Regular la participación ciudadana y darle mayor influencia en la toma de decisiones gubernamentales, entre otras funciones de carácter democrático, no fue del agrado de 8 de los 11 ayuntamientos del estado, ya que sólo tres avalaron la reforma constitucional concerniente.

Los cabildos de San José de Gracia y El Llano votaron en contra y los de Asientos, Calvillo, Cosío, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Tepezalá ni siquiera se tomaron la molestia de informar si estaban o no de acuerdo, simplemente dejaron correr el tiempo legal.

Los únicos que estuvieron conformes fueron Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga, que en tiempo y forma enviaron al parlamento estatal el resultado de la votación.

De acuerdo al artículo 94 fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, si transcurrieran quince días desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el Proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se entenderá que acepta la reforma o adición, lo que fue aplicado a los seis ayuntamientos que ignoraron olímpicamente al máximo órgano representativo.

Por su parte, en San José de Gracia y El Llano los ediles votaron en contra de los cambios planteados, aunque en términos de ley están obligados a sujetarse a los mismos, sin embargo aquí se observa el rechazo a que los habitantes tengan una mayor participación en la actividad pública, pese a que a ellos se deben y por ellos están en el lugar que ocupan.

Las reformas no son cosa del otro mundo ni vulnera ninguno de los derechos civiles, por el contrario, se le da mayor solidez a su competencia, al reconocer la democracia directa y participativa, lo que significa la facultad de las personas a incluirse en las decisiones  públicas y el control de la función pública, mediante la participación ciudadana; plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta de revocación de mandato, presupuesto participativo, cabildo abierto, consulta ciudadana y comités ciudadanos.

Aunque habrá quien crea que entre más ascendiente tenga la sociedad en los gobiernos, éstos verán reducidos en el mando, se olvidan de lo que señala el Artículo 39 de la Carta Magna: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En fortalecimiento a lo anterior el Artículo 41 expresa: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores…”.

Las condiciones en que se ejerce al mando del estado y los ayuntamientos son diferentes a las que se tuvo hasta el siglo pasado, y no propiamente porque exista un despertar ciudadano sino que hay mayores herramientas legales para hacer valer cada uno de los derechos que tiene la sociedad, como es la opción de promover el plebiscito, el referéndum y la consulta para la revocación de mandato, por lo que la decisión ya no será de unos cuantos sino del pueblo que con la aportación de pruebas puede remover a una autoridad.

También está la iniciativa ciudadana, con lo que cumplidos los requisitos de ley los habitantes pueden empujar cambios a la ley, algo que estaba reservado sólo a los diputados del Congreso del Estado, al gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos de su ramo, y a los Ayuntamientos, en los asuntos de su competencia (Art. 30 de la Constitución local).

Son pasos importantes los que se han dado mediante esta reforma, al devolverles las atribuciones a los ciudadanos que nunca debieron restringirse ni conculcarse, lo que extrañamente no avalaron ocho de los once ayuntamientos.

FORCEJEO SIN FIN

Se consumieron 14 meses, de los 70 que disponía el gobierno del estado para llevar a cabo la tan manoseada “modernización del transporte público”, situación que le da ligera ventaja a los concesionarios del colectivo (urbano), que como en años anteriores le apuestan a que todo quede en otro experimento.

En diciembre de 2016 se anunció que una de las primeras medidas en la naciente administración sería reestructurar ese servicio, que como es del conocimiento general ha sido el más renuente a ceñirse a lo que ordena el Código Urbano; luego se fue 2017 y lo más lejos que se llegó fue presentar el borrador de la nueva Ley de Tránsito (movilidad), que retoma lo que varias veces ha manifestado el dirigente sindical de operadores, Roberto Mora Márquez, que en lugar del hombre-camión se cree una empresa que aglutine a todos los propietarios de las unidades, con lo que habrá un cambio sustancial y homogeneidad en el servicio que se ofrece.

Tantas veces se ha mencionado de los problemas que resienten no sólo los casi 400,000 usuarios sino más de mil choferes, por las condiciones en que se encuentra casi la mitad de los autobuses, que hasta parece una noticia reciclada, pero es la única manera de recordarle a las autoridades la falta de respuesta.

En estos momentos el 48% de los 696 camiones urbanos han cumplido los 10 años de vida útil, por lo que en estricto apego a la ley no deberían estar en circulación, pero lo hacen porque la autoridad es permisiva; en el caso de los 500 vehículos suburbanos están fuera de norma el 65% al haber rebasado los 15 años de vida útil. Del transporte escolar el 32% de las 63 unidades no deberían estar en las calles al haberse extralimitado en los 15 años autorizados.

Otros servicios también registran ese mismo problema, como las “combis”, que de 443 el 15% ya cumplieron los 10 años de estar en servicio, y de taxis, de 4,198 carros sólo el 6% está en incumplimiento; en cuanto al transporte de carga ligera las 39 unidades deben limitarse a los 15 años autorizados, pero el 46% no lo hace.

Se supone que con las revistas que tienen lugar se detectan las condiciones mecánicas y físicas de las unidades y de aquellas que no garanticen seguridad deben ser retiradas de la circulación, pero en la práctica hay camiones urbanos, taxis, combis y suburbanos que en cualquier lugar sufren descomposturas, en una muestra que la revisión no se hizo bien o que hubo alguna razón para permitirles que sigan operando, situación que representa un peligro para el chofer, los pasajeros y los demás automovilistas, además la revisión debería de ser el filtro para forzar la salida de las que cumplieron con el período de vida útil que marca la norma.

A CONSULTA PÚBLICA

Conciencia Ecológica de Aguascalientes exige que se lleve a cabo una consulta pública para determinar el futuro de la cuenca del Bosque de Los Cobos, amenazada con destruirla y en su lugar edificar alrededor de 14,000 viviendas, lo que sería la desaparición de uno de los pocos “pulmones verdes” con que cuenta el municipio de la capital. Hay un alerta extrema entre los defensores del medio ambiente, luego del “madruguete” que hubo al noroeste de la ciudad al derribar cerca de 300 árboles para la construcción de dos pasos automovilísticos. Que sean los aguascalentenses quienes opinen si procede el cambio de uso de suelo que se ha solicitado a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que es el primer paso para acabar con Los Cobos. La pretensión de los urbanizadores es que la autoridad acepte el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para habitacional. La demanda social se centra en que no sólo se deseche esa petición sino que se establezca Los Cobos como predominio ecológico de la sociedad. Aunque son muchos los intereses que están de por medio, ojalá que por esta vez la Semarnat actúe con sentido común y por su parte, que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, en apoyo al interés público, emitan un decreto de protección a ese espacio, para que de una vez por todas lo pongan a salvo de todo tipo de asechanzas.