Prácticamente empantanados en medio de la transición procesal se encuentran unos siete mil juicios laborales en Aguascalientes, cuya resolución deberá ser prioritaria a partir del próximo mes de febrero, cuando sea responsabilidad directa del Poder Judicial del Estado.

Así lo señaló el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, al referir que el volumen de expedientes es grueso y escasa la disposición de recursos materiales y humanos en las Juntas de Conciliación que todavía los conocen y resuelven, por lo que los avances son lentos.

Estimó que la situación tenderá a seguir igual en tanto se termina de implementar el Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el país y en las entidades federativas, y entre en funcionamiento pleno el nuevo esquema de resolución de juicios laborales programado por reforma constitucional para febrero de 2018.

De aquí a entonces los esfuerzos están centrados en conocer las determinaciones operativas que marquen los legisladores federales y enseguida los locales, para instaurar el nuevo sistema.

La demanda de los poderes judiciales de los estados es que el nuevo sistema arranque con carga cero, es decir, que sólo los juicios nuevos sean tratados con el nuevo modelo, y los anteriores -que para Aguascalientes representan alrededor de 7 mil-, sean resueltos con el modelo anterior, si bien bajo la responsabilidad del PJE.

En ese sentido, Ponce Sánchez indicó que una vez que el Poder Judicial asuma esa responsabilidad se pugnará por acabar con el rezago en el menor tiempo posible, a fin de dar solución a las partes; “eso será prioridad”, recalcó.

Respecto del trabajo legislativo, dijo que los estados han planteado al Congreso de la Unión la necesidad de tener la responsabilidad del asunto laboral, sin cargas adicionales, pues lo que se trata es de tener un sistema laboral eficiente y que responda a la intención de que la justicia laboral sí funcione.

En el ámbito local, expuso que el trabajo legislativo será intensivo, pues se requerirá de la ley que crea los centros de conciliación que deberán funcionar en enero, y enseguida reformas a una serie de ordenamientos como el estatuto jurídico del estado, la ley de administración pública local y la propia Constitucional estatal, entre otros.

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