Sí es posible acabar con la corrupción, aunque no es sencillo cumplir esta promesa de campaña; otros candidatos han ofrecido lo mismo, y no lo han conseguido. El problema es, lamentablemente, bastante institucional y generalizado, pues a todos nos atrae el dinero y no cualquiera vence la tentación de robar lo que no es suyo.

Así lo señaló el vicario general Javier Cruz Muñoz, quien habló del mensaje de reflexión que emitió la CEM, con la interrogante ¿es posible acabar con la corrupción?

Considera que ante todo, hay que analizar el testimonio personal de los candidatos, qué tan honestos son, qué tan transparentes en sus negocios, qué tan buenos administradores de los bienes públicos, y qué tan libres y generosos para poner sus propios bienes al servicio de los demás.

También, dijo, hay que analizar el historial del círculo inmediato de sus colaboradores, porque algunos corruptos se han sumado a determinada opción partidista sólo por la esperanza de ganar un puesto, no por convicciones ideológicas, ni porque sean muy ejemplares en su vida.

“Hay que conocer las medidas legales y morales que ofrecen para cumplir lo que prometen en este punto, pues no es fácil acabar con esta epidemia de la corrupción; incluso, puede haber corruptos entre quienes prometen acabar con la corrupción”.

Recordó que en el documento de Aparecida, los obispos de América Latina reconocieron que “es alarmante el nivel de la corrupción en las economías, que involucra tanto al sector público como al sector privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía”.

Añadió que en muchas ocasiones, la corrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico o del narconegocio y, por otra parte, viene destruyendo el tejido social y económico en regiones enteras.

“Es responsabilidad del Estado combatir, con firmeza y con base legal, la comercialización indiscriminada de la droga y el consumo ilegal de la misma. Lamentablemente, la corrupción también se hace presente en este ámbito, y quienes deberían estar a la defensa de una vida más digna, a veces hacen un uso ilegítimo de sus funciones para beneficiarse económicamente”, finalizó.

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