Héctor Estepa
Agencia Reforma

BOGOTÁ, Colombia.-Domingo. Diez de marzo. Era una tarde familiar como la de un fin de semana cualquiera en Colombia, hasta que el Presidente Iván Duque entró al aire en una alocución televisada.
Anunció, con tono grave, su decisión de introducir seis reformas a los estatutos de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal que se encargará de juzgar los crímenes de medio siglo de conflicto armado.
El funcionamiento de dicho organismo había sido pactado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y los comandantes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La decisión de Duque detonó como una bomba en el país. Los detractores del acuerdo celebraban, mientras sus defensores se preguntaban por las implicaciones que ello tendría, preocupados de que la frágil paz estuviese en peligro.
El actual Presidente ganó las elecciones el pasado junio prometiendo cambiar el pacto de paz rechazado en el referendo de octubre de 2016, y aprobado unas semanas después con algunas modificaciones. El acuerdo fue blindado al año siguiente por el Tribunal Constitucional. Los jueces decidieron que no se le pueden realizar cambios de relevancia al acuerdo en los próximos 12 años.
Pero una gran parte de los colombianos sigue criticando el pacto con la antigua guerrilla. Consideran que garantiza impunidad a los ex combatientes, y siguen reclamando la modificación o cancelación del mismo.
«La JEP, aunque legal, nació sin legitimidad y cada día pierde la poca que pueda tener frente a la opinión pública, por los frecuentes escándalos de corrupción interna y protección a ultranza de los cabecillas de las FARC», comentó a REFORMA el analista colombiano José Marulanda.
Otros expertos, defensores del acuerdo de paz, consideran que el tribunal de justicia transicional es la única forma de garantizar verdad, reparación, perdón y no repetición en el esclarecimiento del conflicto armado colombiano, negando que sea una fuente de impunidad.
Duque, más afín a los primeros, propuso cambios para garantizar la reparación de las víctimas y la acción penal en el caso de crímenes de lesa humanidad. Quería también excluir del tribunal especial los delitos sexuales contra menores, y además negar a sus Magistrados practicar pruebas en todos los casos de extradición.
Todo apunta a que el Presidente no conseguirá su objetivo. El resultado de la primera votación en la Cámara de Representantes, celebrada el lunes, fue extremadamente negativa para sus intereses. Tan sólo consiguió 44 apoyos, por 110 votos negativos.
Las FARC, por su parte, señalan haber cumplido su parte en el acuerdo, pero denuncian olvido gubernamental.
Acusan, además, una persecución en su contra. Al menos 85 ex combatientes han sido asesinados en todo el país desde la firma del pacto con el Estado.
Los expertos temen que el desaliento, y la falta de oportunidades, hagan crecer a las disidencias, conformadas ya por unos mil hombres, por ahora con distintos jefes, y que intentan controlar las rutas del narcotráfico.