Es costumbre muy arraigada en el medio político poner tantas trabas como sea posible a los adversarios, al considerar que no son dignos de ocupar un cargo público, por consiguiente, cuando tienen oportunidad de modificar las leyes lo hacen con la idea fija de sacarlos del poder.

Lo que no reflexionan es que en algún momento, de llegar a estar en esas posiciones, las reformas que promovieron pueden convertirse en un bumerang, como ha sucedido no sólo en México sino en otros países, pero para entonces ya ninguna pócima alivia el dolor.

Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo la hegemonía del sector gubernamental, Acción Nacional lo acusó de ser enemigo de la democracia y tener “controlados” o “comprados” a los órganos encargados de vigilar el uso y destino del erario, inclusive acusaban de “paleros” a los diputados y regidores que se aliaban con el priismo y llegó al extremo de amenazar con expulsión de sus filas a quienes aprobaban las cuentas públicas del gobierno del estado y los municipios.

Por su parte, los grupos de “izquierda” prometían que con ellos habría un cambio sustancial en la vida colectiva, por lo que el día que ocuparan alguna curul serían exigentes en cambiar la legislación que permitiera tener gobiernos transparentes, esto es, que informen a los habitantes en qué y cómo gastan los recursos y si han cumplido los compromisos de campaña.

El primer paso los dieron la semana pasada los diputados de PRD y Morena, David Sánchez y Alejandro Villalobos, al lograr la aprobación de 22 diputados presentes, de 27 que integran la legislatura, para que se dé la revocación de mandato, con lo que pueden ir al banquillo de los acusados el gobernador, los alcaldes y diputados y de acreditarse las acusaciones serán removidos.

Éste ha sido el sueño opositor, que desde su óptica es la manera más plural de juzgar y castigar a quien no ha sido fiel a su palabra, lo que suponen servirá como escarmiento y así cada uno de los que ejerzan alguna de esas responsabilidades sepan que deben ceñirse a los compromisos o se irá con su música a otra parte.

Si en algún momento alguien de sus correligionarios llega a ser expulsado de su silla tendrán presente quien lo originó, inclusive ellos mismos podrían ser víctimas de su propio impulso en caso que de lo Alto los castiguen haciéndolos titulares de uno de sus puestos que hoy miran a la distancia.

Aunque…por aquello de no te entumas, la revocación de mandato podrá presentarse después de transcurrida la tercera parte del período del cargo constitucional, esto es, tratándose del gobernador hasta el tercer año y de los presidentes municipales y diputados hasta el segundo año de su función, y en caso de que la solicitud no sea aprobada por mayoría del Congreso, ya no se podrá someter al mismo funcionario a un procedimiento similar.

Bajo este marco, podrá haber los suficientes elementos para llevar a juicio al involucrado, pero si pertenece al mismo partido del que es mayoría en el parlamento indudablemente que será arropado, por lo que la iniciativa será desechada “por improcedente” y ya sin esa amenaza podrá terminar su encargo.

Para no dejar cabos sueltos en la misma sesión se dio luz verde para que se aplique el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, presupuesto participativo, contraloría ciudadana, cabildo abierto, consulta ciudadana y comités ciudadanos.

Son medidas que darían buen resultado si tuvieran como único fin beneficiar a los habitantes, pero por regla general se utiliza para vendettas o cobro de facturas y como medidas de presión para lograr una mejor posición política o administrativa.

Ya se sabrá los alcances que tengan estas enmiendas a la Constitución local, por ahora se blande la espada en contra de aquellos que osen saltarse las trancas, que como se menciona, dependerá de las circunstancias y la atmósfera que exista.

SOMETERSE A LA LEY

Es difícil para algunos clérigos aceptar que la Constitución General de la República tiene muy claro cuál debe ser su actitud en la vida pública y qué tipo de obligaciones y derechos tienen, por lo que en cuanta oportunidad hay señalan que las leyes divinas están por encima de cualquier mandato terrenal.

Lo dicen a sabiendas que si llegan a violentar el Estado de derecho recibirán una sanción, lo que aún cuando nunca ha llegado a los extremos que fija la ley, su aplicación es posible, lo que no le agrada a más de uno ya que quisieran retroceder a la etapa anterior a las Leyes de Reforma y que en la Carta Magna de 1917 se hubieran borrado el artículo que es de observancia obligatoria para todos los ministros del culto.

Para evitar que suceda lo que el año pasado en que hubo quien se saltó a la torera la disposición constitucional, el vocal ejecutivo estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), Ignacio Ruelas Olvera, subrayó que utilizar los templos para promover el “voto” en contra será motivo de castigo.

Dijo que durante el proceso electoral 2017-2018, que comenzó en octubre, están bajo vigilancia los ministros del culto de todas las formaciones religiosas, por lo que los exhorta a no pretender ayudar o reprobar a partidos, precandidatos, candidatos, plataformas electorales, etc., ya que se tendrá una atención especial en los servicios que ofrezcan cada una de ellas.

Inclusive, se admitirá cualquier denuncia o reclamo que se presente en contra de grupos civiles que con motivo del año electoral amenacen o ataquen a quienes piensan o actúan distinto, por lo que al igual que los ciudadanos en general están obligados a sujetarse al ordenamiento legal.

Lo que hará el INE en caso de recibir una queja, es investigar si desde ahora se promueve el voto en contra de alguna fuerza política o coalición y de comprobarse un ilícito se procederá, ya que la competencia debe darse dentro de los causes democráticos y sin vulnerar la ley.

Ruelas Olvera fue muy preciso en señalar que el Instituto Nacional Electoral no es autoridad que impone sanciones, en todo caso da entrada a las denuncias y si es necesario las canalizará a los tribunales electorales, que son los encargados de analizar qué procede.

Lo que debe quedar muy fijo es que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece lo que puede y no puede hacer cada uno de los mexicanos en los procesos comiciales y el Artículo 130 Constitucional indica que “los ministros del culto nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno, no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos”.

PROTEGER A ESCOLARES

De acuerdo al pronóstico del servicio meteorológico las bajas temperaturas predominarán durante casi todo el invierno, por lo que ojalá que las actuales autoridades de Educación de Aguascalientes (IEA) no cometan el mismo error que en el sexenio pasado, que hasta después de una o dos semanas de estar el termómetro en la mínima escala ordenaban que los alumnos de primaria y secundaria entraran media hora más tarde, lo que fue un verdadero suplicio para los menores y que hubiera demasiados cuadros gripales. Retrasar la entrada a clases en bien de la salud de los estudiantes debe ser una norma y no a capricho. De igual manera hacer a un lado el uniforme obligatorio y se les permita asistir abrigados, ya que hubo secundarias en que prohibieron el ingreso si llevaban chamarras, abrigos, bufandas o guantes.

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