J. Alejandro Aizpuru Zacarias.

Es imposible negar –lamentablemente– que México es un país caracterizado y señalado a nivel internacional como corrupto. Al hablar de corrupción, lo primero que se viene a la mente, es el término Político y todo lo que se relaciona con el quehacer gubernamental, sin embargo, esto no solo atiende a los funcionarios públicos, la corrupción va más allá y se relaciona íntimamente con los intereses personales de cualquier individuo, sin importar su condición de funcionario.

En primer término, la falta de cultura de la legalidad, atiende al deficiente nivel de nuestro sistema educativo, lo que se relaciona con el nulo fomento a valores cívicos, los cuales, inciden de manera determinante en el actuar de todo individuo, sobre todo, al momento de anteponer los intereses colectivos sobre los personales. Es común ver cómo muchos sectores de la población adquieren en las calles a simple vista de las autoridades y de la sociedad, productos piratas –”justificándose” porque son más baratos–, sabiendo que su comercialización es ilícita, bajo el argumento de “ahorrarse” una buena cantidad de dinero, sin que las autoridades lleven a cabo acciones para evitar esto, violando así, la normatividad.

Este tipo de acciones son una cadena que afecta de manera directa a la población, al final del día los funcionarios públicos son integrantes de la sociedad y al ejercer sus funciones se manejan como la generalidad, los cuales en su gran mayoría anteponen sus intereses por encima de los colectivos.

Los gobernados nos cuestionamos; ¿Por qué los funcionarios actúan de manera contraria al interés de la colectividad y atienden a sus intereses personales? Sin embargo, es un problema tan complejo que no solo involucra a las autoridades, si bien es cierto la falta de ética, el ejercicio deshonesto de los funcionarios y el poco acceso a la información, merman de manera directa la participación ciudadana, la cual, muchas veces se siente desalentada por el actuar de la autoridad, no es un problema que atañe solo a los funcionarios públicos sino también de la sociedad en general. Me pregunto si cuando compramos artículos piratas, violentamos los reglamentos de tránsito y leyes de vialidad, cuando pagamos “mordidas”, estaremos conscientes de lo que estamos fomentando y de lo que estamos siendo parte.

Estoy convencido de que cuando hacemos lo que nos corresponde con un sentido de responsabilidad, y conscientes que como parte de la sociedad debemos ser agentes de cambio –en un sentido positivo– y no solo esperando que las autoridades sean quienes lleven a cabo los cambios y acciones para vivir en un verdadero estado de derecho, los resultados serían muy distintos.

Las personas que se dedican a la política, deben ser conscientes de la importancia de anteponer el interés general a cualquier otro. Sólo desde una perspectiva amplia, abierta y con un profundo sentido de Estado, se puede conectar con la ciudadanía. Sin duda, las autoridades juegan un papel importante, y deben implementar políticas que fomenten la participación ciudadana, pero debemos ser conscientes que solo cuando nos involucremos de manera activa en el diseño, y ejecución de las políticas públicas; cuestionando, evaluando y exigiendo a nuestros gobernantes que cumplan con sus funciones a cabalidad, los cambios y las transformaciones se darán, de lo contrario, a pesar de mil reformas, este país no será capaz de caminar.

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