Entre rechiflas y consignas, se aprobó la nueva Ley de Movilidad en sesión del Congreso, por lo que ahora habrá bicitaxis, a pesar de la oposición de los taxistas. Además, el servicio privado que se solicita por aplicación digital no podrá cobrar en efectivo, lo que molestó a la empresa que ofrece esta modalidad y advirtió que se amparará contra la normatividad; sin embargo, podrán adquirirse tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia.

MANIFESTACIONES. Ayer, en sesión del Congreso, en tanto miembros de ATUSA y de agrupaciones de taxistas se manifestaron en el Vestíbulo del parlamento, choferes de servicio privado lo hicieron cómodamente sentados en el recinto oficial.
Previo a la votación (22 a favor y tres abstenciones), los diputados ponderaron las ventajas de la nueva Ley: se garantizarán prestaciones sociales para los choferes y jornadas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo; de no cumplir con ello se cancelarán las concesiones.
Se dará descuento del 50% a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, tanto en camiones urbanos como en combis, en el entendido de que a más tardar en el 2022 se tendrán unidades incluyentes, adaptadas para los usuarios con discapacidad. Y se creará un fondo con recursos del Gobierno, en apoyo a los grupos más vulnerables.

NUEVOS ORGANISMOS. Se crea el Observatorio Ciudadano de Movilidad, órgano que vigilará que el sistema de transporte público se modernice y sea acorde a las necesidades de los usuarios.
El ordenamiento prioriza la protección de peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del transporte y automovilistas, en ese orden jerárquico.
Además, la Coordinación General de Movilidad será el órgano encargado de inspeccionar esta obligatoriedad, así como de regular la operación de las unidades de transporte público.
Dicho órgano también será el encargado, entre otros asuntos, de determinar las tarifas de transporte público previo a la opinión de un Consejo Consultivo; fungir como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre los concesionarios o permisionarios, o entre éstos y los usuarios del servicio de transporte; y ordenar la suspensión de los servicios de transporte público cuando no se satisfagan las condiciones de seguridad, higiene y calidad.

VARIOS TEMAS. No se permitirá que una persona cuente con más de una concesión de transporte público.
Por su parte, la diputada Mayela Macías Alvarado planteó la instalación de un geolocalizador con el botón de pánico en cada una de las unidades del transporte de alquiler, con el propósito de que se puedan conocer las rutas, en favor de la seguridad de pasajeros y operadores. La propuesta fue avalada con 21 votos a favor.
Finalmente, el legislador Iván Sánchez Nájera propuso que sea obligatoria la aplicación continua y de forma aleatoria, de exámenes antidopaje a operadores y usuarios del transporte público; su propuesta sumó 22 votos a favor.
No acudieron a la sesión Guillermo Gutiérrez y Paloma Amézquita.