Por algún motivo cada nueva administración pública busca frenar acciones que llevó a cabo su antecesora, sea para investigar las condiciones en que se dio, ante la presunción de que hubo algo indebido, o sólo por el placer de darle un “calambre”.

Se menciona en medios nacionales que esto se ha vuelto recurrente cuando el gobierno entrante es de otro partido, por lo que no tiene empacho en escudriñar el uso y destino de los recursos, siempre con la mira puesta en demostrar que hubo aprovechamiento de los cargos y permitió hacer un capital.

A casi 15 meses de que entró en funciones el sexenio que encabeza Martín Orozco Sandoval, es hora que no faculta la regularización de casi 400 concesiones de taxis que autorizó el anterior, presidido por José Carlos Lozano de la Torre, por lo que los beneficiados trabajan en condiciones frágiles y por lo mismo sin garantía plena de la posesión, al pender la amenaza que en cualquier momento se anule y con ello se vaya a la borda la inversión que han hecho, principalmente la adquisición del vehículo, la pintura y la adaptación correspondiente.

Esta manera de actuar es idéntica a la que aplicó el gobierno de Lozano de la Torre con las concesiones que otorgó su predecesor, Luis Armando Reynoso Femat, al suspender la autorización para que trabajaran, por lo que los nuevos concesionarios tuvieron que esperar varios meses para finalmente obtener el salvoconducto.

Los motivos que se han esgrimido es que en lugar de apoyar a los choferes se favoreció a amigos, conocidos, familiares y recomendados, lo cual es algo incuestionable, sólo que se ha hecho en apego a la normativa y mientras ésta no cambie será un acto legal, que inclusive puede ser combatido en tribunales cuando exista negativa, no obstante, lo racional es beneficiar en primer término a quienes trabajan como operadores y después a los demás.

La única ocasión que se trató de enderezar ese escenario fue cuando el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega fue gobernador (1986-1992), al determinar que las nuevas concesiones fueran sólo para los choferes, pero al no haber una reforma a la ley todo quedó en un buen propósito.

Actualmente, el líder de la agrupación Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes, José del Refugio Eudave Ortiz, pidió al mandatario estatal que autorice la regularización de 400 concesiones que entregó el ingeniero Lozano de la Torre, con lo que se dará legalidad y certeza a los concesionarios y a sus trabajadores.

Consideró que puede autorizarse la entrega de las placas mientras continúan las investigaciones y si en la revisión surge algo que impida que continúen laborando, que se les retire, pero mientras tanto es necesario darle seguridad a la labor que desempeñan. Sostuvo que “es una de las grandes inquietudes de este gremio, porque de una u otra manera lograron la concesión y están dedicados a trabajarlas”.

Eudave Ortiz dijo que es un problema que registran todas las asociaciones de taxistas, por lo que reiteró sobre la necesidad de que se liberen las 400 concesiones, puesto que “en el momento en que se acabe el proceso de plaqueo en el estado, que sucederá en el mes de junio, crecerá la inquietud porque la autoridad competente podrá parar a un vehículo de alquiler que traiga placas vencidas y en consecuencia la misma ciudadanía podría dejar de usar esas unidades al no confiar en ellas por no estar actualizadas”.

Razones tendrá la autoridad para negar o retrasar la aprobación, pero lo imperioso es que a la mayor brevedad se cumpla este trámite y que ojalá, al menos en esta administración, se haga realidad darle preferencia a los choferes de taxi a la hora de entregar concesiones.

CARGA SIN LÍMITE

Anunciar con bombos y platillos sanciones a los que cobran cuotas escolares es parte del “deporte” legislativo y muy bien aprovechado por los partidos políticos para llevar agua a su molino, sin embargo a la hora de la verdad los padres de familia no tienen otra opción que pagar, ya que de no hacerlo sus hijos sufrirán algún tipo de discriminación.

Como dice el clásico, “esa película ya la vi”, por lo que no resulta extraño encontrar en los noticiarios las quejas de los paterfamilias, ya que no sólo hay una cuota de inscripción sino que durante el ciclo escolar les exigen diversas cooperaciones.

La Asociación Estatal de Padres de Familia tiene en curso una investigación sobre las denuncias que hay por el cobro de cuotas para el ciclo 2018-2019 y de la negativa de una parte de sus miembros de regresar los 200 pesos a cada uno de sus agrupados, luego de que el gobierno del estado entregó el subsidio en agosto pasado.

Es un asunto de vieja data, tan es así que el 21 de marzo de 2013 el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, declaró que el gobierno federal prohibirá el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas e impedirá que condicione la inscripción, el servicio educativo, la entrega de documentación o la aplicación de exámenes al pago de dicha aportación. Dijo que la reciente reforma al Artículo Tercer Constitucional y la legislación secundaria en la materia mantendrán intacta la gratuidad de la educación pública.

Remachó su alocución que la prohibición legal no sólo deberá ser obedecida en las escuelas públicas, sino que cualquier desacato “será recurrido ante las autoridades judiciales para que a nadie se le ocurra hacer obligatorias las cuotas”.

Después de cinco años de dicha proclamación todo está igual, aún cuando en este tiempo los congresos federal y estatal han insistido que “no se permitirá” el citado cobro y amenazan con seguirle un juicio a quien condicione la exigencia, pero como siempre sucede los amagos son para salir del paso.

Otro punto que se veía venir en las escuelas de Aguascalientes es la dualidad que existe, desde la ley, entre las sociedades de padres de familia y los consejos de participación social, ya que las funciones se entreveran y esto crea un conflicto a la hora de decidir y cumplir las actividades.

La propia Asociación Estatal reconoce que hay “un enorme antagonismo” entre ambas colectividades, ya que unos y otros “no entienden que se debe trabajar en conjunto con la autoridad educativa, lo que ha generado un conflicto que requiere resolverse mediante la concienciación y el apoyo de cada una de las partes”, que por lo visto no se tiene el menor interés de escuchar.

Resulta fuera de orden que haya escuelas donde la cuota sea hasta el doble de lo que se paga de predial y en algunos casos igual que por las nuevas placas para automóvil, ya que al no haber una “tarifa” cada quien impone lo que cree conveniente, lo que echa por la borda la tan cacareada gratuidad de la educación.

DONACIÓN DE ÓRGANOS

Un tema sumamente sensible y por lo mismo difícil de aceptar es la donación de órganos, que a pesar de las campañas que hacen para convencer a los habitantes en general de lo importante que es ser generoso con una persona que necesita una parte de un cuerpo exánime, son pocos los que aceptan firmar un documento en que manifieste su deseo de ser un donante, o que los familiares del recién fallecido admitan que se le extraiga uno o más órganos. Es fundamental tener presente que los órganos que pueden ser trasplantados son: corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón, asimismo los tejidos son córneas, hueso, pelo, piel, sangre y válvulas cardiacas, y las cédulas incluyen la médula ósea. El organismo que deja de tener vida tiene dos caminos: ser enterrado o ser incinerado, por lo que antes de proceder se puede aprovechar partes del cuerpo para darle vida a otros, lo que ojalá se comprenda en toda su magnitud para que en lugar de que se pierda en su totalidad alguien se beneficie con esa muestra de misericordia.

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