Se puede estar en contra de las reglas establecidas y nadie debe oponerse a que se exprese o se tramite un cambio, e incluso la derogación, puesto que es un derecho que le asiste a los ciudadanos cuando consideran que las normas no se apegan a lo que suponen que debe de ser; pero lo que no cabe es que aprovechándose del lugar que ocupen algunos pretendan imponer mandatos sin seguir la ruta legal.

Hasta la fecha el único que ha señalado en Aguascalientes lo inadecuado del acuerdo del Congreso de la Unión, con el cual exigen la inmediata cancelación de las evaluaciones magisteriales, es el abogado Javier González Gutiérrez, al recordarles a diputados y senadores que hacerlo sin antes reformar la Constitución General de la República y cuatro leyes generales, es violatorio de las mismas.

La exigencia a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que cumpla con ese “punto de acuerdo”, sale de sus facultades, ya que no se le puede pedir a una dependencia federal que actúe en contra de la Carta Magna, por lo que “es un absurdo que sean los propios legisladores quienes, abrigados en una mayoría acordada, incite a la SEP a violar las normas vigentes”.

Sostuvo que el acuerdo fue para apoyar una posición política de los integrantes de la CNTE, que desde un principio se han opuesto a la evaluación y a la reforma educativa en general, porque afecta beneficios personales y de grupo, mientras que van con ese pedido en contra de los intereses de los alumnos al pretender salvaguardar privilegios, principalmente “el manejo de las plazas y la inmovilidad de maestros ignorantes”.

Durante la pasada campaña político-electoral hubo compromisos partidistas, que en caso de triunfar harían lo necesario para anular la reforma educativa, por lo que ahora que son mayoría casi absoluta en las cámaras de Senadores y Diputados, acordaron que se elimine a la mayor brevedad, lo que fue ensalzado en las regiones donde tiene mayor presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dando como un hecho que “no quedaría ni una coma”, como dijera uno de los legisladores; sin embargo se toparon con la realidad ya que antes tienen que hacerse las adecuaciones a las legislaciones respectivas.

González Gutiérrez reiteró que la reforma y la evaluación en lo particular “de ninguna manera puede considerarse atentatorio a los derechos de los maestros, pues es una práctica que apela a la calidad y la excelencia en la enseñanza como sucede en otras instituciones educativas”.

Puso el ejemplo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde él es catedrático, al ser sometido todo el personal académico a evaluaciones bimestrales y con la obligación de acreditar un puntaje mínimo en cada evaluación, “y nadie se siente violado en sus derechos”.

Consideró que hay avances muy importantes con los cambios establecidos en 2013, entre ellos lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Educación, el cual dispone que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones directivas o supervisores, deberá ser con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Proceder fuera de lo que ordena la Carta Magna sería un acto contrario a lo establecido y metería en un problema legal al funcionario que lo haga, por lo que nada cambiará mientras no se hagan las modificaciones, por lo que bien harían los legisladores federales en asesorarse antes de pretender crear escenarios que a todas luces son adversos a lo dispuesto.

 

HACEN RUIDO

En un cajón del viejo archivero, los partidos políticos guardan un documento muy importante, ya que de él depende la influencia que tengan en los siguientes comicios, mismo que llegado el momento lo desempolvan para difundirlo como si fuera algo novedoso en espera de atraer la atención de los electores.

En estas andan los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), al anunciar que van “con todo” en sus demandas, el primero de ellos pretende la despenalización del aborto, y el segundo por la abolición de las corridas de toros y peleas de gallos.

Ambos organismos entienden que habrá una cascada de repudio a ambos temas, que al ser asuntos polarizantes atrae la mirada y es justamente lo que buscan en materia de votos, por lo que de aquí a junio del año próximo se escucharán opiniones a favor y en contra.

La ex senadora perredista, Angélica de la Peña Gómez señaló que su partido presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para despenalizar la interrupción del embarazo, que incluya políticas públicas de educación sexual científica y la prevención de embarazos no deseados y sobre todo, “que los criterios morales no deben imperar sobre la salud pública”.

Consideró que la prohibición penal “únicamente ha generado una discriminación económica hacia quienes menos recursos tienen y que es producto de una doble moral, ante quienes cuentan con los recursos para practicarlo en clínicas clandestinas y quienes no pueden hacerlo”.

Sobre el mismo punto, De la Peña Gómez sostuvo que la prohibición penal para llevar a cabo un aborto “no ha evitado que exista la interrupción, sino que se ha orillado a que las mujeres de escasos recursos practiquen la interrupción en clínicas clandestinas”.

Para el presidente estatal del PRD, Daniel Vital Cruz, “existen algunas inercias que han sido obstáculo para que nuestras mujeres tengan la libertad de decidir sobre su cuerpo, una doble moralidad, la misoginia, el machismo y la insensibilidad de los diputados de otros partidos, porque cuando se sube el tema a la mesa, no ha prosperado”, no obstante, el único diputado perredista prepara una iniciativa que presentará ante el Congreso del Estado.

Claro está que hacerlo no tiene ningún problema, ya que existen antecedentes desde 2008, pero de antemano saben que no prosperará debido a que aún reuniendo la mayoría de los votos de la oposición no serán suficientes para doblegar a los 12 del PAN y sus cofrades, aunque sí les valdrá para levantar un poco de polvo.

Es el mismo caso está el PVEM, que periódicamente recicla las propuestas que ha hecho desde hace varios años. Una de ellas, que presentaron el 20 de julio de 2016, Carlos A. Puentes Salas y Jesús Sesma Juárez, en ese entonces senador y diputado federal, respectivamente, establecen que debe acotarse todo lo que implique “la llamada tauromaquia”, que provoca “sufrimiento innecesario a animales de los cuales nos beneficiamos”.

Por su parte, quien fuera candidato a gobernador de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, el 26 de junio de 2018, se comprometió a que si ganaba la elección prohibiría las corridas de toros y peleas de gallos en el estado, lo que no sucederá al quedar muy lejos en la votación, pero le ayudó a atraer los reflectores.

Cada quien sabe su cuento, sin embargo, mientras no tengan la fuerza política suficiente, a perredistas y verde-ecologistas sólo les queda proponer aquello que pueda hacer algo de bullicio.

ALGO DE ALIENTO

Una noticia buena para los afiliados a la Canacintra: su presidente, Enrique Guillén, logró que las autoridades aceptaran no subir las tarifas eléctricas de media y alta tensión de aquí a diciembre, aunque para algunos sectores todavía falta corregir la fórmula de cálculo y evitar que se les carguen las ineficiencias en que incurre la Comisión Federal de Electricidad, por lo que es un asunto que debe quedar solventado a la mayor brevedad. En el comunicado que difundió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el pasado 5 de octubre, indica que “se determinó que para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, no habrá más incrementos en el costo de las tarifas eléctricas en media y alta tensión, y esta condición se mantendrá, salvo situaciones excepcionales que modifiquen considerablemente la implementación de los criterios que permitan tal acción”.