El Poder Judicial del Estado está listo para ejercer nuevas facultades que le permitirán recibir y dar cauce -a partir de hoy- a las promociones que se deriven de la estructura gubernamental en torno a posibles hechos de corrupción, a fin de cumplir su parte en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al respecto, su presidente Juan Manuel Ponce Sánchez indicó que tal y como lo dicta la ley promulgada el 1 de agosto de 2017, los 180 días transcurridos permitieron hacer las adecuaciones necesarias para implementar la parte que atañe a la estructura judicial.

Así, a través de la Sala Administrativa, debidamente facultada para resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas graves y de particulares, ya puede proceder en consecuencia.

En entrevista, dijo que el Poder Judicial está preparado y confiado en que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como las vinculadas en el SEA, cumplan su cometido y vengan a fortalecer el sistema de transparencia en todos los poderes, para que al final de cuenta se dé el resultado que la sociedad espera.

Recordó que esta ley obliga a todas las dependencias a tener sus áreas anticorrupción, que son las unidades internas administrativas encargadas de conocer, investigar y en su caso canalizar a la Sala Administrativa para su análisis y resolución, eventuales hechos de presunta corrupción.

Explicó que hay dos maneras a través de las cuales se sanciona un acto que pueda considerarse contrario a la debida actuación; uno de ellos es el que queda solamente en el nivel administrativo.

Sin embargo cuando la actuación de un funcionario se encuadre en el de la comisión de un delito, serán los jueces penales los que conocerán del tema; “es decir, que si la Fiscalía encuentra que la conducta de un servidor publico fue contraria a los mandatos que nos rigen, tendría que acudir ante un juez y se sancionará el caso cuando llegue a ser consecutivo de delito”.

Ponce Sánchez recalcó que para el cumplimiento de esta fase, el Estado canalizó 4 millones de pesos para el reforzamiento de los recursos humanos y materiales de la Sala Administrativa, cuya carga de trabajo se irá incrementando paulatinamente en los próximos meses.