Estamos viendo algunas cosas que me parecen muy graves en la relación entre el ejército y la sociedad. Hace muchos años este ejército fue parte de la culminación de todo un proceso renovador de la vida nacional. No olvidemos que el ejército de Venustiano Carranza era el ejército constitucionalista. El constitucionalismo fue para México la culminación de una revolución –o una lucha entre grupos revolucionarios– que se propusieron oponerse a la ilegalidad de un gobierno que se impuso por un golpe de estado. En esas condiciones el ejército fue pieza central de lo que ocurrió y de la forma como se quiso resolver lo que había ocurrido. Y gracias al ejercito, México ha tenido muchas cosas positivas, pero el uso del ejército para los fines que no le corresponden, y me refiero no solamente a lo que ocurrió a partir del gobierno de Felipe Calderón sino también de lo ocurrido desde que se utilizó al ejército para disolver manifestaciones contrarias al gobierno, como ocurrió en el año de 1968, el ejército ha tenido una postura de oscilación frente a la idea que la sociedad tiene de él. Por una parte, y esto no deja de ser una paradoja, una de las instituciones mejor calificadas por la sociedad en todas las encuestas recientes es el ejército, pero simultáneamente fue durante algunos meses, y algunos años, la institución con más observaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El movimiento guerrillero nacional, si así le pudiéramos llamar a toda esta colección de grupos subversivos, se da inicialmente en Chihuahua, con un ataque a un cuartel militar en Ciudad Madera, y después es el ejército el que tiene que encargarse de disolver a los grupos subversivos, guerrilleros, que había a lo largo del país principalmente en el estado de Guerrero. A eso se le llamó la “guerra sucia”. Y sumada esa “guerra sucia” con lo que había ocurrido en Tlatelolco, al ejército le tomó muchos años recuperar una buena imagen. Y cuando ya la estaba medianamente recobrando apareció este error nacional de convertirlo en policía, o de sustituir con su disciplina y eficacia la corrupción y la mala operación de los grupos policiacos en el país. Hoy tenemos por una parte un ataque que el ejército no puede responder porque si hubiera respondido habrá habido una enorme cantidad de muertos y quizás eso es lo que buscaban quienes asaltaron el cuartel allá en Guerrero, con el pretexto de que iban a buscar a los estudiantes desaparecidos. El ejército ha respondido diciendo que quien quiera entrar, satisfechos ciertos requisitos de orden, puede entrar a los cuarteles a buscar lo que crea que en los cuarteles está escondido. La reacción del ejército es comprensible, la que no es comprensible es la otra. Pero junto a todo esto que viene ocurriendo en este ataque, que en otras partes del mundo sería un ataque suicida, sería una provocación deliberada para causar muertes. Aquí se enfrentó de una manera sumamente discreta y ordenada. Junto a esto aparece el otro punto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclasifica su propia recomendación y dice: “No hay que recomendarle al ejército que atienda hechos violatorios consistentes y frecuentes en los cuales se inscribe lo de Tlatlaya. Hay que reconocer que se trató de violaciones graves”. Y parece una perogrullada pero a veces hay que decirlo, la violación más grave contra los derechos humanos es cuando la autoridad le quita la vida a un ciudadano, porque el derecho humano fundamental es el derecho humano a la vida.

Esta reclasificación nos pone también ante dos situaciones: la primera es la manera comodina con la que se hizo la recomendación anterior buscando más el reacomodo del titular de la comisión que el cumplimiento del análisis efectivo de las evidencias reunidas. Y la otra, que ésta comisión pretende imponer un sello de cumplimiento estricto de lo que la legislación, en materia de derechos humanos obliga y el objetivo de la reclasificación tiene como fundamento el artículo 1°, el párrafo 1° y el párrafo 2° de la Constitución. Esa Constitución mexicana que se pudo hacer gracias al triunfo de un ejército constitucionalista. Hoy, a éste ejército le toca el constitucionalismo del respeto a los derechos humanos, eso es lo que dice la CNDH.

