Salvador Rodríguez López

Vivir el momento parece ser la consigna en el Congreso del Estado, por lo que se dedican a sobrellevar la responsabilidad paso a pasito, sin pensar que más adelante pueden aspirar a la presidencia municipal, incluso a la gubernatura o a dirigir una dependencia pública, y entonces podrían verse en una situación embarazosa que los coloque en el aparador para que todo mundo se entere que utilizaron recursos para un fin no establecido.
Cuando esto sucede se considera que hubo un mal manejo del erario y el imaginario popular supone que agrandaron la fortuna personal y familiar o de algún allegado, por lo que pide la restitución del dinero y castigo, pero después de las investigaciones se demuestra que no hubo tal sustracción.
Cada año surge este tipo de noticias “bomba”, ya que se habla de millones de pesos que están “perdidos”, por lo que se multiplican las voces que demanda una investigación exhaustiva para frenar lo que a simple vista es un saque, un caso más de corrupción, por lo que esa falta de probidad debe sancionarse con la máxima pena que establezca la ley, exigencia que la oposición se encarga de atizar en aras de llevar agua a su molino.
En primer término, para cerrar este coliseo de varias pistas, se requiere reformar la legislación para evitar que se hagan juicios adelantados, y la única manera de lograrlo es que la información que obtenga el Órgano Superior de Fiscalización se de a conocer hasta que se haya agotado todo el procedimiento, esto es, que los presuntos implicados tengan la oportunidad de presentar pruebas sobre el manejo que hicieron de los dineros, además que se establezca como información en reserva para evitar que diputados y diputadas utilicen los datos en provecho político.
Hacerlo sería apegarse al principio que rige a la justicia, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, con lo que evitará que quienes sólo han cometido una falta se les tache públicamente de delincuentes, porque aún cuando comprueben que no hubo malversación queda el asterisco en su vida personal y profesional.
Otro elemento a considerar es una reforma a la ley para que el desvío de recursos no sea sinónimo de desfalco, teniendo en cuenta que hay situaciones en las que no queda otra salida que valerse de lo que está a la mano. Hay cuestiones excepcionales que por lo mismo son de urgente respuesta, como puede ser una inundación, un incendio, un accidente vehicular, etc., que dejó un número importante de damnificados y quienes demandan apoyo inmediato.
Este mes ha sido pródigo en este tipo de revelaciones. Este Diario dio a conocer en sus ediciones de los días 23 y 24, que en la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de gobierno del estado, los órganos autónomos y de los once ayuntamientos, el pleno del Congreso encontró en el municipio de Aguascalientes un desvío de recursos por 316 millones de pesos y en el gobierno estatal de 25 millones de pesos, que involucra al Instituto del Agua, Instituto de Educación y Fideicomiso de Desarrollos Industriales
Lo anterior dio oportunidad a legisladores de Morena, PRI y PRD de expresar su voto en contra, al establecer que “hay graves irregularidades”, que no es posible que “delincuentes de cuello blanco” estén en la calle y es inaceptable el “borrón y cuenta nueva”, expresiones con las que adelantan juicios, ya que falta que los titulares de las dependencias aclaren el destino que le dieron a los recursos
Dicen que en casa del jabonero el que no cae resbala, por lo que aquellos que hoy se desgarran las vestiduras por esa presunta falta de rectitud del servicio público no dicen nada cuando se trata del manejo que hacen sobre el presupuesto del propio Congreso, de lo que dio cuenta la diputada priista Elsa Amabel Landín, al señalar que el Poder Legislativo tiene siete observaciones que representan un presunto desvío por un millón de pesos, por lo que, dijo, “nosotros debemos ser los primeros en solventar las observaciones, y convocar a que seamos ejemplo en el buen uso del recursos público y en la transparencia”.

CAPRICHOS
El inicio de un sexenio presidencial centra la atención de la mayoría de los mexicanos, por lo que es normal que se observe cada actitud del Andrés Manuel López Obrador, elegido para dirigir los destinos del país de 2018 a 2024. Habrá quien aplauda o rechace lo que dice o hace, lo que es normal que sea así puesto que forma parte de la pluralidad política, social y económica.
Mañana será el primer día en que comience a hacer realidad su sueño de encabezar la vida de México y llega con una cauda de cambios constitucionales, algunos que ya aplicó mediante el Congreso de la Unión y otros que tiene en proceso, por lo que es importante acostumbrarse a su estilo, en que puede haber algunas cuestiones que no sean del agrado de las mayorías, por lo que él también tendrá que avenirse y enfrentar las impugnaciones que tengan lugar.
Vicente Fox Quezada (2000-2006) fue el primer presidente de origen panista y en su primer año se ganó la objeción casi unánime por haber cercenado el Escudo Nacional, que se conoció como el “águila mocha”, cuyo costo fue de 287 mil pesos, según una nota de El Universal, que incluía IVA, el concepto, el diseño y la realización de la imagen institucional. Al cerrar las puertas de Los Pinos se fue con él ese cambio, para regresar a lo que ha sido parte de la identidad nacional.
Quien lo sucedió en el cargo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, también del PAN, se le ocurrió modificar el orden de los colores de la banda presidencial, que se habían utilizado desde 1924. El 23 de junio de 2010 se reformó, al colocar el rojo en la franja superior reemplazado por el verde, lo que nuevamente cambió el pasado 27 de noviembre, con el acuerdo casi absoluto de los integrantes de la Cámara de Senadores (por el voto en contra del panista Gustavo Madero Muñoz), por lo que López Obrador portará la banda de la manera tradicional.
En cada ocasión que se ha producido este tipo de alteraciones hay quienes están a favor y en contra, pero tratándose de los Símbolos Patrios la mayor parte de los mexicanos los impugnan, por lo que hacerlo dura el tiempo que están en el poder, lo que ojalá sea una lección para quien está a las puertas de Palacio Nacional.

REITERACIÓN
Puede decirse que es una pesadez mencionar el mismo asunto, pero es necesario hacerlo hasta que exista uno o más espacios en que se difunda la obra literaria que se refiere a Aguascalientes, tanto de producción actual como anterior, con la que los habitantes del estado puedan conocer a detalle lo que es y ha sido esta porción de México. Es difícil encontrar en las librerías comerciales algún libro o una revista que se refiera al estado y a cada uno de los municipios, por lo que todo lo que hacen los gobiernos, universidades y otras áreas se queda para consumo de unos cuantos o para presumir de lo que llevan a cabo, utilizándose como regalo a los visitantes, cuando lo práctico es que sean los aguascalentenses quienes tengan en primer lugar acceso a esa labor. Ponerlos a la venta de manera permanente asegura que en algún momento se tenga acercamiento al trabajo de los autores, que a final de cuentas son los más interesados en que circulen, se comenten y hasta que causen polémica.