Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores durante estas 19 semanas en las cuales he manifestado sobre los escenarios que han imperado en el ámbito federal, estatal y municipal o bien en los organismos operadores, así como en todo ese marco institucional, o que pueden visualizarse en el sector agua desde la perspectiva de la autoridad federal o instancia gubernamental que es la Conagua y de autoridades en el sector jurídico y administrativo, además de todos los usos, doméstico, comercial, agrícola y ambiental.

El titular del Ejecutivo Federal durante su campaña y al inicio de la actual administración manifestó que las dependencias federales emigrarían, como una forma de descentralización en el caso de la Conagua, la visión corta mencionó que tendría como destino a Veracruz, así como otras dependencias que pasarían a otros estados. Esto significaría un caos en lo correspondiente a la administración pública. Sin embargo, la descentralización no es mala, sobre todo si es aplicada con visión y planeación, no es implementarla en los primeros siete meses como la mayor parte de las acciones realizadas, una descentralización planeada en el sector agua, podría darse en los propios organismos de cuenca y en fortalecer a las delegaciones estales o bien optar por firmar un acuerdo con las entidades federativas y en un marco de reglas de operación actuar de manera coordinada, sin perder de vista a la parte más frágil de la institucionalidad del agua que son los municipios.

Esa sería una descentralización razonada visualizando el no perder cuadros de la administración cuya trayectoria profesional, experiencias y visión son necesarias para llegar al éxito y cumplimiento de metas y la reducción de las brechas, cierto que había todo tipo de funcionarios, pero importan los calificados y aquí bien pudo el Ejecutivo Federal comenzar con esa descentralización que han iniciado o implementaron algunos países y que de acuerdo a los ortodoxos son formas de “política neoliberal”, vaya ironías de la vida.

¿Cuál será el destino de la CONAGUA? Renunciará Blanca Jiménez también ante la impotencia de poder implementar estrategias serias ante la problemática del sector, lamentando el haber dejado un foro como lo tuvo en París, con proyección que le permitió fortalecer su perfil y reputación y ahora la impotencia ante la ausencia de razón, que puede limitar la acción tan necesaria para afrontar los severos problemas de falta de sustentabilidad del recurso agua y a su vez el cambio climático que cada instante avanza.

Por otro lado, se tiene en puerta el Plan Nacional Hídrico instrumento de planeación en el sector agua, en el cual debe imperar la sensatez, conocimiento y no la verborrea ideológica resultado de una deficiente formación académica, así como del desconocimiento del sector hídrico; en síntesis el instrumento debe apegarse a la realidad de la problemática, con soluciones viables y de impacto contundente. No debe dejarse seducir por una satisfacción o complacencia a los “baños de pueblo”, la importancia reviste insisto porque existen severos problemas con la sustentabilidad del recurso como ya señalé y el cambio hidroclimático es una amenaza real. De ahí la relevancia de desarrollar cada apartado, meta, estrategia, objetivo, acción, indicadores de resultado y de desempeño adecuados para evaluar, dar seguimiento y brindar el control adecuado.

Luego tendríamos el marco legal partiendo del artículo 27 constitucional una tarea de gran dimensión, complejidad y responsabilidad, en donde se debe estar a la altura del reto y no continuar con la visión partidista de cotos de poder de los partidos políticos como ha sido la costumbre, cuyos resultados son híbridos legislativos sin congruencia y defectuosos, penosamente podemos decir que no hay mucha diferencia en el actuar de los congresos locales y cámaras de senadores y diputados.

La Ley de Aguas Nacionales o Ley General de Aguas como se ha pretendido perfilar en el último caso de ley general, la cual por supuesto debe adecuarse a la realidad del régimen jurídico del agua, que a su vez implica una revisión al artículo 27, sin embargo, no puedo ocultar mi temor que se vaya a cometer un severo error de costos elevadísimos, por esa ignorancia que se desdobla en verborrea y a su vez se asume como una ideología de reivindicación cuando es tan solo una mala imitación de ideología, sobre todo en el rubro de la malentendida privatización, y que de cometer los errores como ha sido la tradición, fomentan vacíos que son aprovechados ahora sí por algunos grupos sin escrúpulos en el sector empresarial, inmobiliario y agrícola, que no tienen intención de lograr una verdadera sustentabilidad del recurso.

Se debe tener cuidado en no confundir la participación social con una anarquía en la convocatoria e integración de un tema trascendental, no se debe enfocar el futuro a ensayos de desastre, sino a soluciones ante inminentes escenarios que proyectan desastre por motivo del cambio hidroclimático por eso no se debe provocar el desastre administrativo, dado que se ha generado un ensayo de institucionalidad desarticulada inerte y sin fuerza para atender y confrontar los verdaderos problemas, los congresos locales no son la excepción con el malentendido concepto de gratuidad, no suspensiones de los servicios y derecho humano al agua. En este sentido, Aguascalientes sigue siendo un foro de malos entendidos y las iniciativas de su Congreso, en muchos años han estado lejos de encontrase a la altura de los retos del estado, de la región y de los olvidados municipios, que con la errónea visión de no suspensión a quien van a condenar será a los propios usuarios. Esa es la panorámica de esta administración federal 2018-2024, ¿Qué debemos hacer? Lo he mencionado en más de ocho años en este espacio y lo estaré reiterando en las siguientes semanas. Porque recuerden que lo que se necesita son acciones tendientes a que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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