EL CHAPULINISMO POLÍTICO

¿Está usted de acuerdo en que un ciudadano electo para desempeñar un cargo de elección popular mediante el voto, claro, abandone el cargo para el que resultó triunfador en busca de un nuevo hueso? La pregunta viene a colación debido a que estamos en plena etapa de inscripción de aspirantes a candidatos a puestos de elección popular en todos los partidos políticos, a nivel nacional, pues este año habrá elecciones para renovar la cámara de diputados –300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional– así como 9 gubernaturas –Baja California Sur, Campeche, Colima, ¿Guerrero?, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora–; y 16 jefes delegacionales en el DF, así como 17 Congresos locales. ¡Todo un mundo de candidaturas! Políticamente sabemos que es incorrecto el que quien ocupa actualmente un cargo de elección popular ya esté pensando en brincar a otro cargo, el clásico “chapulinismo”; si los queremos satanizar y censurar hay muchas cosas y causas para hacerlo. Fíjese usted, en el DF los 16 delegados se separaron del cargo para buscar otra candidatura y en el caso de ellos hay tela de donde cortar para criticarlos; primero, su mal desempeño, y segundo, sus actos de corrupción. Antes, mucho antes de sus actos de chapulinismo, y le voy a decir por qué: Se dice, y es lo más difundido, que es traición al voto que los llevó al cargo, el contrato social adquirido en las urnas. Se van sin cumplir el 25% del tiempo para el que fueron elegidos –en el caso de Aguascalientes les falta más del 50% a los diputados–. Pero se van obligados, por reglas de la democracia mexicana que tiene dos anomalías bis a bis en relación con las otras democracias, la primera es que en este país no hay reelección, probablemente si hubiera reelección la buscarían muchos de los que ahora ocupan un cargo. Por lo tanto esta situación de desbandada se va a acabar a partir del 2018, porque a partir de ese año se van a poder reelegir los delegados, los diputados locales, los diputados federales, etc. Pero la desbandada de los delegados y diputados se va a presentar cada seis años en vez de cada tres, entonces la desbandada la vamos a volver a ver hasta el 2024, pero aun cambiando la reelección, ¿qué es lo que pasa?, pues que nuestras reglas electorales impiden que si alguien está ocupando un cargo de elección popular, como son los delegados en el DF, hagan campaña, porque son funcionarios públicos y nuestra ley castiga que los funcionarios, electos o designados, hagan campañas, por lo tanto, si quieren seguir una carrera política legítima, a la que tienen derecho los delegados, diputados, senadores, presidentes municipales, etc., tienen que renunciar a su cargos anticipadamente porque las reglas no les permiten mantenerse en el cargo, por ello es difícil, y de ahí las críticas, para ellos el tratar de obtener una nueva posición. Desde luego que también existe la contraparte, cuando los ciudadanos reclaman que ellos fueron a votar por una persona para un cargo que dura determinado tiempo y por ello no se vale que a pesar de la voluntad ciudadana el político antes de cumplir el ciclo para el que fue electo y cumplir con ello el 100% del encargo y por una especie de protección política, empieza a hacer campaña para un nuevo brinco, para un nuevo cargo, y le importa poco el voto que la ciudadanía le otorgó en confianza el día de la elección que lo llevó al cargo. Ese es el único argumento frágil que los ciudadanos podemos tener contra la práctica de los chapulines de la política.

Algo que hay que reconocer es que el chapulinismo pasa en todos los países, solo hay que recordar que Barack Obama renunció anticipadamente a su asiento en el senado de los EU para buscar la presidencia. Esto pasa en todos los países pero en México sí somos hiperpuristas en estos temas. En esta cuestión le deberíamos pedir a los partidos, al PAN, PRI, PRD, que tanto se están rasgando ahorita las vestiduras por saber quién es el principal líder anticorrupción, que no postulen a quienes tienen la sombra de actos de corrupción. Alguien podría decir que son presuntos actos de corrupción. Sí, son presuntos actos, pero entonces que los partidos abran una investigación y si realmente hay actos corruptos, que esas personas no sean premiadas con una candidatura y como ya no se pueden ir a independientes porque no renunciaron con suficiente tiempo antes, se van a quedar con las ganas. Y si le queremos creer a los partidos su misión anticorrupción, que les ha surgido a todos, que no postulen a quienes están en la mira hasta en tanto no entreguen cuentas.

Como quiera que sea, la población ve mal este tipo de actitudes. Se percibe un avorazamiento muchas veces inmoral el dejar un cargo por ir en busca de otro. Una burla a la ciudadanía de quienes buscan un escalafón burocrático-político apadrinado por los grupos políticos que siempre existen amafiados en los institutos políticos, grupos que siempre ven por su beneficio personal y no por el colectivo. Dicen sacrificarse para servir a la población y al final de cuentas no son más que marrullerías para enquistarse en la vida política nacional o estatal. Conocemos de infinidad de políticos que han brincado de un cargo a otro a lo largo de su vida. Políticos que jamás han trabajado en nada que no sea en cargos que se cobra –y muy bien– en el gobierno. De gente que toda su vida ha vivido de los impuestos de la población, a la que ya estando en el cargo le dan de palos con nuevos impuestos y leyes y reglamentos que en muchas de las veces les impiden desarrollar alguna actividad. En políticos que ya estando en el poder se les olvida que son mandatarios y no mandantes. El mandante es el pueblo que los eligió para que los represente y no para que luego les den de palos.

Les deberíamos exigir a los presidentes de los partidos que tienen en sus manos las riendas de las candidaturas, que si realmente están comprometidos con la anticorrupción que no postulen a gente que tiene cargos de corrupción, aunque ya sabemos que en política siempre se dan estas mezquindades, lo que no se puede entender es que si la primera obligación de un político es ser efectivo, es ser eficaz, ganar elecciones, pero si va a permitir que sus odios, ganas de excluir los lleven a quitar a un cuadro que le representa ganar votos, como en el caso de Margarita Zavala, y donde se pone primero el interés de su grupo que la unidad del partido, están muy mal. Si algo aprendió el PRI, cuando la campaña de Madrazo y Elba Esther Gordillo, fue que lo peor, lo que lleva siempre necesariamente a la derrota, es la división. Y esto, lo que nos está mostrando, no solo es la mezquindad, la ineficacia, es también la división del partido que lo puede llevar a una derrota, si cabe, peor. Deberían reflexionar.