Una tarea nada sencilla es la que se ha echado a cuestas el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en tener en operación la Plataforma Informática “Abogacía Ética”, con la que pretende dar seguimiento a la conducta profesional de los abogados.

Sobre el particular, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, dijo quienes ejercen esta actividad deben de ser buenos servidores de la sociedad, de la que son parte y por lo mismo tienen que observar una actitud positiva en todos sus actos.

Ella, como miembro de este sector, sabe que la mayoría de juristas observan un comportamiento decoroso, pero como en todo, hay quienes se apartan de la misión que un día juraron respetar y apegarse y por ellos hay quienes miden a todos con el mismo rasero.

Fue muy directa la magistrada al mencionar que “el derecho y la justicia no son compatibles con los abogados corruptos”, por lo tanto, Aguascalientes demanda profesionales de excelencia y esto “solamente se alcanza mediante la honestidad, la honradez, el estudio, la entrega, la calidad en su trabajo y, en consecuencia, en el permanente ejercicio ético de la profesión”.

Subrayó que ser abogado viabiliza acceder a ciertos beneficios, como bienes, dinero, prestigio y poder, no obstante la corrupción se registra cuando sólo se desempeña la gestión para ese fin y no para servir al otro.

Aseveró que la importancia de la ética profesional radica en que en el origen de las profesiones, fue una dimensión que implica proporcionar un bien a la sociedad a través del trabajo, y en el caso de los abogados, a través de la justicia, se constituyó en la voz del otro para defender sus derechos ante un tribunal, lo que significa una enorme responsabilidad.

Espinosa Castorena resaltó que el uso de la herramienta digital en la entidad y luego en todo el país, es una iniciativa importante que surge desde el comité nacional en conjunto con la sociedad y cuya finalidad “es impulsar de manera integral la no corrupción, promoviendo que nos sumemos a este esfuerzo de asumir primero de forma interna y luego externa y pública, un comportamiento ético en el ejercicio de la profesión de la abogacía”.

El propósito que lleva esta acción es que quienes deseen contratar los servicios de un abogado, puedan verificar que haya suscrito electrónicamente el estándar ético, buscando que su actuar corresponda a lo esperado.

Se pretende extender la plataforma informática para que, además de los abogados, también estén médicos, contadores, arquitectos y otras profesiones, con la finalidad de evitar actos deshonestos en el ejercicio de la labor que desempeñan, para bien de la colectividad, que debe tener plena confianza en cada uno de ellos.

A ESPERAR

La semana pasada se mencionó Con Usted que la FSTSE hizo la petición a la Secretaría de Hacienda para que se basifique al personal del Sector Salud que tiene varios años de estar bajo honorarios, para cubrir suplencias y otras modalidades que no le dan seguridad en el empleo, lo que despertó la esperanza de que un futuro cercano se concretara.

Existen bases en la propuesta que presentó el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almedia, principalmente en un comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que recibirán su base los miles de empleados que están en esa situación.

En la visita que llevó a cabo la semana pasada a Durango, el mandatario volvió a aludir al plan de basificar a 80 mil empleados eventuales, pero aclaró que esto se apoyará en tres criterios: Se tomará en cuenta la antigüedad; el buen comportamiento y que haya disponibilidad de recursos.

Lograrlo, afirmó, será “antes de que termine como Presidente, van a quedar basificados todos los trabajadores del Sector Salud en el país”.

En estas condiciones, al no haber una fecha determinada podría ser este año, el próximo o hasta 2024, siempre y cuando para entonces exista “disponibilidad de recursos”, por consiguiente los interesados no deben hacerse muchas ilusiones, teniendo en cuenta que cuando un político no es muy preciso es para tener un margen de maniobra, en que todo o nada puede suceder, al fin que no asumió un compromiso concreto.

La única posibilidad que hay es que la FSTSE y el propio Sindicato de Trabajadores de Salud hagan cuanto esté a su alcance para que en Hacienda destinen los recursos necesarios que permitan dar la planta a ese personal, que en algunos casos tiene 10, 15 y hasta 20 años en esa condición, lo que significa una vida de tensión ya que no saben si al terminar el contrato se les da la gracias y se van sin ninguna indemnización.

Por si fuera poco, en todo este tiempo han estado al margen de los servicios médicos, lo que es un contrasentido, que trabajen para el Sector Salud y no están protegidos y tampoco su familia, no acumulan tiempo de antigüedad, no reciben aguinaldo ni las otras prestaciones que tienen sus demás compañeros.

El gobierno es bueno para apretar a los empresarios, a quienes vigila, persigue, fustiga y exhibe, para obligarlos a que otorguen a sus trabajadores los beneficios laborales y sociales que establece la ley, pero como patrón falla en este sentido, ya que en todas las dependencias federales hay personal eventual que está fuera de todo y que para efectos de jubilación no existen.

Si la actual administración se define como de corte progresista y “no es igual que las anteriores”, debería demostrarlo en los hechos, empezando por algo tan elemental como aceptar en la nómina de base a ese personal.

EL QUE PORFÍA…

Durante medio año la Fundación Mujer Contemporánea luchó contracorriente para mantener abiertas sus puertas ante la falta de apoyo del gobierno federal, lo que llevó a reducir sus servicios y tener que deshacerse de parte de su personal que por varios años fue pieza fundamental en la atención a las personas que acuden a solicitar refugio.

La espera terminó al recibirse 7 millones de pesos, que no obstante que es 30% menos de lo que se solicitó es un respiro, ya que pueden hacer pagos a los proveedores, que tenían tres meses de no recibir un centavo.

Roxana D’Escobar López Arellano dijo que en lo que resta de este semestre tendrán menos aprietos, aunque con la reducción se han visto obligados a restringir los servicios en el Centro de Atención Externa. Es una situación difícil porque siguen llegando mujeres violentadas y hay menos personal para atenderlas, por lo que parte del esfuerzo se orienta a brindar asesoría jurídica y enfocarse a despejar los cerca de 80 casos pendientes.

Lo que se hace ahora, sostuvo, es inscribirlas en una lista de espera y en cuanto vayan desahogándose los casos que hay aplazados se les irá llamando para llevar las gestiones legales con ellas.

El área de psicología también está saturada, pero a diferencia de la parte jurídica, ahí no se genera una lista de espera y les sugieren que mejor busquen otra opción, lo cual se debe a que “tenemos una abogada menos y un psicólogo menos. Sabemos que cuando la gente viene lo necesita en ese momento. No viene cuando no lo necesita, y ahí sí hay que decirles que busquen otra alternativa de momento”.

Los servicios diarios en el Centro de Atención Externa de Mujer Contemporánea oscila entre los 15 y 18 casos de primera vez, ya sea por cuestiones legales, psicológicas o de atención infantil, lo que seguirán de acuerdo a la disponibilidad financiera, que es el motor que mueve este programa, uno de los más importantes en el estado por la suma de asistencias que se conceden.

Ciertamente, fue medio año el que sufrieron en esa institución, pero bien dice la máxima popular: “El que porfía mata venado”.