Fernando López Gutiérrez

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Desde el inicio de la actual administración el Gobierno Federal planteó la importancia de reducir la informalidad para lograr mejores condiciones en materia de desarrollo económico y social para México. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 se exponen ampliamente las razones por la cuales resulta inminente una transformación del estatus laboral de millones de mexicanos y se mencionan las consecuencias que este fenómeno tiene en aspectos tan importantes como la productividad de nuestro país, la recaudación fiscal y el acceso de los mexicanos a la seguridad social.

En dicho plan se explica la necesidad de llevar a cabo acciones que generen incentivos para que los trabajadores se integren a la economía formal y se hace referencia a diversos mecanismos que podrían implementarse para lograr este objetivo. Sin embargo, a más de 20 meses de iniciado el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto aún no es posible observar un escenario distinto en torno a los niveles de informalidad que mantiene nuestro país.

Los primeros intentos por parte del gobierno para atender esta situación fueron realizados a través de la reforma fiscal, en vigor desde el presente año. Lamentablemente, los resultados no han sido los esperados ante la respuesta negativa de los trabajadores y empresas informales a transformar su estatus. Resulta claro que los beneficios fiscales y financieros que se plantearon no fueron suficientes y que esto ha derivado en el surgimiento de una nueva propuesta para cumplir con dicho objetivo denominada Crezcamos Juntos.

Crezcamos Juntos es una nueva estrategia del Gobierno Federalque, mediante el uso de los programas de diversas dependencias, busca lograr que las empresas y trabajadores informales transiten a la formalidad. Con el otorgamiento de beneficios en materia de seguridad social, vivienda, financiamiento y crédito se pretende incorporar al régimen formal a quienes hasta hoy prefieren no estar vinculados a éste.

La estrategia demuestra que existe una preocupación latente respecto al tema y que son necesarias acciones adicionales para cumplir un objetivo tan importante del presente gobierno; sin embargo, las medidas adoptadas no van más allá de lo que hasta hoy ha sido implementado. Al observarse el fenómeno de la informalidad desde una perspectiva de incentivos económicos, se olvida que en este contribuyen factores sociales y de idiosincrasia que no pueden ser considerados en la propuesta.

Muchos de los que están en la informalidad prefieren abstenerse de participar en regímenes complejos y en instituciones en las que desconfían para controlar por cuenta propia sus condiciones o las de sus empleados. Es indudable que una propuesta para abatir dicha situación debe comenzar por un acercamiento del gobierno con la ciudadanía y este tendría que fincarse en medidas claras para controlar la corrupción, fomentar la rendición de cuentas y evaluar la eficiencia del gasto público. En el marco de las importantes reformas que se implementan en estos momentos sería fundamental para el actual gobierno reconocer que el fomento a la legalidad en el marco recaudatorio debe comenzar por dar sentido a ese importante principio desde la labor de la administración pública.

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