Nallely Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio debe ser cuidadosa en su aplicación, pues se corre el riesgo de que sean incautados inmuebles de propietarios que más que relacionados a hechos criminales hayan tenido poco cuidado en su escrituración y se vendan las propiedades de manera anticipada.

Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de la República, consideró que uno de los principales riesgos de la legislación es la venta de inmuebles en proceso de juicio.

«Antes de la sentencia, el inmueble que fue previamente asegurado por la autoridad y que va estar en juicio, pueden venderlo.

«Todas las cosas que se deterioran por el transcurso del tiempo (bienes perecederos) está correcto que se vendan, pero si se trata de un inmueble por qué razón venderlo anticipadamente bajo el argumento de que la administración puede ser muy costosa», explicó el especialista legal en el marco de la Cumbre Inmobiliaria Incon.

La Ley, que entró en vigor el pasado 10 de agosto, es una medida que fomenta la venta previa sin sentencia justificada en el gasto de administración que generaría la retención del inmueble, a lo que Morales Lechuga consideró que esto dejará completamente al dueño sin posibilidades de defender su propiedad.

El experto señaló que la «buena fe» será la mejor defensa de los inmuebles, pues tal como está planteada la Ley, un propietario puede perder sus propiedades, sin indemnización, si un inquilino hace un mal uso del inmueble y no demuestra que lo denunció.

«Ojo, la buena fe la define la ley, la exige para que a uno le den la razón, ¿y cómo la va a acreditar?», cuestionó en el foro con inmobiliarios.

«Yo no quisiera ver una Ley de Extinción de Dominio el día de mañana por delitos que realmente no son delincuencia organizada, la trampa está en tratar de considerar delincuencia organizada cualquier delito», aseveró.

Esta Ley aplica cuando un bien inmueble es utilizado para actos ilícitos, es producto de operaciones criminales o bien, es un lugar donde se encubren actos delictivos, y hace posible que el Estado venda el inmueble hasta seis meses antes de que se integre la carpeta de investigación.

El especialista legal señaló que aún hay una oportunidad para modificar el tema de la venta anticipada por el artículo 12 en el que señala que el Fiscal General de la República debe abrir una consulta nacional para evaluar cambios.

El también titular de la Notaria 116 de la Ciudad de México señaló que otra medida que vulnera al sector inmobiliario es propuesta fiscal que contempla la evasión como delincuencia organizada, pese a que por años el sector ha operado sin obligación al pago de impuestos.

«Hablar que platicar con los que se dedican a la renta de inmuebles para ver qué tanto les pega darse de alta en Hacienda, porque la mayoría no paga, ahora van a pagar y es el primer requisito para defender la propiedad», aclaró.

Ven positiva legislación
Para la plataforma de arrendamiento Homie, la Ley de Extinción de Dominio es acertada por el nivel de corrupción e inseguridad del País; sin embargo, ha generado incertidumbre en el sector.

«El nivel de inseguridad y corrupción que actualmente vivimos, orilla a la autoridad correspondiente a tener un mayor filtro para el cuidado del patrimonio de todos los ciudadanos y más argumentos para la prevención del delito», puntualizó la empresa en un comunicado.

Además, consideró que la Ley no es nueva, sino que se hace nacional, con lo que la extinción de dominio ya no estará sólo sujeta a la legislación de cada entidad.

Homie señaló que la investigación a detalle sobre el inquilino será la clave para evitar la pérdida de inmuebles por su vinculo a la delincuencia organizada.

«El panorama se hace más amplio para la posible extinción de dominio, y la existente incertidumbre de quienes ponen un bien inmueble en arrendamiento; la única medida de prevención para los propietarios es conocer a profundidad en manos de quien dejan su patrimonio», acotó.