Estimado lector, en la ocasión anterior compartí con Usted los aspectos fundamentales que integran la iniciativa de reforma constitucional recientemente enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República. A manera de recapitulación, puedo decir que los principales elementos de la propuesta giran en torno a tres temas en particular: Establecer el mando único policial estatal en todo el país, facultar al Congreso de la Unión para expedir Leyes generales en materia penal y de seguridad pública y plantear la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones de los Ayuntamientos municipales, cuando éstos se encuentren infiltrados por el crimen organizado.

Por su parte, la iniciativa argumenta que “México requiere una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construida, así como para atender nuestra situación (actual) de seguridad es necesario concentrar las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno (federal y estatal), a efecto de facilitar las condiciones de mando, así como de focalización de tareas de seguridad en determinados territorios”.

Al día de hoy, la iniciativa se encuentra en análisis en la Cámara de Senadores, especulándose la eventual aprobación de un periodo extraordinario de sesiones para la próxima semana y con ello estar en condiciones de atender el llamado de apremio hecho por el Presidente y diferentes actores políticos y sociales del país.

La propuesta presidencial ha sido objeto de muy diversos comentarios y posturas en su debate. Al final del día, a quienes lesiona orgánica y presupuestalmente esta iniciativa es a los municipios del país, quienes se han pronunciado sobre la misma con diferentes perspectivas.

Como diría mi buen amigo y columnista de este diario, Josemaría León Lara, “según el sapo es la pedrada”. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a los Presidentes Municipales de extracción panista, rechaza la iniciativa del Presidente de la República por considerarla centralista y representar “una invasión a la autonomía de los Ayuntamientos que afectaría gravemente su gobernabilidad”, a decir del Presidente de esta organización, Renán Barrera Concha, Alcalde de Mérida, Yucatán.

Por otro lado y como diría otro buen amigo y también editorialista de este periódico, José Luis Macías Alonso, “sin jiribilla” la Alcaldesa de León, Guanajuato, María Bárbara Botello Santibáñez, Presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), respaldó la propuesta del Ejecutivo Federal al afirmar que se “necesitan fortalecer las corporaciones (policiacas) y que con esta medida éstas serán más sólidas y eficientes”. Habrá que comentar que la Alcaldesa Botello es de filiación priísta y que la agrupación que dirige aglutina a los Presidente Municipales del PRI.

Finalmente, ¿cuál es mi opinión sobre la multicitada iniciativa? Al respecto, me resulta necesario hacer mi análisis desde un punto de vista meramente académico y otro desde una “perspectiva ciudadana”.

Si abordo el tema desde una óptica estrictamente académica, debo señalar que los alcances de la reforma contravienen los principios descentralizadores que sustentan a la mayoría de las doctrinas del federalismo contemporáneo. En estricto sentido, las modificaciones propuestas vulneran la autonomía de los municipios mexicanos, marcando una riesgosa tendencia a que, con el paso de los años, las autoridades municipales se conviertan en meras unidades administrativas prestadoras de servicios públicos, con competencias exclusivamente administrativas mas no políticas, prácticamente dejando de ser un orden de gobierno del Estado mexicano.

Sin embargo, si analizo este tópico desde la visión de un ciudadano más de este país, dejando a un lado el romanticismo derivado de los dogmas del federalismo mexicano, a un servidor le interesa que en nuestras calles, colonias, caminos y comunidades se pueda vivir en paz y con seguridad. Como ciudadano, no me interesa ver si la insignia que porta el uniforme del policía dice “federal, estatal o municipal”, me importa que éste sea confiable y eficaz en su trabajo, brindando protección y resguardo a la población y no a la delincuencia organizada. En muchos de los casos, las corporaciones policiacas municipales han sido evidenciadas por sus incapacidades institucionales, sus carencias materiales o su colusión con los criminales.

Lo invito a ver con buenos ojos esta iniciativa de reforma constitucional, con los ojos de un ciudadano preocupado por el entorno violento y hostil que se vive en muchas partes del país. Si con esta reforma se puede lograr la profesionalización, coordinación y eficiencia de las corporaciones policías del país, apostemos por la propuesta. Dejemos a un lado aquellas percepciones basadas en criterios doctrinales o en intereses políticos para darle entrada a una policía unificada, fuerte y certera en sus acciones.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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