Una expresión muy popular en el siglo pasado fue “atrás de la raya que estoy trabajando”, pronunciada por el merolico que vendía productos “milagrosos”, que lo mismo servían para curar el cáncer que la diabetes, bajar de peso y hasta aliviar el mal de amores, lo que hoy – en sentido figurado – se aplica en la política, donde diputados locales y federales y los senadores salen con cada idea que obligan a preguntar ¿y por eso les pagan decenas de miles de pesos?

Con la creencia de que son expertos en todos los temas no se conforman con armar revuelo en los parlamentos – como recién acaba de ocurrir con el diputado Guillermo Alanis de León al pretender vulnerar la autoridad de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes (BUAA) -, sino que se van en contra sus propios compañeros de partido, algo que se ha vuelto común en Morena, donde hoy disputan los cargos que tal parece que está en juego una de las siete maravillas del mundo.

Un organismo que nació y creció gracias a ya saben quien, no ha logrado consolidarse pese a que está en la Presidencia de la República y con mayoría en el Congreso de la Unión, además de una notoria presencia en varios estados, debido a que la costumbres y vicios que llevaron de sus partidos de procedencia les impide ver más allá del árbol. Suponen que toda la vida va a dar frutos, por lo que en lugar de cuidarlo tratan de arrancarle todos los lucros posibles.

Lo que ocurre en Aguascalientes es reflejo de la situación que priva a nivel nacional. Aquí están en una pelea encarnizada por el control del comité estatal el actual presidente Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos  y el secretario de Organización, Fernando Alférez Barbosa, en contra del ex dirigente Aldo Ruiz, actual delegado de programas para el Desarrollo en el Estado de Aguascalientes, más conocido como el “superdelegado”.

Por una parte, Alférez acusa a Ruiz por desvíos de recursos, faltas administrativas y usurpación de profesión. Lo hizo en octubre pasado, lo cual levantó revuelo al radicar las denuncias ante las fiscalías estatal y federal. Aseguró que se aleja del trabajo que tiene en el gobierno federal, que es ser coordinador de programas sociales y vigilarlos, asimismo le imputa que se ostente como “licenciado” sin tener título, y por si fuera poco el mismo mes de octubre, el día 26, Irma Eréndira Sandoval, titular de al Secretaría de la Función Pública (SFP), anunció que están sujetos a investigación 10 “superdelegados” estatales, entre ellos el de Aguascalientes, por posible desvío de recursos públicos, lo que fue confirmado por el mandatario nacional al indicar que “no habrá impunidad para nadie” y de comprobarse que hubo un ilícito serán separados de sus cargos para ahondar en la investigación.

Ante las denuncias que hay en su contra, Aldo Ruiz declaró que “sólo se trata de un tema de ardid mediático” y que estaba dispuesto a comparecer para no dejar lugar a dudas de su inocencia, pero al mismo tiempo interpuso una demanda de 6 millones de pesos  por “daño moral” en contra de quienes lo han difamado, demanda que de ganar entregará el dinero a “luchadores sociales”.

Reconoció que no es “licenciado” en ciencias políticas y así está demostrado en su declaración patrimonial, donde específica que apenas estudia el primer cuatrimestre de la licenciatura de administración pública en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes

En el fondo, lo que buscan unos y otros es el dominio del Movimiento de Regeneración Nacional, porque tenerlo se desprenden mando al interior, tener acceso a los recursos públicos que reciben los partidos políticos del Instituto Estatal Electoral (IEE) y por encima de todo los cargos de representación popular, por lo que mientras Ruiz pretende seguir siendo el gurú, quienes hoy ocupan los puestos no admiten ningún tipo de intromisiones.

Evidentemente, que todos los “mirones” se mantengan atrás de la raya que los señores de MORENA están dirimiendo sus conflictos.

NO PERDONAN

Ahora que está de moda predicar desde el púlpito de Palacio Nacional, no está por demás recordar el pasaje bíblico sobre el Evangelio de San Lucas (16,1-8) que narra el caso de un administrador que iba a ser despedido por haber malgastado los bienes de su amo. Como ya no tenía fuerzas para trabajar y le daba vergüenza pedir limosna, se le ocurrió mandar llamar a los deudores de su señor, pidiéndoles que firmarán un documento con una cantidad inferior a la que debían, habilidad que fue reconocida por el amo, ya que había procedido de acuerdo a intereses mundanos y no a los que pertenecen “a la luz”.

Pues bien, los presidentes municipales de todo el país, entre ellos varios de Aguascalientes, le han echado “montón” a los diputados federales para que se cree un programa de reducción y regulación de adeudos que tienen con dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE e IMSS, y además que en 2020 Hacienda les otorgue mayores recursos.

El monto nacional que deben a la CFE es de 6,539 millones de pesos (mdp), al SAT 3,197 mdp, al IMSS 2,508 mdp, al Fovissste 403 mdp, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 1,459 mdp; algunas de esas cantidades se “arrastran” desde otras administraciones y que se acrecientan cuando tampoco los que están en funciones pagan o al menos aportan una parte.

Mientras los ediles piden clemencia para que no siga abultándose la carga, en sus respectivos municipios son muy exigentes con los contribuyentes, llegándose al embargo y remate de viviendas para cobrarse el predial o algún otro crédito fiscal, y aún peor, decomisándole la mercancía a alguien que vende en la calle y no tiene permiso para comercializar, lo que provoca su ruina, ya que lo invertido no llega a 400 o 500 pesos.

Tanto gobiernos estatales como municipales no dispensan adeudos fiscales, alegando que son recursos que se necesitan para invertir en obras y servicios, al mismo tiempo recuerdan que sin distinción alguna todos los habitantes que obtengan un beneficio económico deben aportar un porcentaje a la hacienda pública y si no lo hacen quedan sujetos a recibir una sanción.

Para lograr la reducción de los compromisos, en la propuesta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se manifiesta que “el principal problema estructural que se identifica en la mayoría de los municipios del país es la presión financiera que representan los adeudos con dependencias e instituciones federales por 15 mil 593 millones de pesos”.

Los diputados que patrocinan ese propósito no mencionan si llevaron a cabo una investigación para determinar el porqué se dieron y acumularon los débitos, lo que podría significar el clásico “borrón y cuenta nueva” tan socorrido en otras administraciones, que ha generado un grado de irresponsabilidad ya que basta con que alguien les ayude a salir del atolladero y no pregunte el porqué cayó ahí para salir higienizado, algo que no pasa con Juan Pueblo.

TOMAR NOTA.

Aunque juran por el osito tahonero que hay química entre ambos palacios las palabras demuestran lo contrario, por lo que cada vez que hay oportunidad el gobernador Martín Orozco Sandoval envía un mensaje de “no me olvides”. La semana pasada entregó reconocimientos a 42 nombramientos de grado por promoción de ascenso a miembros de seguridad pública estatal y 122 certificados de formación inicial; aprovechó para reflexionar que con su trabajo “han demostrado lo que otras corporaciones no han podido”, lo que vino a ratificar lo dicho el pasado 24 de junio cuando apuntó que corporaciones policiales y dependencias de ‘otros niveles’ se encuentran con los “brazos cruzados” y hasta podrían estar “metidas” en la delincuencia, algo que también ha repetido el Fiscal General del Estado, sin que se llegue a una acusación directa. En los mentideros políticos se dice que más allá del escozor que provoca los celos entre agrupaciones, más bien son “mensajes con dedicatoria”.