Salvador Rodríguez López

Cuánta razón tenían quienes consideraron que cobrar la atención en los hospitales civiles crearía un segmento social inferior al de la pobreza, por lo que hoy, a sólo tres décadas de que surgió el Seguro Popular (SP), se puede comprobar que sólo el que puede pagar ese derecho constitucional recibe el cuidado que requiere su salud.
Por si fuera poco, el citado seguro se convirtió en “caja chica” de gobernadores de varios estados, que de 2007 a 2015 acumularon 7 mil 849 millones de pesos recibidos del SP que no fueron comprobados, por lo que se exige su devolución.
Desde su creación, hace más de 100 años, el Hospital Miguel Hidalgo se encargó de atender a las personas que no podían acudir a la medicina privada, y al surgir el Seguro Social y el ISSSTE continuó con su labor humanitaria, asumiéndose como encargado de curar a los exceptuados de ambas instituciones.
La cuestión surgió con el arribo del Seguro Popular durante el sexenio de Vicente Fox, que sin tener hospitales ni recursos humanos lo incrustó en los nosocomios dependientes de la Secretaría de Salud, que de por sí tenían un gran carga de trabajo con ello aumentó, sin embargo con justo derecho exigen atención porque para eso pagan una cuota.
El citado SP no cubre varias enfermedades y de ellas ninguna de las más costosas, por lo que el enfermo y sus familiares tienen que solventar los gastos con todo lo que esto significa. En el caso del cáncer se atiende cierto tipo en menores de edad, pero no a los adultos que padezcan tumores en el cerebro y en los riñones, sin embargo a los menores se prevé sólo cuando son leucemias o cáncer en la sangre y cáncer en los huesos, tumores del ojo y cáncer de los músculos, entre otros, pero cuando el paciente llega a la mayoría de edad automáticamente el Seguro Popular deja de brindarle el servicio.
Los trasplantes renales sólo son a menores de edad, por lo que si tienen 18 años o más dejan de ser candidatos para recibir esta cirugía, en tanto los trasplantes de córnea se hacen sin distingo de edad. De otras enfermedades se prevé la atención del síndrome de Turner, un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas.
De lo descrito no hay engaño, puesto que está especificado en la Carta de Derechos y Obligaciones que firma el solicitante, no obstante, lo que fue una atención general cuando no existía el SP es ahora parcial, ya que quienes no pueden costear el SP no tienen ninguna opción.
El pago de la póliza tiene vigencia hasta por tres años, por lo que hay que renovarla y quien no lo hace pierde sus derechos, además, es un servicio con cobertura nacional por lo que en cualquier parte del país se puede atender, para ello debe presentar la póliza vigente, sin la cual no podrán demandar atención ante una eventualidad.
Contrario a ese tipo de rechazo, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social de la Salud, Gabriel O’Shea, reclama a los estados de Morelos, Michoacán, Nayarit, Sonora, Veracruz, Tabasco y Guerrero el pago casi 7 mil 849 millones de pesos.
Ya se presentaron las denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, en espera que a la mayor brevedad se ordene la comparecencia de quienes han estado al frente de los gobiernos estatales, entre 2007 y 2015 y de los respectivos responsables del Seguro Popular.
El funcionario fue directo al recalcar: “Antes no teníamos un actualizado. Antes no se hacía. No comprobaban por años y nadie decía nada. Hoy vamos al día”, por lo que es un nuevo elemento que deberá investigar el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, independientemente de lo que aflore en las indagatorias que lleven a cabo otros organismos y dependencias.

QUIERE VENGANZA
La represalia nunca será el mejor camino para alcanzar el descanso, por el contrario, es una actitud que mantiene vivo aquello que motivó el enojo, por lo que bien haría el tesorero nacional de Canacintra, Enoch Castellanos Pérez, de esperar a que las autoridades locales cumplan con llevar ante un juez al o los responsables del quebranto financiero que sufrió el organismo hace varios años.
En su visita a esta entidad, adelantó la posibilidad de que no reciban el castigo los que presuntamente cometieron el fraude, por lo que en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se encargarán de “exhibir públicamente, con nombre y apellido, a todos aquellos que traicionaron la confianza” de sus compañeros.
De lo anterior cabe hacer algunas puntualizaciones y la primera sería que la Cámara debe exigir que el proceso jurídico se cumpla en todos sus términos y que si se acredita la responsabilidad de quienes en su momento fueron acusados, que resarzan lo sustraído y reciban la penalidad correspondiente.
La segunda está en que si por “tecnicismos jurídicos”, como lo calificó Castellanos Pérez, no hay castigos, sería temerario denunciar públicamente “con nombre y apellido” a quienes conjeturan de haber cometido el deterioro financiero, porque aún cuando sean muchas las voces que consideren de que fueron ellos, mientras que un juez no lo defina no pueden ser atacados por supuestos.
Es indudable que la impunidad es uno de los cánceres que agobian a la sociedad y no sólo de México sino de casi todo el mundo, por lo que hay una cruzada mundial para combatirlo, pero todo tiene que ser dentro del marco legal para evitar problemas, ya que el o los exhibidos podrán exigir que se acredite la imputación y si se carece de elementos vendrán las demandas “por daño moral y lo que resulte”.
A lo que debe sujetarse el directivo, en todo caso, es a sus propios dichos, de que a los más de 300 afiliados a la Canacintra Aguascalientes lo que realmente les interesa es trabajar y aún cuando se sentirán satisfechos cuando los responsables del desfalco sean sancionados “les importa más los créditos, la capacitación y las gestiones para sus empresas”.
La mejor muestra de que se trabaja vivamente son los 82 empresarios que recibieron un reconocimiento por haber logrado el pago consecutivo de 10 bimestres de cuotas al Infonavit, justamente en el período en que se agudizó el problema y que no obstó para que ellos continuaran produciendo y fortaleciendo los empleos.
Sin darle vuelta a la página y tener plena confianza en las instituciones de justicia, lo mejor es mirar hacia delante y considerar que una vez cerrado este capítulo habrá una Canacintra más consolidada y más vigorizada y afianzada, como lo fue en el pasado cuando emergieron de este organismo funcionarios públicos de primer nivel y líderes empresariales.

MALDAD BUROCRÁTICA
La actitud que adoptan los verificadores o inspectores de reglamentos del municipio capitalino en contra de los vendedores que carecen de permiso está lejos de ser compasiva, ya que en lugar de pedirles que regularicen su situación y en tanto lo hacen no pueden realizar su labor, lo único que se les ocurre es decomisar el producto, con lo que dejan en la calle a la persona, que por regla general ha invertido una pequeña cantidad para ganarse unos cuantos pesos. Podrán aducir que son órdenes que reciben, pero tanto ellos como sus superiores deberían tener una pizca de criterio y reflexionar que lo único que provocan con sus modales es propiciar la mendicidad o la delincuencia, porque de algo tienen que vivir esas personas. Además, la construcción de imagen positiva que pretende forjarse la autoridad municipal se va por el caño cuando son muchos los testigos de sus actos.