Noé García Gómez

¿La amnistía a los delincuentes será una solución para combatir el narcotráfico? ¿La ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados y discutida en el Senado es la solución al combate al crimen organizado? En plena época electoral rumbo a la contienda presidencial ambas propuestas  están en el ojo del huracán.

No soy partidario de ninguna de las dos propuestas; creo que proponer un acuerdo a los delincuentes es aceptar que el Estado falló. Pero también creo que el día de hoy se actúa como si se otorgaran garantías para que algunos pudieran actuar impunemente. El caso de Odebrecht y la forma en que funcionarios e instituciones actúan para proteger a uno de los hombres cercanos a Peña Nieto, Emilio Lozoya, es una forma de impunidad política no oficializada. Pero también cuando se instalaron algunas Guardias Comunitarias fue legalizar grupos que estaban fuera de la ley y algunos muy parciales o cercanos a grupos del narcotráfico.

Las actuales condiciones de corrupción e impunidad son una especie de acuerdos tácitos del gobierno para dar pactos de amnistía de forma selectiva, por lo que muchos de los que hoy critican la propuesta de Andrés no tienen la calidad moral. Repito, no estoy de acuerdo, pero sin duda que varios de los que lo cuestionan se muerden la lengua.

En el caso de la ley de Seguridad Interior, donde se trata de detallar y regular la intervención de las Fuerzas Armadas en las labores de combate al crimen organizado, creo que establece puntos ambiguos y que da pie a la subjetividad de interpretaciones.

Como el dar la facultad para acciones preventivas al criterio de los oficiales de las fuerzas armadas; también al dejar en la extrema vaguedad la aplicación de los derechos humanos con la sola frase de: “se respetarán los derechos humanos”, sin algún tipo de lineamiento o protocolo; además de que deja la peligrosa interpretación de intervenir en los movimiento sociales, dejando a criterio el evaluar si ponen en peligro la seguridad de las personas o la nación; todo lo anterior aderezándolo con la opacidad de la información, ya que toda será reservada.

En concreto, las definiciones imprecisas permiten que peligrosamente todo quepa en la figura de Seguridad Interior.

En un país propenso a las figuras arbitrarias, como las que ejecutaron las represiones de Tlatelolco en 1968, el halconazo de 1971 y la guerra sucia en toda la década de los 70 y que de manera silenciosa se extendió hasta mediados de los años 90, exactamente así como se aprobó esta ley, da pavor.

En las pasadas décadas las instituciones de la Defensa Nacional y Marina eran sinónimo de orgullo de la población, padres de familia llevaban a los desfiles militares a sus hijos, los niños querían ser soldados y cada que se veía un convoy del Ejército era motivo de agradable sorpresa.

Las fuerzas militares desde su perfil y formación se sentían en cercanía con la ciudadanía, se les veía en tareas de apoyo en todos los rincones del país cuando un desastre natural se presentaba; en imágenes de noticieros, sin que fuera la nota principal se veía soldados o marinos como telón de fondo, realizando labores de ayuda en huracanes, tormentas y las inundaciones que se generaban. Llegaban no solamente con su fuerza de voluntad y experiencia, la mayoría de las veces trasladaban los apoyos recibidos en los centros de acopio.

Hoy, todo lo anterior se opaca; vemos como dichas instituciones fueron obligadas a limpiar el lodazal de malas políticas contra las drogas y el crimen organizado, las autoridades federales, estatales y municipales trepadas en el tobogán de la corrupción voltearon para otro lado o en otros casos se aliaron a los criminales, y las consecuencias fueron un empoderamiento del crimen organizado y acciones de éstos sin control contra los ciudadanos. Extorsiones, cobro de piso, secuestros, robos, amenazas comenzaron a padecer ciudades y municipios enteros; las policías, más que cuidar a los ciudadanos, o les temían o les ayudaban.

Ante tal anarquía y caos, el gobierno federal giró la instrucción de que las fuerzas armadas combatieran al crimen organizado. Disciplinados y leales obedecieron sin cuestionar una tarea que no les corresponde legalmente.

Algo que parecería lógico y estratégico, con el paso del tiempo fue ocasionando un desgaste por la mala planeación con que se tomó la decisión.

Hoy la excepción se quiere volver regla. Los miembros del ejército están entrenados y formados para realizar lo que sea necesario en defensa de la patria y cumplir la orden de sus superiores. Llevarlos al terreno de la investigación y las tareas preventivas los tomó, mínimo, desprovistos.

Querer impulsar estas herramientas jurídicas que quedan en la vaguedad y al criterio personal la operación de su ejercicio, no servirá para enfrentar el flagelo de las organizaciones criminales; en cambio las deja más vulnerables para servir a intereses poco claros de personajes sin un respeto por estas instituciones.

Hoy, lamentablemente, el tema de seguridad se volverá un tema político y electoral, donde los más afectados serán las instituciones de las fuerzas armadas, pero sobre todo el ciudadano.

Twitter: @noeg2

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