligación a las corporaciones estatales de actuar bajo el mando de las federales, en los términos de la Ley de la materia.

Artículo 73.- Amplía la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos y faltas contra la Federación, así como las penas y sanciones a imponer, cediendo, por exclusión, a los Congresos locales la facultad para legislar sobre todos aquellos delitos no tipificados como federales. Es decir, la legislación penal federal ya no necesariamente se limitará a delitos como los electorales, el secuestro, la trata de personas, contra periodistas o producto de la delincuencia organizada.

Artículo 104.- Amplia la facultad del Poder Judicial Federal para conocer y resolver los juicios penales sobre los delitos del orden federal y, a partir de ahora, sobre los que determinen las Leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión.

Artículo 105.- Excluye a la intervención de la Federación en la desaparición de Ayuntamientos como posible materia de una controversia constitucional tramitada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, esta acción federal no será considerada como una supuesta invasión de competencias.

Artículo 115.- Faculta a la aún no constituida Fiscalía General de la República para advertir al Secretario de Gobernación de la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales, para que, de manera conjunta, le soliciten al Senado de la República su autorización a efecto de que sea la Federación quien asuma provisionalmente las funciones municipales en una demarcación, de manera parcial o total, debiéndose convocar a elecciones extraordinarias, por parte del Congreso local, sólo en el caso de que la asunción de funciones sea total. Todo lo anterior, normado de manera específica en una Ley reglamentaria. Asimismo, se suprime la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos para expedir bandos de policía, asignando la responsabilidad de la aplicación de los bandos de buen gobierno y las sanciones administrativas a agentes administrativos que no podrán ser policías. Finalmente, se determina contundentemente que la seguridad pública de los Municipios estará a cargo del Gobernador de su Estado, debiendo aportar los Ayuntamientos recursos económicos a sus entidades federativas para el cumplimiento de esta tarea policial.

Artículo 116.- Prohíbe la celebración de convenios entre los Estados y sus Municipios, a efecto de que éstos últimos no puedan asumir el servicio de la seguridad pública en sus territorios.

Artículo 123.- En su apartado B, se excluyen a los policías municipales como trabajadores al servicio del Estado.

De manera sintetizada, este es el contenido y los alcances de la reforma constitucional propuesta por el Presidente Peña Nieto. Cabe señalar que los artículos transitorios de la misma prevén diferentes plazos para la implementación de las adecuaciones legislativas y administrativas que serán necesarias. Particularmente, la transición de las policías municipales a las corporaciones estatales deberá de hacerse en un plazo máximo de dos años en el caso de los Estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, mientras que para las demás entidades federativas no se les otorga un plazo fatal y la transición sería en función de los tiempos plasmados en los denominados “planes estratégicos”.

Por cuestión de espacio, me es imposible manifestar, en esta ocasión, mis puntos de vista sobre la reforma planteada, así que lo haré en mi próxima colaboración.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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