Una rutina muy enraizada en el gobierno federal es enviar los recursos económicos hasta el segundo semestre del año, lo cual no es impedimento para exigir que se utilicen en el periodo fiscal respectivo, condición que mete en un aprieto a las administraciones estatales y municipales.

Eso por una parte, pues por otra, al retrasarse los programas federales, quienes sufren son los empresarios de cuarenta ramas económicas, ya que deben trabajar con lo que hay de los inversionistas privados, debiendo acomodarse con lo que está a modo y que los obliga a restringir la contratación de personal.

Durante su campaña política y ya como titular, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció que en su sexenio se erradicaría la costumbre de diferir las entregas financieras, luego que representantes empresariales de prácticamente todo el país le hicieron saber el problema ancestral que existe en ese sentido.

Fue comprensible que en 2013, al ser el primer año, siguiera ese tipo de situaciones, pero que nuevamente se registre ahora es para preocupar. Se informa que están autorizadas partidas para continuar las obras del nuevo Hospital Miguel Hidalgo y la construcción del tercer hospital del Seguro Social, entre otras, que aun cuando son sumas multimillonarias, resultan insuficientes para concluir las acciones; sin embargo, aunque sea menos, lo importante es tener el dinero aquí para darle el uso inmediato.

Siempre que se utiliza la palabra “subejercicio” se supone que por una mala administración no se aprovecharon los recursos en su totalidad; sin embargo, en ocasiones se debe a que no alcanzó el tiempo, ya que en cuatro o cinco meses se pretende que hagan lo correspondiente a todo el año.

Lo anterior puede ocurrir si a la mayor brevedad no se reciben los fondos para las obras que están previstas y que es, justamente, lo que reclaman los empresarios, pues de nada les sirve saber que para tal o cual programa se encuentran etiquetados millones de pesos, si no disponen de ellos.

Como se ha señalado en este y otros espacios, se necesita que en apoyo al gobierno del estado y los ayuntamientos, los hombres de empresa hagan presión ante las dependencias federales y si es necesario que acudan a cada secretaría de Estado para exigir una pronta respuesta. Aunque las declaraciones son parte de la vida pública, de poco sirven si no van acompañadas de procedimientos enérgicos, por lo tanto, es el momento de demostrar unidad y marchar hacia un mismo objetivo.

TRÁMITE NORMAL

En ocasiones es difícil entender a ciertos políticos, que aprovechan cualquier resquicio para torcer el sentido de las cosas. A raíz de que el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat salió en libertad luego de cubrir la fianza que le fijó la jueza, de inmediato señalaron que era un revés para la Procuraduría General de Justicia, cuando en realidad el exmandatario se acogió a lo que dispone la ley.

Es un proceso que atrajo la atención de los aguascalentenses por el personaje central, que como se ha informado ampliamente, fue aprehendido la noche del viernes 2 de mayo, acusado de respaldar la compra de 30 hectáreas que según la fiscalía fue a sobreprecio, por lo cual se le recluyó en el Centro de Readaptación Social Aguascalientes, de donde salió el jueves 8.

Desde el primer día, las autoridades reconocieron que el delito no es grave, lo que le permitía solicitar la libertad bajo fianza y que demoró en hacerse por estrategia de sus abogados, pero una vez acreditada en bienes los 30 millones que le exigieron y que se hizo a través de una afianzadora, dejó el Cereso.

Lo anterior no significa que el caso pase a segundo término, sino que el ingeniero Reynoso seguirá su juicio en libertad y con la obligación de ir a firmar el libro cada ocho días, en espera de que la enjuiciadora determine si existen elementos para aplicar una pena o lo exonera.

Obtener la libertad con la exhibición de una fianza y presentarse periódicamente en el juzgado es una práctica obligada para todas las personas que están en esa situación, trátese de quien se trate, sólo que en este caso es más notorio por ser un exgobernador, lo que para el nuevo dirigente panista Paulo Martínez, la liberación fue un guantazo para la PGJE, que tal vez en otros asuntos pudo haber sido, no en éste, puesto que se anticipó.

Lo que sigue es que la parte acusadora demuestre documentalmente que se actuó de mala fe y la defensa tendrá que hacer acopio de pruebas que señalen lo contrario, pero esto llevará un tiempo; por consiguiente, es preferible dejar que cada quien haga su trabajo y al final del día se sabrá quién tuvo la razón. Quien adelanta juicios únicamente busca protagonismos, que sólo confunde y tiene fines partidistas, cuando lo único válido y esperado es que prevalezca la verdad jurídica.

