Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores en semanas anteriores abordé el tema del Plan Nacional de Desarrollo PND, el cual manifesté presentaba contradicciones, posteriormente trate asuntos más enfocados en lo local y escenarios electorales que impactan en el agua, ahora vuelvo con la temática que se vincula a dicho instrumento de planeación sobre el cual advertí las contradicciones, en primer lugar porque su primera parte son la serie de oficios girados por las autoridades, la segunda por una aparente exposición de motivos, que no es más que un desgastado e inútil apartado ideológico que no aporta, ni concluye algo en particular, redunda en los lugares comunes que ya caracterizan a esta administración federal. Pasemos entonces al documento en el cual sorprende y lo denomino como contradicción, pues en su página 156 reconoce al “asistencialismo como falla” entonces ¿Cómo se explica el modo de actuar de la presente administración?.

Posteriormente en su Objetivo 1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro. Objetivo. 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. Página 107”. “III. Eje transversal 3 “Territorio y desarrollo sostenible” el cual parte de un diagnóstico general donde se reconoce que toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades, de las generaciones futuras y que toda política pública actúa en un territorio, entendido este último como el espacio en donde se desarrollan las relaciones sociales y se establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político y económico”.

“La falta de una adecuada comprensión del territorio y sus implicaciones pueden mermar la capacidad de incidencia de las políticas públicas en el presente, mientras que ignorar las consideraciones de sostenibilidad pueden limitar los alcances de éstas en el futuro. Es por ello, que resulta necesario promover que las mismas contemplen un enfoque que articule el quehacer con el desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Es fundamental considerar tanto la vialidad financiera, fiscal y económica como el mantenimiento de la cohesión social y la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la planeación y el ordenamiento territorial”.

“Una comprensión adecuada del territorio y del desarrollo sostenible es fundamental para poder alcanzar los objetivos que se plantea esta administración, así como para garantizar un mayor bienestar a las generaciones presentes y futuras, los efectos desproporcionados de los fenómenos naturales en los poblados y regiones marginadas, no se entienden sin estas dos visiones”.

“Es necesario incorporar consideraciones territoriales cuando se busca garantizar los derechos humanos y sociales en todos los niveles; es imposible hablar, por ejemplo, de derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano y al deporte si no se toman acciones efectivas para garantizar la sostenibilidad medioambiental de los ecosistemas y de las cuencas. De igual manera, el desarrollo económico que impulsará la presente administración no se pondrá en riesgo el goce de los derechos de las generaciones futuras, considerará la sostenibilidad económica tanto de los programas sociales como de los mecanismos de inclusión financiera que promuevan el desarrollo regional vinculado a la construcción de nueva infraestructura”.

“En tal sentido, la incorporación del eje transversal 3 “Territorio y desarrollo sostenible” para el PND reconoce la construcción territorial plasmada en los artículos 42 al 48 de la Constitución Federal, así como la relevancia de un medio ambiente sano previsto en el artículo 4 de esta citada constitución”.

“Atendiendo los nuevos enfoques de política pública de la presente administración, el gobierno de México se ajustará a los cinco criterios siguientes:” “1. La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. “2. Toda política pública deberá contemplar, entre sus diferentes consideraciones, la vulnerabilidad entre el cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia y las capacidades de adaptación y mitigación, especialmente si impacta a las poblaciones o regiones más vulnerables”. “3. En los casos que resulte aplicable, la determinación de las opciones de política pública deberá favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono y fuentes de generación de energía renovable; la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera, el suelo y el agua, así como la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. “4. Toda política pública  considerará la localización del problema público a atender en su diagnóstico, así como si este se localiza homogéneamente en el territorio nacional o se concentra en alguna región, zona metropolitana, núcleo o comunidad agraria o rural, ciudad o barrio”. “5. El análisis de la política pública, deberá valorar si un mejor ordenamiento territorial potencia los beneficios de la localización de la infraestructura, los bienes y servicios públicos, y de ser así, incorporarlo desde su diseño, pasando por la implementación, y hasta su proceso de evaluación y seguimiento”.

Mis apreciados lectores el documento tiene una severa lobotomía, en su parte ideológica dice lo contrario y en este apartado que he transcrito dice lo que debería hacerse, aunque es limitado e insuficiente, suena sensato, a pesar de que el gobierno federal hace todo lo contrario, el riesgo como ya lo indiqué es persistir en un asistencialismo; las próximas semanas continuaré con el resto del plan y sus comentarios, recuerden amables lectores que la pertinencia y sensatez en estos instrumentos es fundamental para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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