Mientras que el representante estatal de la Secretaría de Bienestar (SB), Aldo Ruiz Sánchez, también conocido como el “súper delegado”, dedica su tiempo y esfuerzo en defenderse de las acusaciones que le hacen desde su partido, Morena, las oficinas a su cargo operan sin ningún control, por lo que crecen las quejas de los solicitantes de apoyo ante la pérdida de documentos que entregaron en tiempo y forma, o que no hay quién atienda los teléfonos.

Entre los casos más recientes está el de un adulto mayor que a principios del mes de septiembre cubrió los requisitos para quedar incorporado a los beneficios que – asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador -, ya reciben todas las personas que tienen 68 años o más.

Los “servidores de la nación” que acudieron a su vivienda recibieron copias del acta de nacimiento, la credencial del Instituto Nacional de Electores (INE), la Clave Única de Registro de Población (CURP) y de un recibo domiciliario reciente.

Se le dijo que en un plazo no mayor de 45 días tendría respuesta y cuando se presentó a esa dependencia le indicaron que sería hasta finales de noviembre, que además no hacía falta que fuera a las oficinas, ya que sólo tenía que llamar al teléfono 971-02-71 extensión 40040.

Durante la última semana del mes pasado llamó y por medio de un contestador automático se le pedía que marcara a la extensión correspondiente, lo que hizo durante varios días sin que hubiera alguien que contestara. Finalmente, al quinto día, una empleada lo hizo y por su voz cortante se notaba molesta. Hizo una serie de preguntas y finalmente pidió esperar para corroborar los datos. Después de varios minutos informó que no había ningún tipo de documentación, por lo que el peticionario tenía que volver a iniciar el trámite, lo que naturalmente, tardará otros tres o cuatro meses en resolverse.

De lo anterior se desprende una serie de deficiencias, ya que no es posible que pierdan – o tal vez tiren a la basura – los expedientes, y que engañen a los demandantes al indicarles que no se necesita que acudan a la SB, que basta con que se comuniquen vía telefónica para que conozcan el avance de su asunto, pero al hacerlo no hay quién responda.

Ojalá que Aldo Ruiz tenga la capacidad de saber distinguir entre lo que es el trabajo por el que le pagan, y por cierto muy bien, y los problemas que enfrenta con sus antiguos camaradas, que el pasado 20 de noviembre anunciaron que van sobre Ricardo Leos, delegado urbano, al ser acusado por al menos cinco ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar, por descuentos ilegales que les aplicó a sus percepciones, además lo demandan por despido injustificado. El secretario de Organización de Morena, Fernando Alférez Barbosa, en conferencia de prensa, señaló que se haría del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se agregue al expediente que tiene abierto en contra del Ruiz Sánchez, al ser el responsable directo de lo que suceda en la dependencia.

El funcionario por su parte asegura que no le quita el sueño lo que sucede en torno suyo, que él se encuentra “enfocado en trabajar en su encomienda”, sin embargo, por lo descrito, no es mucho el interés que le da a lo que se vive en las oficinas a su cargo, con lo que echa por tierra el reiterado compromiso de López Obrador, de “garantizar los derechos económicos y sociales de los adultos mayores”.

ACTITUD SÁDICA

Para quienes siguen las noticias sobre lo que ocurre todos los días a lo largo y ancho del país se conmueven por los asesinatos que tienen lugar en cualquier parte, sin embargo Aguascalientes no está exento de registrar este tipo de problemas, que aún cuando sea en menor escala es algo que sufren decenas de familias al arrebatarle la vida a un familiar o un conocido.

Como parte de la “venta de imagen” que hace la administración pública, tanto estatal como municipal, se menciona que esta entidad es de las más seguras de la República, pero la realidad es muy distinta. Al concluir el mes de octubre rompió el récord anual de homicidios dolosos, al superar lo asentado en todo el 2018, pasando de 75 a 76 homicidios.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 9 homicidios en enero, 7 en febrero, 9 en marzo, 6 en abril, 10 en mayo, 6 en junio, 5 en julio, 2 en agosto y 11 en septiembre e igual número en octubre.

