Rolando Herrera 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la declaración patrimonial y de intereses es uno de los aspectos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador acordó aplazar ocho meses la entrada en vigor del formato para su presentación.

En sesión extraordinaria, los integrantes del Comité decidieron modificar la fecha para la operabilidad del formato, del 30 de abril, como estaba prevista, al 31 de diciembre como fecha límite, por lo que servidores públicos federales seguirán usando el sistema Declaranet.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya había aplazado en septiembre de 2018 la entrada en vigor del formato.

La fecha original era el 1 de diciembre del año pasado y al mandarlo hasta abril, libraron de la obligación a los servidores públicos salientes de la Administración de Enrique Peña Nieto.

Este nuevo plazo, que fue aprobado por unanimidad, se adoptó ante las observaciones que la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo al documento.

La funcionaria afirmó que era excesivo, pues demanda el llenado de casi 800 campos, y no distingue entre funcionarios con riesgo alto de corrupción porque manejan recursos públicos, de aquellos que simplemente son empleados del sector público.

Además, dijo, no es interoperable con el sistema Declaranet, y que no define quién es la autoridad responsable para interpretarlo, ni da opciones para aquellos campos que no apliquen al declarante en turno.

«En la Administración Pública Federal se estima que la cantidad de servidores públicos obligados a presentar estas declaraciones pasaría de 250 mil a dos millones de servidores públicos, de entre los que se encontrarían maestros, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento, intendencia y quienes de conformidad con la redacción actual del formato estarían obligados a llenar cerca de 780 campos, en contraste con los 216 campos que tiene el formato de Declaranet actualmente», expuso.

La declaración patrimonial y de intereses fue una de las banderas más importante de los grupos de la sociedad civil que promovieron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016.

La definición de los alcances de este formato ha sido uno de los aspectos más controvertidos y que ha generado más resistencias de parte de las autoridades desde la etapa legislativa de la reforma y durante los dos años de operación que lleva el Comité Coordinador.

El formato que ahora fue aplazado fue aprobado por mayoría de votos el pasado 13 de septiembre por los integrantes que en ese momento conformaban el Comité Coordinador, entre ellos, David Colmenares, Auditor Superior de la Federación; Francisco Javier Acuña, presidente del INAI; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes ahora avalaron el diferimiento.

Además de Sandoval, quien desde el 1 de diciembre pasado es titular de la SFP, se sumaron al Comité Coordinador, María de la Luz Mijangos, Fiscal Anticorrupción, y Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana y también del Comité Coordinador.