En México, toda la estructura jurisdiccional en materia penal es para atender al 4% de la gente que es víctima de un delito y lo denuncia, pues el 96% restante arregla sus conflictos solo, señaló la especialista en derechos humanos y victimología, Maria de la Luz Lima Malvido.

“Esto conlleva el riesgo de que en esa resolución personal se incurra en otras faltas que generen una espiral de violencia y delito”, agregó, en el marco de la capacitación que encabeza sobre derechos de víctimas en impartición de justicia, a invitación del Poder Judicial del Estado.

En entrevista, reconoció que falta mucho por hacer para proteger cabalmente los derechos de las víctimas del delito en nuestro país y señaló que los esfuerzos realizados para cumplir las reformas hechas en ese sentido todavía no se han aterrizado, pues enfrentan los conflictos de una transición en el Sistema Penal Acusatorio.

Al respecto, estimó que para asentar al 100% el nuevo sistema en materia penal pasarán alrededor de diez años, en los cuales deberán fortalecerse no sólo las estructuras jurisdiccionales, sino especialmente las relativas a la protección de los derechos de víctimas.

En ese sentido, la especialista e investigadora planteó que deberá llegar el momento en que un juicio no deba llevarse a cabo sin la presencia de un defensor de víctimas, pues en este momento además de que hay una mínima cantidad de gente preparada para ello, el esquema de defensa sigue del lado del victimario.

“Esto significa que al menos en este momento la implementación de la oralidad penal no es suficiente para acabar con la impunidad ni para resarcir el daño causado a las víctimas del delito, por lo que la confianza social ante la procuración e impartición de justicia no repuntan aún”.

Lima Malvido consideró que para poder llegar a esa condición de defensa profesional y segura para ambas partes en un juicio, nuestro país tendría que contar con alrededor de 350 mil asesores jurídicos, lo cual implica tiempo para concretar la transición de los sistemas penales, ardua capacitación y por supuesto el desarrollo de la estructura jurisdiccional de manera suficiente para todo el país.