De los 76 homicidios, 51 fueron cometidos con armas de fuego, lo que obliga a considerar la reimplantación de la campaña de despistolización que hace algunos ayeres dio buen resultado, porque los actos que lleva a cabo el Ejército, de otorgar un beneficio económico o algún artículo a quien entregue voluntariamente las armas, no tiene el resultado deseado, de ahí que son muchas las personas que prefieren tenerlas en su hogar “para lo que se ofrezca” y esto lleva a que las utilicen en atacar a los presuntos enemigos.

Aunque existe una ley que establece los requisitos para adquirías y retenerlas bajo su responsabilidad, se pueden comprar en el mercado negro pese al riesgo que conlleva de ser sorprendidos con ellas, porque irremediablemente terminarán en la cárcel, lo que parece no importar o no temer quienes gusta de conservarlas o portarlas.

Asimismo, durante los primeros diez meses se denunciaron 32 mil 563 delitos del fuego común, de los cuales destacan 10 secuestros, 2 mil 411 hurtos domiciliarios, mil 943 robos de vehículos, mil 503 asaltos a peatones y mil 862 a negocios.

De todas las agresiones que sufrió la sociedad en este lapso, el delito de secuestro es el más grave, no obstante que su número sea mínimo en comparación con los demás, por lo que significa para quien es privado de su libertad y de los familiares que deben enfrentar una situación inédita en sus vidas, ya que no saben cuál es el grado de crueldad de los plagiarios, por lo que es obligación de las autoridades aprehender y consignar a quienes llevan a cabo ese tipo de actos y no sólo eso sino hacer del conocimiento público la sentencia a que se hicieron merecedores, lo que de alguna manera sirva como elemento disuasivo para quienes tengan proyectado hacer algo similar.

En las corporaciones policiacas afirman que ha decrecido el porcentaje de robos domiciliarios gracias a la prevención y vigilancia que llevan a cabo, pero sus dichos no concuerdan en la práctica, ya que casi dos mil quinientas familias sufrieron entre enero y octubre el robo a sus hogares, que en múltiples ocasiones generan un daño económico que tarda en resolverse, máxime cuando se trata de una familia de obreros que ha adquirido sus artículos a plazos y en un santiamén alguien se los lleva, dejándolos sólo con la pago a la casa comercial.

Una situación similar ocurre con los vehículos, que cuando son hurtados dejan sin transporte al trabajador, empleado público o del sector privado, al ama de casa, al estudiante, dándose casos de comerciantes que utilizaba la camioneta o el automóvil para el traslado de los artículos.

Por todo ello se necesita dejar de lado la autocomplacencia y mejorar el cuidado de la sociedad, que es la que paga los emolumentos a policías de todos los niveles. Cuando deje de escucharse los reclamos podrán decir que han cumplido con su tarea, mientras tanto seguirán las voces del sector comercio, que es de los más golpeados por ladrones de toda laya.

A SACAR EL CARÁCTER

Dice, y dice bien, la diputada Elsa Amabel Landín, que el gobierno del estado tiene un reto mayúsculo para multiplicar los recursos de que dispondrá en 2020. Es sabido que a la Federación se le antojó que todas las dependencias públicas del país sobrevivan en una “pobreza franciscana”, por lo que redujo desde este año los apoyos que se tenían previsto para la ejecución de programas y servicios, tendencia que seguirá el próximo ciclo fiscal. Ante este panorama, la legisladora consideró que debe hacer rendir la hacienda para que continúe el crecimiento, en base al buen manejo de de las finanzas que ha tenido los últimos años y ante todo ser “más creativo para la recaudación, además de garantizar los principales servicios que demanda la ciudadanía”, sostuvo.