LA MISMA HISTORIA

Una de las razones que tenía María Canica para ser diputada, era gozar de las delicias del poder, del urdir mucho, cobrar bien y trabajar poco. Lástima que en su tiempo las mujeres no tenían acceso a ese gran beneficio de la política, por lo que un buen día recogió sus ilusiones y se fue con Caronte.

En cambio, quienes sí han accedido -y acceden- a una posición de esa naturaleza, pueden ufanarse que ser diputada –y diputado– es lo mejor que les pudo haber pasado, porque no sólo sienten que son lo máximo, sino que se consienten, autorizando gastos que les favorecen.

La compra de automóviles para cada uno de los 27 miembros del Parlamento es una muestra de autoridad, de dominio sobre los ciudadanos, a quienes lo único que les queda es refunfuñar por lo que consideran un abuso.

Sobre el particular, es difícil precisar en qué condiciones se hizo la adquisición, porque si algo caracteriza al Congreso es la opacidad en el manejo de su presupuesto, pero esto de los automóviles es algo que se ha hecho desde hace varias legislaturas, e incluso en el Cabildo de Aguascalientes y como no existen datos, no se sabe si hubo licitación de por medio o se hizo mediante compra directa.

Lo que anteriormente se llegó a conocer fue que los vehículos se les vendían a precio de agencia y el pago lo hacían en abonos fáciles, esto es, con descuentos quincenales, por tal motivo, desde un principio disponían de ellos al ser de su propiedad, postura que de ninguna manera es un delito, pero que para los ciudadanos es un exceso al aprovecharse de los recursos públicos para hacerse de bienes con un valor inferior al real.

Lo frondoso de todo esto es que un exdiputado local y exdiputado federal, como José Alfredo González González, hoy se diga sorprendido de lo que hacen los actuales legisladores, cuando ha sido una práctica común, al igual que alguna o alguno aparente salirse del redil, cuando lo único que pretende es vender caro su voto y la mejor vía es atacar a sus colegisladores. Haciéndose notar es como se alcanza el objetivo, y que hoy es el principal propósito.

Mientras que el máximo dirigente de los trabajadores se pregunta cómo pueden llegar a tal temeridad, el presidente del sindicato patronal, Jaime Durán Padilla, acredita la compra porque así podrá exigírseles más productividad. Lo que desconoce el líder de la Coparmex es que la palabra productividad la arrancaron del diccionario el 15 de noviembre de 2013.

Para quienes han sido testigos de los “ingenios” legislativos, no les sorprende lo que ocurre hoy, porque bien decía el de junto: la historia vuelve a repetirse, y sí, ahí están los gastos que se conceden sin necesidad de demostrar a qué lo destinan. Por eso María Canica quería ser diputada.

REFORMA POLÍTICA EL 15

Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional no han podido llegar a los acuerdos necesarios, lo que no obsta para que las cámaras de Diputados y Senadores determinen fecha para aprobar las leyes secundarias en materia político-electoral.

Las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras conciliaron un cronograma, por lo que entre mañana y el martes sesionarán las comisiones del Senado para aprobar el dictamen, y el martes 13, la Comisión Permanente convocará a un periodo de sesiones extraordinarias el 14 y 15 de mayo.

De acuerdo al orden que llevan, la propuesta es aprobar la Ley de Delitos Electorales y el nombramiento del contralor del Instituto Nacional Electoral (INE); además, el mismo miércoles, el Senado avalaría las tres leyes que integran la Reforma Político Electoral, que luego enviaría a los diputados para su análisis, debate y aprobación en su caso.

El atoramiento se encuentra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con marcadas diferencias en temas como candidaturas comunes, modelo del INE y sus alcances para intervenir en las elecciones locales y la fiscalización.

Para el senador Roberto Gil, negociador panista de la Reforma Política, el PRI debe responder si acepta o no las propuestas del PAN y aunque el tiempo apremia, “no estamos todavía en un momento de irreductibles sin solución, estamos tratando de convencer de que puede ser bueno para la democracia”.

