En cierta ocasión, un abogado vía telefónica se ponía de acuerdo con el abogado de la contraparte para llevar el juicio “en paz”, lo que al ser descubierto simplemente se encogió de hombros y comentó: “Para las leyes las contraleyes”, lo que se traduce al mexicanismo “el que no transa no avanza”.

Aunque la ética dicta que los letrados deben conducirse con honestidad en todos los actos que entrañe su profesión, en la práctica siempre habrá quien se salte los mandatos a la torera, lo que encuentra una similitud en los prestamistas, que hacen fortuna con la necesidad de las personas y no les importa dejar en la calle a quien sea por tal de cobrar el capital y los abusivos intereses, que se multiplican conforme sea el atraso del cliente.

Desde siempre los agiotistas han sido señalados como un cáncer de la economía personal y familiar, la misma Biblia recomienda que sean benévolos en el cobro de los intereses, recordándoles que si no cambian de actitud su destino serán las llamas eternas, pero entonces como ahora prácticamente ninguno hace caso a las recomendaciones ni le teme a lo que pueda suceder en el más allá.

Ahora se pretende que México haga punta de lanza para frenar esos actos, al incluirse en la norma legal que en caso de llegar a juicio por conflictos en el pago de préstamos suscritos, el especulador deberá presentar su alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que de no tenerla se le abrirá una investigación y lo más seguro es que le salga más caro el caldo que las albóndigas.

Por regla general, el agiotista impone el tipo de interés y periodicidad en que se debe pagar, además de la fecha de vencimiento del préstamo, lo que invariablemente acepta el interesado, que debe firmar un pagaré que se hará válido si hay demoras en los pagos, o la negativa a liquidar el total del capital. Más tarde el documento pasa a un despacho de cobranza que hace lo indecible por tal de lograr su objetivo, que en la más de las ocasiones se apodera de bienes inmuebles y enseres de la vivienda, por lo que el urgido pierde todo.

El presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Rogelio Ruiz Esparza Gómez, subrayó que la usura siempre ha existido y se aplica bajo diversos procedimientos, que la más de las veces son tratos personales “originados por una necesidad que exige solución emergente y cobijados durante años por prácticas poco ortodoxas para la recuperación de los dineros”.

Ante esa realidad, el Código Penal del Estado contempla la usura como un tipo penal consistente en obtener para sí o para otro, al celebrar un acto jurídico de carácter económico, independientemente de su naturaleza, un interés convencional evidente o encubierto, que exceda a un 37% anual.

A quien se le compruebe este delito se le aplicará de 2 a 8 años de prisión y de 25 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Es una costumbre muy arraigada que los perjudicados no presenten denuncia y sólo lo hacen cuando están a punto de perder su patrimonio, por lo que habrá decenas o cientos de este tipo de personas que se dedican a prestar dinero sin que el fisco se de por enterado.

Aunque el licenciado Rogelio Ruiz Esparza considera que el volumen de los expedientes que se llevan en los juzgados, de los otrora usureros particulares si ha disminuido, es difícil precisar cuántos hay en las colonias, que no necesitan de facilitar grandes sumas sino unos miles de pesos por persona y así obtienen considerable ganancias, amparados en el silencio de los supuestos favorecidos.

DÉJESE ROBAR

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá declarar inconstitucional el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pero en el Municipio de Aguascalientes no están dispuestos a cerrar esta veta, de ahí que ya busca un conducto para seguir succionando la cartera de más de 200 mil ciudadanos.

En lugar de apegarse a lo que dispuso el máximo tribunal del país, el titular de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento, Alfredo Martín Cervantes García, señaló que se revisa el asunto por parte de abogados de Finanzas, de la Secretaría del Ayuntamiento y un grupo de especialistas y del propio Congreso del Estado, “para profundizar en la resolución de la Suprema Corte de Justicia porque no queda totalmente claro para las partes involucradas sobre cómo proceder en el cobro del DAP”.

Al respecto, en su edición del pasado 29 de mayo, El Heraldo informó con amplitud de la declaratoria de invalidez al cobro del DAP y ordena al Congreso local “a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en la Ley de Hacienda o en las Leyes de Ingresos de los municipios” de esta entidad federativa.

La sentencia, publicada el 27 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, se precisa que el cobro es un impuesto y no un derecho, que es inconstitucional, y por consiguiente, no debe establecerse en los ejercicios fiscales de los ayuntamientos subsecuentemente al de 2018. La acción de inconstitucionalidad la promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las leyes de ingresos 2018 de los municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Asientos, Calvillo, El Llano, San Francisco de los Romo, Tepezalá, San José de Gracia y Jesús María. Cosío es el único que no tiene este cobro.

Se esperaba que al conocer el fallo de la SCJN, el Congreso haría las adecuaciones necesarias en el actual ejercicio fiscal de los diez ayuntamientos para que a partir del segundo semestre dejara de aplicarse el DAP, pero el mes de junio está por agotarse y no hay ni siquiera un proyecto, por lo que los habitantes tendrán que seguir aportando lo que es una recaudación ilegal.

Por su parte, en lugar de apegarse al dictado de la Corte, en Finanzas locales no quieren dejar ir a la presa, al pretender que siga la cobranza en los siguientes años, por considerar que “es una obligación de los ciudadanos participar en el gasto público”, lo que indudablemente nadie lo discute, sólo que todo tiene que estar apegado a la ley.

Cada año los aguascalentenses de la capital pagan por este concepto 140 millones de pesos. De ese tamaño es la ilegalidad en que por años han incurrido las sucesivas autoridades municipales, bajo el argumento que el alumbrado público “es un beneficio que tenemos todos como ciudadanos y el Municipio tiene derecho a cobrarlo”, según  la abogada de la Secretaría de Finanzas, Marianely de Fátima Nájera, que de paso dejó la decisión en la cancha del Congreso del Estado, del que esperan recibir línea legal, jurídica y técnica para seguir imponiéndolo.

Desde un principio ha sido combatido el citado cobro y que sólo han ganado las grandes empresas, que año tras año obligan al municipio a devolver lo que les cobraron vía recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que el común de los residentes no tiene otra opción que pagarlo.

Lo único que queda es esperar la decisión de disputados y diputadas y observar si se comportan como defensores del municipio o se acuerdan que son “representantes populares”.

NADA LO ESPANTA

La tan cacareada reforma laboral tiene sin cuidado a varios líderes sindicales, que no sólo se aferran a los cargos sino que continúan empleando fórmulas antidemocráticas para reducir o eliminar la disidencia. El mejor ejemplo se encuentra en el SUTEMA, con un Federico Domínguez Ibarra dispuesto a todo por tal de que no le arrebaten el feudo que ha detentado por tantos años, lo que ha provocado un cisma interno ya que un grupo se apoderó de las instalaciones sindicales y en la última semana surgió un tercero que busca sanear una organización que tiene casi 15 mil afiliados, lo que esto significa en cuotas (que nadie sabe en que se aplican) y los apoyos que recibe del gobierno estatal y de los ayuntamientos.