Salvador Rodríguez López

La empresa CAASA no tiene adeudo con el Ayuntamiento de la capital que le demanda el reembolso de mil millones de pesos, en todo caso a quien le debe es a los usuarios, a los que supuestamente les cobró de manera indebida diversas cantidades a través del recibo mensual.
Lo anterior se desprende de la declaración que hizo el director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), Refugio Muñoz de Luna, al citar que la firma francomexicana agregó el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y aplicó cobros excesivos.
La discordia que mantienen en tribunales la autoridad municipal y la concesionaria, en que la primera pretende la cancelación del permiso y la otra se defiende en aras de llegar hasta el final del término pactado en el título de concesión, permite asomarse a algunos puntos medulares.
La actual administración busca ponerle el cascabel al gato, luego de que las anteriores no lograron doblegarla, sin embargo ya consumió ocho meses y no ha podido mover las fichas como se propuso en enero pasado, lo que augura que será un pleito que pueda agotar el trienio sin que logre lo que se ha propuesto.
Muñoz de Luna afirmó el pasado 17 de agosto que cada cuatro años se debe hacer una auditoría a CAASA y es la que recién concluyó “se hizo un análisis y éste desprende que alrededor de mil millones de pesos se le van a requerir a la empresa por diversos hechos, como indexar arbitrariamente el ISN a la tarifa de agua”.
Sostuvo que “esto es incorrecto”, en función de que CAASA trabaja con una empresa outsourcing, “es decir, no tiene empleados directos, por lo cual la indexación del Impuesto Sobre la Nómina no aplica”.
Sobre el particular, el ISN lo deben absorber las empresas, no imponerlo a los productos y servicios que proporcionan como presuntamente lo hace CAASA – según lo dicho por el titular de CAAPAMA -, por lo que aquí cabría una investigación independiente de la que tiene lugar y determinar si efectivamente se hace, ya que de confirmarse encarece su cometido.
De igual manera se han detectado “cobros excesivos”, de lo cual hay varias denuncias ciudadanas que llegan a lo inverosímil, ya que de cobrarse 200 pesos al mes el siguiente recibo llega por 3 mil o 4 mil pesos y la explicación que reciben de CAASA es que se utilizó en demasía el líquido o que hay una fuga en la tubería, lo que pone en un dilema al perjudicado ya que debe esperar a que concluya el estudio técnico que de no serle favorable tendrá que pagar lo que le exigen.
Si efectivamente el actual gobierno municipal llevó a cabo “una auditoría tan detallada a CAASA”, lo que “ninguna administración capitalina anterior había realizado”, como presume Refugio Muñoz, significa que tiene una información particularizada de lo que le cobró y de ahí el monto de los mil millones que reclama.
De ser válida la acusación, ese dinero se tiene que devolver en efectivo a cada consumidor, como lo realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando hace un manejo excesivo y podría emplearse el mismo mecanismo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde no hace falta que el público presente una reclamación, basta que a nivel interno se detecte el exceso para girar la devolución.
Ahora bien, que lo lleve a cabo CAASA sería después de la sentencia que dicte un juez o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque devolver mil millones de pesos no es “enchílame la otra”, de ahí que será un juicio largo que en derecho debe serle favorable a los usuarios, pero la empresa usará la misma fórmula de otros asuntos, de estirar la liga en la búsqueda de que algo favorable le deje.

TACHADOS POR INSEGUROS
Antes de entrar en materia es importante hacer dos precisiones: 1. Quién faculta a Estados Unidos para decidir qué país es peligroso y qué entidades son más que otras, porque aún cuando lo hace para alertar a sus ciudadanos, el daño que causa es global. 2. Cuál es la razón para que se agravie a un funcionario mexicano porque no sabe el idioma inglés o apenas lo “mastica”, pero nunca se exige lo mismo a sus pares estadounidenses que no conocen la lengua castellana.
Bien, el pasado 23 de agosto se publicó en todos los medios nacionales que EU emitió nueva alerta de viajes, al advertir sobre el aumento de homicidios en México y lo cual se debe al enfrentamiento de grupos criminales.
Dentro de esta actualización se incluyó a Aguascalientes, en donde los funcionarios del vecino país tienen prohibido frecuentar clubes de adultos y establecimientos de juegos y apuestas, lo que también deben evitar en Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima y Nayarit.
Asimismo, el Departamento de Estado señala que “la nueva actualización refleja cambios a las restricciones del gobierno de EU a su personal respecto a viajes y condiciones de seguridad, en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz con base en una evaluación detallada de los cambios en las condiciones de seguridad en la región”.
Las restricción de viajes es también para todos los ciudadanos estadounidenses que laboran en la Embajada y consulados de EU en México, es el caso del personal estadounidense que trabaja en Baja California, que sólo puede viajar por la carretera de cuota La Rumorosa (entre Mexicali y Tijuana) de día, en función “de la mala calidad de la recepción de telefonía móvil y las condiciones de las carreteras”.
De igual manera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el personal de EU tiene prohibido transitar por la noche sobre el Eje Juan Gabriel y el sur del bulevar Zaragoza y el personal diplomático tiene prohibidos viajes personales a cualquier región de Guerrero.
El impedimento que dispuso el Departamento de Estado incluyó destinos turísticos como Los Cabos, La Paz, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Manzanillo, Teotihuacan, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, entre otros. En el caso particular de Quintana Roo sostiene que hay un aumento en homicidios: “Las batallas armadas entre organizaciones criminales y rivales o con las autoridades mexicanas han tenido lugar en las calles y en lugares públicos a plena luz del día”.
Es innegable que México pasa por un período de inestabilidad por la lucha que libra entre sí la delincuencia organizada y la persecución y combate de que es objeto por las autoridades, pero en esta alerta – primera que tiene lugar en el gobierno de Donald Trump – hay una carga de generar temor entre los turistas estadounidenses para que en lugar de visitar localidades mexicanas lo hagan en Estados Unidos, de ahí que casi media República Mexicana sea peligrosa para ellos.

NORA EN LA ALCDMEX
Mientras que la ex candidata a gobernadora, Nora Ruvalcaba Gámez, está dedicada a sus actividades magisteriales, su nombre surgió en la Comisión Especial Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, cuando en un lapsus de su presidente, el diputado Jesús Armando López Velarde Campa (más conocido en Aguascalientes como “Armando López Campa”) cambió el nombre de la legisladora perredista Nora Arias por el de Nora Ruvalcaba, lo que según El Universal “no es la primera ocasión que se confunde”. Esta Comisión Especial está a cargo de definir si procede o no la destitución del delegado morenista de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, acusado de tener nexos con una banda delincuencial.

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