La posición del PRI la presentó el coordinador de los diputados, Manlio Fabio Beltrones, al rechazar que se centralice más las decisiones del INE y tampoco están convencidos con el tema de las candidaturas comunes; en todo caso, la discusión está en que “si queremos apostarle cada vez más a una ruta equivocada de una excesiva centralización, o hacer un alto en el camino y ver qué tanto funcionan las acciones centralizadas que le hemos dado al Instituto Nacional Electoral y posteriormente, ver qué más necesita”.

Confían aprobar en este periodo la Ley de Delitos Electorales, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación y el nombramiento del contralor del INE.

DIÁLOGO ABIERTO

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en un país democrático como México no caben las exclusiones, por lo cual su administración atiende a los ciudadanos, a la vez que escucha, reflexiona y suma esfuerzos con los organismos políticos.

Agregó que aquí se respeta la libertad de expresión, la manifestación de las ideas y el derecho de la información, mensaje que para algunos fue en respuesta a quienes a título personal o a nombre de algún grupo, han expresado sus inquietudes en torno a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones

El titular del Poder Ejecutivo aprovechó la conmemoración del 152 aniversario de la Batalla de Puebla para ratificar su convencimiento de que la única vía que consolida la democracia y acelera el progreso del país es escuchar y atender a los habitantes.

“Congruente con ello –dijo-, desde el primer día de esta administración, he venido ejerciendo una presidencia democrática. Somos un gobierno que escucha y considera el sentir de la población, convencido de que las decisiones públicas deben responder a las demandas de la gran mayoría ciudadana. Somos un gobierno comprometido con el diálogo, el entendimiento y el acuerdo, entre los actores y fuerzas políticas, para mover y transformar a México desde sus instituciones democráticas”.

En la ciudad de Puebla tuvo lugar la celebración, de la que dijo el mandatario, reafirma que México es una nación libre, independiente y soberana, y que sólo los mexicanos pueden decidir su futuro sin la intervención de otros países; recordó que el presidente Benito Juárez sentó las bases políticas para la legalidad e institucionalidad, pese a lo tiempos turbulentos que le tocó enfrentar.

Reiteró que en su administración: “Ejercemos un gobierno abierto y cercano a la gente, decidido a aumentar los beneficios del desarrollo, a distribuirlos de manera más equitativa y asegurar que todos los mexicanos gocen de todos sus derechos”, por tal motivo, invitó a que todos sumen esfuerzos y mantengan la unidad en torno al clima de libertades que se vive.

“ESTO NO ES UNA PELÍCULA”

El senador del PRI, David Penchyna, detalló al cineasta Alfonso Cuarón que el debate de la reforma secundaria en materia energética no es una película, sino un proceso legislativo de la vida real.

Así respondió el presidente de la Comisión de Energía al desplegado en el que el director de películas pidió al presidente Enrique Peña Nieto organizar tres debates y transmitirlos por televisión, sobre el contenido de la Reforma Energética.

En la entrevista para el periódico Reforma, el senador Penchyna fue muy claro: “Esto no es una película, es la vida real. La misiva del señor Cuarón es muy respetable, pero no deja de ser un mexicano más. Bienvenido el debate, pero la discusión está en la cancha del Poder Legislativo. Nosotros estamos generando un espacio de trabajo serio y es en la Comisión de Energía, habrá a quien le parezca poco o mucho, pero ése es el espacio”.

Para conocimiento de Cuarón, el legislador mencionó que el debate energético inició desde el año pasado, por ello no cabe la sugerencia de “iniciar” una discusión que lleva varios meses en el Congreso, como tampoco se tiene el presupuesto suficiente para contratar espacios en la televisión, como lo propone, además que todos los trabajos legislativos son públicos y se pueden seguir en el canal del Congreso, por lo que en el caso del tema energético, “si hay alguna cadena que lo quiera transmitir, pues que lo haga”.

El razonamiento sobre los temas que se tratan en el Congreso son del conocimiento público, por lo tanto, “si el Legislativo se respeta a sí mismo, debe debatir en un espacio público, donde están representadas las fuerzas políticas”, apuntó.

Por último, David Penchyna estableció que “alguien le tiene que avisar (a Alfonso Cuarón) que esto ya avanzó y quien lo dude, ahí están 3 mil páginas de todo lo que se dijo en los foros durante varias semanas, donde participaron cámaras, colegios, asociaciones y líderes sociales, como Cuauhtémoc Cárdenas. No es momento de abrir la discusión desde su origen, ya hubo un debate muy intenso. Tal vez sea el tiempo de puntualizar o de hacer precisiones, tal vez”.

La Comisión de Energía del Senado tiene en agenda la ruta para la discusión de la reforma, que incluye seis foros regionales y reuniones de trabajo con los representantes del sector productivo nacional, que al igual que las anteriores reuniones serán del conocimiento público.

“Son reuniones de trabajo con la iniciativa privada para realizar un análisis compartido en el que se expondrá con detalle la reforma. Los senadores escucharemos las dudas, las sugerencias y las opiniones que tengan los representantes del sector productivo”, recalcó Penchyna.

SE EXILIÓ EXALCALDE

El expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, se fue del país luego de acusar una persecución política por parte de Alfredo Castillo, comisionado federal para la seguridad en Michoacán y ante las amenazas de muerte por parte de los hermanos Juan José y Uriel Farías Álvarez, líderes de las autodefensas en Tierra Caliente e interlocutores de Castillo.

Es un asunto que tuvo repercusiones nacionales luego que Valencia fue destituido como alcalde, presuntamente por presiones de Castillo y de los hermanos Farías, a raíz de la serie de denuncias que hizo sobre la situación que prevalece en la mayoría de los municipios por el control territorial de las autodefensas, las fuerzas federales y los grupos del crimen organizado.

Antes de abandonar México, el exedil afirmó: “Me siento perseguido político, eso lo debo dejar bien claro, Castillo en algún momento me amenazó”, que no es la primera ocasión que acusa, pero que ninguna autoridad ha querido investigar.

También refirió que Sergio Rodríguez Mora, que ocupa su lugar en el Ayuntamiento, fue mensajero de los Caballeros Templarios y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pormenorizó que en 2012, los Templarios exigieron la presencia de los alcaldes para explicarles las reglas y la entrega de dinero de partidas federales y les entregaron una lista con nombres de personas que deberían estar en la nómina.

Es tanta la cercanía de Rodríguez que en noviembre de 2012 le dio un recado a Valencia: “Te quieren ver (los Templarios) en El Aguaje (una ranchería del municipio de Aguililla), es una orden”.

Sostuvo que el conducto fue siempre Rodríguez Mora, “era el de los recados, y no solamente me amenazaba a mí, también a la síndico (María Candelaria Sánchez), a los regidores, a funcionarios y a empleados municipales”.

La falta mínima de garantías para desarrollar una vida normal lo orilló a irse al extranjero y buscar rehacer su situación personal y familiar, actitud que hasta la fecha no tiene respuesta de las autoridades estatales y federales, no obstante que existen denuncias y averiguaciones previas.

¡AY, CHAYITO!

Primero fue por las elecciones en Veracruz, en donde se acusó a personal de la Sedesol de hacer campaña a favor de la causa priista, y ahora por la invitación que hizo a mujeres indígenas para que no tengan muchos hijos, bajo la amenaza que si no atienden el llamado, se reducirá el apoyo federal que reciben, pero la cuestión es que Rosario Robles Berlanga sigue en el ojo del huracán.

A la secretaria de Desarrollo Social la traicionó el subconsciente al considerar que “una familia pequeña vive mejor”. En su tiempo como jefa interina de gobierno del Distrito Federal (1999-2000) permitió el aborto, que se conoció como la “Ley Robles”, de ahí que esta vez les dijera a indígenas de Nayarit que el programa de Oportunidades ya no beneficiaría a las mujeres que tuvieran “muchos” hijos, lo cual ha provocado una cascada de denuncias por discriminación.

Para enmendar la plana, la Sedesol estableció que con el fin de evitar “distorsiones” se informa que desde hace tiempo las reglas para la entrega de becas beneficiarán hasta tres hijos por cada familia.

Como los ataques no cedían, Rosario Robles aceptó su error el pasado 7 de mayo: “Públicamente, en diversas entrevistas, he reconocido que me equivoqué en la forma de expresar mi convicción de que la familia pequeña vive mejor, sobre todo si se trata de aquellas que se encuentran en condición de pobreza extrema, así como mi preocupación por el crecimiento de embarazos en adolescentes. El único criterio para acceder al programa es estar por debajo de la línea de bienestar”; comprometiéndose a que no se darán casos de supresión de Oportunidades para ninguna mujer, sin importar el número de hijos que tenga o su condición étnica.